El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa a El Salvador en el centro de atención al documentar el impacto económico que han dejado las tormentas Amanda y Cristóbal, cuyo saldo en 2020 ascendió a pérdidas equivalentes al 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El análisis, presentado en el marco de la tercera generación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC 3.0) para América Latina y el Caribe, subraya la gravedad de los efectos climáticos extremos en países con alta exposición y vulnerabilidad estructural.

El documento del PNUD precisa que, junto a las tormentas Amanda y Cristóbal, otros eventos recientes como la Depresión Tropical 12E en 2011 y la tormenta Ida en 2009 han provocado daños humanos y económicos significativos en diversos puntos del país.

En el caso de la Depresión Tropical 12E, las pérdidas económicas alcanzaron el 4% del PIB, mientras que el impacto combinado de Amanda y Cristóbal, sumado a la pandemia de COVID-19, situó a El Salvador entre los países más afectados del mundo por desastres de origen climático y sanitario.

El informe atribuye este nivel de afectación a la ubicación geográfica del país, su exposición recurrente a amenazas hidrometeorológicas y las limitaciones estructurales que dificultan una respuesta efectiva ante los desastres. Según el PNUD, “El Salvador es uno de los países de América Latina y el Caribe más vulnerables a los impactos del cambio climático”, una condición que se refleja en la frecuencia de eventos extremos y la magnitud de los daños registrados en las últimas décadas.

La investigación desarrollada por el PNUD y organismos nacionales destaca que El Salvador “desarrolló un estudio pionero de las pérdidas y los daños asociados con el cambio climático, con el objetivo de estimar los impactos económicos y no económicos —tanto los actuales como los futuros— y fortalecer las capacidades institucionales".

Dicho estudio se enfocó en tres sectores prioritarios —agricultura, vivienda y transporte— que concentran cerca del 65 % de las afectaciones históricas por desastres, aplicando una metodología que integra más de 40 años de datos climáticos y modelos de exposición, amenazas y escenarios futuros.

Los resultados evidencian que, sin nuevas políticas y medidas de adaptación, las pérdidas y daños podrían incrementarse hasta un 60% hacia mediados de siglo. El informe destaca que “la implementación de políticas climáticas más ambiciosas, como las NDC 3.0, podría reducir dichos efectos hasta en un 20 %”, lo que subraya el valor estratégico de actuar de manera preventiva y planificada ante los riesgos climáticos.

Un aporte sustancial del estudio es el análisis de probabilidad de excedencia de pérdidas, que permite prever cómo el cambio climático acorta los intervalos entre eventos graves y amplifica la magnitud de las pérdidas económicas y sociales. El documento también aborda la relación entre el aumento de temperatura, la productividad agrícola y la capacidad de respuesta institucional ante fenómenos de evolución lenta y eventos extremos.

El PNUD recomienda fortalecer las capacidades institucionales y la gobernanza climática en El Salvador, así como avanzar en la adopción de metodologías innovadoras para la evaluación de necesidades y la planificación de la inversión pública y privada en adaptación y resiliencia. El estudio vincula las pérdidas y daños con impactos macroeconómicos y sociales, especialmente en el empleo, la pobreza y la capacidad fiscal del Estado. Asimismo, formula recomendaciones concretas en materia de políticas climáticas, infraestructura resiliente, planificación territorial y fortalecimiento de la resiliencia social y productiva.

El documento señala que la experiencia de El Salvador puede servir de referencia para otros países altamente vulnerables, al demostrar la utilidad de sistemas de monitoreo, análisis y cuantificación de pérdidas como base para la toma de decisiones informadas y la gestión integral de los riesgos climáticos. “Este estudio ofrece un ejemplo de cómo los países pueden avanzar hacia un abordaje integral y basado en datos empíricos de las pérdidas y daños en el marco de la agenda climática”, indica el informe del PNUD.

De acuerdo con la investigación, la urgencia de adoptar políticas climáticas robustas y de invertir en adaptación y resiliencia resulta impostergable para El Salvador, donde el costo de la inacción frente al cambio climático ya se mide en puntos enteros del producto interno bruto y en el bienestar de millones de personas. El informe concluye que la planificación basada en evidencia y la cooperación técnica internacional serán determinantes para frenar el avance de las pérdidas y daños y garantizar un desarrollo más seguro para el país.