
Gobernadores de Bolivia acordaron este jueves una agenda común con cinco propuestas que presentarán a la administración del presidente Rodrigo Paz durante una reunión prevista para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, en la que se debatirá una eventual reforma del sistema de distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.
En el encuentro, realizado en la ciudad andina de El Alto, participaron gobernadores de seis de los nueve departamentos, además de una representante de Pando. Solo hubo ausencia de Potosí y Cochabamba.
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El primer punto acordado en la reunión plantea la implementación del denominado modelo “50-50”, que fue una de las promesas electorales centrales del presidente Paz para modificar la distribución de los recursos fiscales entre el Gobierno central y las autonomías. La ausencia de avances en esta planificación y la postergación de los plazos generaron rechazo entre algunos líderes políticos que exigen celeridad en el plan de descentralización.
La propuesta establece que el cambio se implemente de manera gradual a partir del Presupuesto General del Estado de 2027. Como primer paso, los gobernadores proponen que las administraciones departamentales comiencen a participar en la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT).
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El segundo punto exige la derogación de decretos, leyes y otras normas vigentes que, según las gobernaciones, les asignan obligaciones y responsabilidades que no corresponden a sus competencias constitucionales y que, además, carecen del financiamiento necesario para su ejecución.
La tercera propuesta solicita al Gobierno central transferir a las gobernaciones la administración de instituciones públicas que, a criterio de las autoridades departamentales, se pueden gestionar de forma más eficiente desde las regiones, como el Servicio de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y el Servicio Geológico Minero, entre otras.
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En el cuarto punto, los gobernadores acordaron constituir el Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales de Bolivia, una instancia permanente de coordinación, diálogo y elaboración de propuestas conjuntas entre las administraciones regionales. Según el documento, el organismo tendrá carácter político, técnico y propositivo, funcionará con una presidencia rotativa y adoptará sus decisiones por consenso, sin reemplazar las atribuciones del Consejo Nacional de Autonomías ni de las autoridades departamentales.

Finalmente, los gobernadores solicitaron la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno central y las gobernaciones para definir una hoja de ruta sobre los cuatro puntos anteriores y preparar las decisiones que se prevé adoptar durante la reunión nacional de agosto.
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En medio de cuestionamientos sobre la falta de avances en temas fiscales con las regiones, el presidente Rodrigo Paz convocó a una reunión con los gobernadores el 5 de agosto para trabajar sobre la política de redistribución y otros temas de interés común.
“Será una grata oportunidad para poder encarar (esa política) de manera mucho más detallada primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y con las universidades”, informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez. El portavoz justificó las demoras por los conflictos sociales que entre mayo y junio paralizaron el país, pero afirmó que durante ese tiempo el Ejecutivo trabajó en una propuesta integral.
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