
El Salvador se encuentra entre los nueve países de América Latina y el Caribe incluidos en un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que advierte que más del 85% de las solicitudes de patentes en la región provienen del extranjero.
Este dato subraya la marcada dependencia tecnológica y las dificultades para transformar la innovación local en desarrollo económico sostenible.
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El estudio, titulado Aprovechar la propiedad intelectual para el desarrollo: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe, también abarca los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
Según los hallazgos, las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12.4% del empleo formal manufacturero y aportan el 13% del valor agregado en ese sector. Sin embargo, su influencia en el comercio exterior es limitada y la inversión en investigación y desarrollo se concentra en el sector público y el ámbito académico.
De acuerdo con la agencia EFE, estas industrias solo explican el 9% de las exportaciones y el 19% de las importaciones regionales. Por otra parte, quienes trabajan en estos sectores perciben salarios un 32.1% superiores en comparación con otros rubros manufactureros, lo que indica que la innovación puede elevar la calidad de vida laboral, aunque su impacto general todavía es acotado.
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La escasa proporción de solicitudes de patentes presentadas por actores locales evidencia que la mayoría de los beneficios económicos de la innovación se orientan hacia empresas y entidades extranjeras.
El informe identifica la baja inversión en investigación y desarrollo como uno de los factores principales que perpetúan esta situación, y sostiene que esto limita el avance hacia sectores de mayor valor agregado.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, considera necesario replantear el enfoque regional sobre la propiedad intelectual.
A su juicio, América Latina y el Caribe deben integrar la protección intelectual en políticas amplias de desarrollo productivo, orientadas a cerrar brechas tecnológicas y fortalecer capacidades nacionales. Salazar-Xirinachs sostuvo que “la propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo, pero lo hará mejor cuando forme parte de políticas integrales”.
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El presidente de la OEP, Antonio Campinos, subrayó que el verdadero impacto económico de la propiedad industrial depende de un ecosistema de innovación sólido y de marcos regulatorios que lo respalden. Campinos remarcó que, pese al talento y conocimiento científico que existe en la región, resulta esencial fortalecer la comercialización, la transferencia tecnológica y los vínculos entre universidad e industria.
El informe advierte que la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y concentrada en el sector público y académico. La falta de recursos privados y la débil articulación con el sector productivo dificultan que el conocimiento se convierta en productos o servicios con competitividad internacional.
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El documento sostiene que América Latina y el Caribe, incluido El Salvador, todavía no logra aprovechar plenamente su potencial científico y tecnológico debido a debilidades estructurales en su ecosistema de innovación. La mayor parte de las solicitudes de patentes son extranjeras, y el impacto local en la economía permanece restringido.

En la presentación del informe en Santiago de Chile, autoridades, organismos internacionales y representantes de 17 países coincidieron en la urgencia de fortalecer políticas públicas, promover la cooperación y facilitar la transferencia de tecnología.
El texto concluye que solo una estrategia integral, que combine talento, recursos y marcos regulatorios, permitirá revertir la tendencia y convertir la propiedad intelectual en un motor real de desarrollo para la región.
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La conferencia regional de alto nivel sobre innovación y propiedad intelectual, realizada en la sede de la Cepal, sirvió como espacio para debatir acciones concretas que permitan cerrar la brecha tecnológica en América Latina y el Caribe.
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