“Honduras, estamos de frente a quienes nos hacen daño”: Nasry Asfura condena asesinatos de civiles y policías

Una de las jornadas más violentas y sombrías del año ha sacudido las estructuras de seguridad del Estado de Honduras. En menos de 24 horas, dos ataques armados perpetrados por organizaciones criminales de alto impacto dejaron un saldo preliminar de 25 personas fallecidas.

Los sangrientos hechos, ocurridos en el departamento caribeño de Colón y en la zona fronteriza de Corinto, Cortés, forzaron al Gobierno de la República a activar un “Comando de Crisis” y ordenar la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las áreas afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de la República se dirigió a la nación al cierre de la jornada en una cadena nacional. Con un tono solemne y visiblemente consternado, el mandatario comenzó enviando un mensaje directo a los deudos de la primera matanza:

“Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie. Solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”, manifestó con contundencia.

Las alarmas se encendieron en horas de la madrugada del jueves en el Bajo Aguán, específicamente en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

De acuerdo con los últimos informes proporcionados por el Ministerio Público a través de su portavoz, Yuri Mora, un comando de hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes falsos de uso policial irrumpió en una finca de palma africana.

El grupo delictivo emboscó a los trabajadores agrícolas que se disponían a iniciar sus labores cotidianas. Los reportes forenses iniciales confirmaron el levantamiento de 14 cuerpos en el lugar de los hechos, pero la cifra se elevó dramáticamente a 20 víctimas fatales horas más tarde al encontrarse nuevos cadáveres en los alrededores.

El Bajo Aguán ha arrastrado históricamente disputas de tierras y conflictos agrarios, un escenario que en años recientes ha sido aprovechado e infiltrado por redes de narcotráfico y el crimen organizado.

Violento choque contra el narcotráfico en Corinto

Mientras el país asimilaba la matanza en Colón, a más de 150 kilómetros de distancia, la violencia golpeaba directamente a las instituciones de seguridad del Estado. En el sector fronterizo de Corinto, en Omoa, departamento de Cortés, un escuadrón de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevaba a cabo un operativo antidrogas para capturar a un líder del narcotráfico.

Al ingresar a la propiedad, las fuerzas del orden fueron recibidas por un intenso fuego cruzado con armas de grueso calibre. Cinco agentes policiales fueron sometidos, privados de su libertad y posteriormente ejecutados en una zona montañosa, según confirmó la Secretaría de Seguridad.

Tres civiles vinculados a las estructuras delictivas también fallecieron en la refriega, y el jefe de la Policía de Fronteras resultó gravemente herido. Este nivel de violencia extrema obligó a las autoridades coloniales al cierre temporal del paso aduanero entre Honduras y Guatemala.

Respuesta estatal ante la oleada de violencia

El Gobierno hondureño ha reaccionado con un despliegue de más de 700 agentes del orden y miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para saturar el corredor atlántico y las zonas limítrofes. Simultáneamente, el Ejecutivo anunció una sacudida interna al suspender de inmediato a la cúpula de la unidad policial implicada en el operativo de Corinto, con el propósito de investigar supuestas fallas de protocolo o irregularidades en la planificación.

La gravedad de la situación ha resonado a nivel internacional. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras y la Conferencia Episcopal manifestaron su profunda indignación ante un panorama que describen como “un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento de los derechos humanos”.