
El máximo responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, denunció este miércoles que el régimen de Irán ha ejecutado al menos a 21 personas y arrestado a más de 4.000 desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, en lo que describió como una represión brutal que se suma al ya grave impacto humanitario del conflicto.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), nueve de los ejecutados estaban vinculados a las protestas de enero de 2026, diez fueron condenados a muerte por su presunta pertenencia a grupos de oposición, y dos fueron ajusticiados por cargos de espionaje. “Me horroriza que, sumado a los ya graves efectos del conflicto, las autoridades continúen despojando al pueblo iraní de sus derechos de manera brutal”, declaró Türk, según informó la ACNUDH.
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Türk exigió a Teherán una suspensión inmediata de las ejecuciones, el establecimiento de una moratoria sobre la pena capital y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente. El organismo advirtió que muchos arrestados, incluidos menores, permanecen en riesgo de pena de muerte por la amplia interpretación iraní de los delitos de seguridad nacional, con procesos judiciales acelerados y condenas basadas, en al menos nueve casos, en confesiones obtenidas bajo coacción y en algunos casos transmitidas por televisión estatal.

Las condiciones de reclusión son alarmantes. Numerosos detenidos han sido sometidos a desaparición forzada, tortura y trato cruel e inhumano, incluyendo simulacros de ejecución. Las minorías étnicas y religiosas —bahaíes, zoroastrianos, kurdos y baluchíes— corren un riesgo especialmente alto. Decenas de presos han sido trasladados a destinos desconocidos sin que sus familias reciban información sobre su paradero, entre ellos la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, cuya detención fue confirmada por su hija el 2 de abril.
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En la prisión de Chabahar, en el sureste del país, fuerzas de seguridad mataron al menos a cinco personas e hirieron a otras 21 tras reprimir una protesta de internos por la suspensión prolongada de la distribución de alimentos. Dos detenidos adicionales murieron en custodia en otro centro con indicios de haber sido torturados, agregó la ONU.
El organismo también expresó alarma por el deterioro de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, encarcelada en la prisión de Zanjan. Mohammadi sufrió un infarto el 24 de marzo y estuvo inconsciente más de 75 minutos sin recibir atención médica inmediata, según documentó la organización Artículo 14. Su fundación alertó de que su condición es crítica, que ha perdido peso de forma significativa y que existe riesgo de un nuevo episodio cardíaco. Las autoridades se han negado a autorizar su traslado a un hospital en Teherán.
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El informe se inscribe en una escalada represiva sostenida. Las protestas de finales de 2025 alcanzaron su mayor intensidad en enero de 2026, cuando la represión dejó miles de muertos según organizaciones de derechos humanos. Iran Human Rights, con sede en Noruega, documentó que al menos 767 detenciones se produjeron tras el alto el fuego del 8 de abril, cuando la presión militar internacional comenzó a aliviarse. En 2025, Irán ejecutó al menos 1.500 personas —el segundo país ejecutor del mundo tras China, según la ONU—, y Türk había advertido entonces que la pena capital se empleaba como herramienta de intimidación estatal. Con el conflicto en pausa pero la maquinaria represiva intacta, el desafío de la comunidad internacional es actuar sobre un sistema que lleva décadas en funcionamiento.
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