
La agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings confirmó este jueves la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de El Salvador en ‘B-’ con perspectiva estable, una decisión que responde a la reducción de las necesidades de financiamiento del país y a una mayor flexibilidad financiera derivada del programa con el organismo financiero multilateral Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe revisado por Infobae.
La agencia subraya que la estabilidad macroeconómica, sostenida por la dolarización y un producto interno bruto per cápita superior al de países comparables, sigue siendo uno de los principales respaldos para la calificación del país.
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Fitch Ratings indicó que la perspectiva estable asignada refleja la expectativa de que El Salvador mantenga un crecimiento económico robusto y avance en el proceso de consolidación fiscal.
En ese sentido, la agencia proyecta que el crecimiento se modere al 3% en 2026, mientras la inflación aumentaría de un promedio de 0.3% en 2025 a 2.4% en 2026, reflejo del alza en los precios de los combustibles. En tanto, reportó que el crecimiento del producto interno bruto real de El Salvador se aceleró a un 3.9% en 2025, impulsado por la inversión y el consumo privado respaldado por remesas.
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Pero a la vez, la calificadora advirtió que la calificación sigue limitada por una elevada carga de deuda e intereses, una posición externa frágil y la operación de deuda relacionada con pensiones realizada en 2023, considerada por la agencia un canje de deuda en dificultades.
La calificadora prevé que el aumento en los precios internacionales del petróleo podría generar presiones adicionales, así como la incertidumbre sobre el futuro del programa del Fondo Monetario Internacional, que ha experimentado retrasos en su revisión y dudas en torno a los planes del gobierno para reanudar el pago de intereses de la deuda vinculada a pensiones en 2027.
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El informe de Fitch Ratings puntualiza que el desempeño del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 40 meses con el FMI fue sólido en la primera revisión realizada, donde se cumplieron la mayoría de los objetivos cuantitativos establecidos para marzo de 2025. Sin embargo, las revisiones siguientes, previstas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, permanecen en espera de ser completadas.
Según la agencia, el retraso se debe principalmente a la falta de avances en la reforma de pensiones y a cuestiones vinculadas al uso del Bitcoin, más que a un deterioro macroeconómico. Que la revisión se concluya en los próximos meses podría fortalecer la credibilidad de las políticas económicas, incrementar la confianza del mercado y facilitar el acceso a financiamiento multilateral, dice en el informe. En cambio, Fitch Ratings alertó que nuevos retrasos podrían incrementar los diferenciales en los mercados y afectar la flexibilidad financiera del país.
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Desafíos de la reforma de pensiones y la coyuntura electoral
La reforma de pensiones se perfila como el principal desafío político de mediano plazo para El Salvador. El estudio actuarial solicitado por el programa con el Fondo Monetario Internacional se publicó en diciembre de 2025, identificando un déficit actuarial creciente y riesgos de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria para 2029. Hasta febrero de 2026, el gobierno no había presentado una propuesta de reforma.
De acuerdo con Fitch, la proximidad de las elecciones generales de 2027 podría dificultar la adopción de reformas estructurales exigidas por el FMI. Además, se anticipan presiones adicionales sobre el proceso de consolidación fiscal cuando finalice el período de gracia para el pago de intereses de los bonos de pensiones en 2027.
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Respecto al uso del Bitcoin, la agencia internacional de calificación de riesgo destacó que los compromisos asumidos por las autoridades, como la prohibición de pagos de impuestos con esa criptomoneda y la transparencia en las operaciones de monederos públicos, se han cumplido; sin embargo, persisten dudas sobre la acumulación de Bitcoin anunciada por el gobierno. El Fondo Monetario ha solicitado mayor transparencia sobre esas operaciones y, dentro del programa vigente, ha prohibido la acumulación de Bitcoin con fondos públicos.

Consolidación fiscal y situación de deuda
En materia de consolidación fiscal, el sector público no financiero de El Salvador cerró 2025 con un superávit primario de USD 706 millones, equivalente al 1,9% del PIB, y el déficit general se redujo al 2,9% del PIB, una mejora frente al 4,6% registrado en 2024. Fitch Ratings prevé un déficit de alrededor del 2,4% del PIB en 2026, condicionado al crecimiento de los ingresos y el control del gasto.
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Pese a estos avances, el país lidia con una alta carga de deuda pública. La agencia internacional estima que la deuda del sector público no financiero descenderá al 87,4% del PIB en 2026 y al 85,2% en 2027, niveles aún muy por encima de la mediana de los países con calificación similar. Los pagos de intereses absorben el 18,1% de los ingresos, frente a una mediana del 13,7% para la categoría ‘B’, cifra que aumentará al agotarse el período de gracia de los bonos de pensiones.

Panorama externo y reservas internacionales
En el frente externo, el déficit por cuenta corriente se amplió al 3,5% del PIB en 2025 y podría subir al 4,1% en 2026, principalmente por el alza de los precios del petróleo, ya que El Salvador es un importador neto de energía. Las reservas internacionales ascendieron a USD 4.600 millones a fines de 2025, superando el objetivo del Fondo Monetario Internacional, y los bancos mantienen una liquidez adicional de USD 2.700 millones, lo que sostiene la estabilidad macrofinanciera bajo la dolarización.
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Fitch Ratings concluyó que una rebaja de la calificación podría producirse ante tensiones financieras que debiliten la capacidad o voluntad de pago de la deuda pública, o si se deteriora la liquidez externa. Por el contrario, una consolidación fiscal sostenida, mayor acceso a financiamiento multilateral y una mejora en las reservas de divisas podrían motivar una mejor calificación.
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