Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Más de 400 dispositivos de control telemático han sido instalados en Guatemala a hombres y mujeres con medidas sustitutivas, una herramienta que permite monitoreo remoto y georreferenciado fuera de prisión y que, según información de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, busca reducir el hacinamiento penitenciario mientras moderniza la gestión judicial y el seguimiento de los procesos de reinserción social.

El uso del equipo tiene un costo de Q 50,00 diarios o Q 1.500,00 mensuales, una tarifa oficializada por el Acuerdo Gubernativo 89-2023 y administrada por el Ministerio de Gobernación.

Si la persona procesada no puede cubrir ese monto, su defensa puede pedir al juez un estudio socioeconómico a través del Organismo Judicial y, si se determina insolvencia, el Estado asume el costo total del servicio.

La administración y supervisión técnica del sistema está a cargo de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, que opera con protocolos especializados. La decisión sobre qué personas privadas de libertad pueden acceder a esta medida corresponde a los órganos jurisdiccionales.

El sistema consiste en dispositivos electrónicos colocados en el tobillo que emiten una señal al Centro de Control Telemático de la cartera y permiten conocer en tiempo real la ubicación del portador. Según la información publicada en redes sociales de la (UTC), ese monitoreo también activa mecanismos de seguridad para responder de forma inmediata ante emergencias.

El sistema permite cumplir medidas penales fuera de un centro de detención

El control telemático en Guatemala es un sistema de vigilancia electrónica para personas sujetas a proceso penal o beneficiadas con medidas sustitutivas.

Su finalidad es evitar la prisión preventiva y reducir la sobrepoblación en las cárceles al permitir que el procesado o condenado cumpla la medida de coerción o la pena sin estar físicamente en un centro de detención, pero bajo localización permanente o restricción de perímetro por parte del Estado.

Ese esquema está regulado por la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto 49-2016. Pueden optar a él las personas que califiquen para una medida sustitutiva o que tengan sentencia firme, así como los adultos mayores de 65 años, las mujeres en el tercer trimestre de gestación, las personas con enfermedades graves o terminales, las que tienen discapacidad que dificulte el desplazamiento y los adolescentes en conflicto con la ley penal que ya alcanzaron la mayoría de edad.

De acuerdo con la información, la instalación de estos dispositivos ha tenido un efecto favorable en la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Ese resultado forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la gestión penitenciaria, la seguridad ciudadana y la gobernanza.

El incumplimiento puede derivar en prisión, multas y revocación del beneficio

Quien recibe esta medida debe acatar las disposiciones fijadas por las autoridades competentes, incluido el pago mensual cuando así se determine.

El incumplimiento de las órdenes judiciales, según el texto fuente, puede ser sancionado con la revocación de las medidas, el pago de multas, penas de prisión y la pronta aprehensión.

Como parte de la implementación del sistema, se han desarrollado capacitaciones dirigidas a jueces y trabajadores sociales del sistema de justicia sobre el funcionamiento del dispositivo, su aplicación correcta, el marco regulatorio y los avances del proceso.

Ese trabajo interinstitucional, de acuerdo con el texto, acompaña la incorporación de tecnología en la supervisión penal y la ejecución de medidas alternativas a la cárcel.

Intensifican mantenimiento de dispositivos de control telemático

En las últimas semanas, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ha intensificado las revisiones técnicas y el mantenimiento preventivo de los dispositivos de control telemático que permiten la vigilancia electrónica de personas sujetas a procesos judiciales. La constante optimización del sistema busca asegurar la transmisión ininterrumpida de datos en tiempo real y prolongar la vida útil de cada equipo, fundamentos para reducir la sobrepoblación penitenciaria y fortalecer la administración de justicia en el país.

Durante estas jornadas de mantenimiento, según las publicaciones en redes sociales y oficiales de control telemático de Guatemala, se realizaron visitas técnicas a los departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, donde el personal revisó 17 sujetos portadores de dispositivos electrónicos. En operativos anteriores, efectuados en Totonicapán, Chimaltenango y Sacatepéquez, se verificó a aproximadamente 10 portadores. Las intervenciones incluyeron inspecciones detalladas, limpieza de accesorios, verificación de conexiones y pruebas de rendimiento.

La adopción de esta tecnología se fundamenta en la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal (Decreto 49-2016), que habilita el uso de brazaletes o tobilleras electrónicas para monitorear la ubicación de las personas sometidas a ciertas medidas judiciales. Aunque la norma fue promulgada anteriormente, la selección de dispositivos ocurrió en 2022 y su activación en 2023.