El excomisionado salvadoreño y su asistente reciben penas tras comprobarse cohecho en contratos públicos

Un tribunal de El Salvador condenó a Cristian Herson Flores Sandoval, ex comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, y a su asistente José Ángel Quintanilla Rosales por el delito de cohecho impropio, en una causa que revela cómo altos funcionarios solicitaron más de USD 200.000 a empresarios con la promesa de facilitarles contratos públicos y acceso a círculos de decisión.

Ambos quedaron absueltos de responsabilidad civil tras resarcir a las víctimas, pero las sentencias penales marcan un episodio relevante en los esfuerzos oficiales por combatir la corrupción, según informó este miércoles Centros Judiciales El Salvador.

En la audiencia final, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel concluyó que, entre 2021 y 2022, los fondos entregados a Flores Sandoval y Quintanilla Rosales fueron resultado de presiones, engaños y abuso de poder. El ex funcionario recibió cuatro años de prisión y fue inhabilitado de manera accesoria para ejercer cargos públicos. Para Quintanilla Rosales, la condena fue de dos años, con la sustitución del encierro por trabajo de utilidad pública.

El proceso penal se apoyó en testimonios y evidencias que detallan el modus operandi de los ahora condenados, detalla el anuncio judicial. Según el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), a finales de diciembre de 2021, una de las víctimas—protegida bajo régimen especial—entregó USD 50.000 en efectivo a Quintanilla Rosales. La suma fue solicitada por Flores Sandoval con el argumento de garantizar la participación del empresario en futuros proyectos de infraestructura, entre ellos obras en escuelas, el aeropuerto de La Unión y desarrollos en Acajutla. En ningún momento se especificó un proyecto concreto.

Otro testigo relató bajo juramento que entregó en diversas ocasiones USD 123.170, USD 25.000 y USD 29.567,58 entre agosto y noviembre de 2021. De acuerdo con su testimonio, los pagos eran solicitados bajo la fachada de consultorías, pero en realidad constituían dádivas a cambio de acceso e influencia en licitaciones públicas.

El inicio de una investigación más amplia sobre corrupción en la administración pública

La investigación inició tras la captura de Flores Sandoval el 25 de abril del 2024. En ese momento, la Fiscalía General de la República subrayó que la detención abría la puerta a una investigación más extensa por delitos de corrupción vinculados a la gestión de proyectos públicos. Su asistente fue arrestado un día después.

El impacto institucional del caso quedó reflejado en la reacción del presidente en licencia y reelecto, Nayib Bukele, quien empleó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para afirmar: “No es el primero, y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas”.

Esta sentencia representa una acción relevante dentro de los procesos judiciales contra funcionarios de alto nivel en El Salvador. Los jueces determinaron la exención de responsabilidad civil para ambos exfuncionarios después de que el dinero recibido fuera devuelto a las víctimas, pero la condena penal y la inhabilitación reflejan las consecuencias legales inmediatas por la comisión de cohecho impropio en el marco de las políticas de transparencia y combate a la corrupción que impulsa la actual administración.

Antes de asumir el cargo de comisionado presidencial en 2020, Flores renunció a su postulación para la alcaldía de San Miguel por el partido Nuevas Ideas. La decisión se produjo tras una reunión en la que acordó respaldar a Wilfredo Salgado, candidato de Gana, como representante de una coalición entre ambas agrupaciones.

El hecho marcó el inicio de la trayectoria de Flores en el Ejecutivo, primero como subcomisionado y luego como titular del cargo. En el siguiente ciclo electoral, intentó obtener la candidatura para alcalde de San Miguel para el periodo 2021-2024, aunque no resultó electo en las internas de Nuevas Ideas.

En agosto de 2025 en el país entró en vigencia la Ley Anticorrupción.