La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla declaró la existencia de enriquecimiento ilícito contra Roberto d’Aubuisson, su cónyuge Jackeline Janet López de d’Aubuisson y sus dos hijos, y ordenó la restitución de USD 990.396,99 al Estado salvadoreño, así como la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante diez años, luego de que no se justificara el origen legal de bienes acumulados mientras fue diputado y, posteriormente, alcalde de Santa Tecla bajo la bandera de ARENA, según informó este lunes Centros Judiciales de El Salvador.
El fallo, emitido tras un extenso proceso en que se admitieron 61 medios y puntos de pericia, detalló que d’Aubuisson deberá reintegrar USD 450.729,39, su esposa USD 511.247,73, y sus hijos Johanna d’Aubuisson López y José Roberto d’Aubuisson López USD 12.939,87 y USD 15.480, respectivamente. Esta cantidad proviene de irregularidades detectadas en depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito que, de acuerdo con la Cámara Ambiental, no cuentan con justificación documental ni respaldo legal proveniente de sus ingresos conocidos, informó el Centros Judiciales.
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El proceso contra d’Aubuisson inició tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2023. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación reveló 26 irregularidades en las cuentas del exalcalde, así como 24 irregularidades atribuidas a su esposa y un conjunto de anomalías en los movimientos financieros de sus hijos. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que d’Aubuisson no presentó pruebas convincentes sobre el origen de los fondos durante su gestión legislativa (2012–2015) ni en sus dos períodos como alcalde (2015–2021). El medio original enfatizó que la suma inicial demandada por la Fiscalía ascendía a USD 992.699,52, aunque el monto definitivo a reintegrar se estableció en USD 990.396,99.
Roberto d’Aubuisson Munguía fue diputado propietario por La Libertad entre 2012 y 2015 antes de asumir la alcaldía de Santa Tecla (antes municipio, hoy distrito), que ejerció durante dos períodos consecutivos bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). En respuesta al inicio del proceso judicial y tras la admisión de pruebas en noviembre de 2024, el partido ARENA suspendió temporalmente a d’Aubuisson de sus cargos partidarios y de su derecho a optar a cargos de elección popular.
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De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el partido para entonces, esta suspensión permanecería vigente hasta que el proceso legal concluya. ARENA también anunció que, de confirmarse una condena, la expulsión del político sería inmediata. Al cierre de la nota la institución política no había emitido ningún pronunciamiento.
La sentencia de la Cámara Ambiental fue el resultado de la evaluación detallada de pruebas documentales y pericias financieras, solicitadas por la Fiscalía y admitidas en su totalidad, con el objetivo de determinar el aumento injustificado del patrimonio familiar de d’Aubuisson y sus allegados.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República resaltó la validez de todas las pruebas presentadas: “Hemos escuchado que se han admitido todos los medios de prueba, tanto documental como pericial, se han admitido los 61 puntos de pericia que esta representación fiscal solicitó a efecto de determinar a cuánto ascienden el crecimiento patrimonial del exfuncionario público; su cónyuge, Jackeline de d’Aubuisson; su hija, Johanna d’Aubuisson y su hijo Roberto d’Aubuisson”.
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El fallo no solo implica el reintegro de los fondos detectados como injustificados, sino que establece la inhabilitación de Roberto d’Aubuisson Munguía para el ejercicio de cargos públicos durante la próxima década, en cumplimiento de la responsabilidad civil declarada por la instancia judicial.
El tribunal enumeró un total de USD 450.729,39 atribuibles directamente al exalcalde, mientras que su esposa, Jackeline López, sumó irregularidades por USD 511.247,73. Las sumas asociadas a sus hijos, aunque menores en comparación, también fueron documentadas como recursos cuya procedencia no pudo ser explicada: USD 12.939,87 a nombre de Johanna d’Aubuisson y USD 15.480 correspondientes a José Roberto d’Aubuisson López, tal como profundiza el portal de la FGR.
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