Estado salvadoreño recupera bienes millonarios de la red de corrupción del expresidente Antonio Saca

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) logró recientemente que 25 inmuebles y 8 productos financieros vinculados a la red de corrupción de Elías Antonio Saca pasaran a manos del Estado, según reportó la Fiscalía General de la República El Salvador y otros medios internacionales. Los bienes decomisados están valorados en 9,6 millones de dólares y forman parte del proceso judicial contra el exmandatario, quien gobernó el país entre 2004 y 2009.

De acuerdo con información de la FGR identificó que Saca se valió de siete sociedades fachada para desviar fondos públicos con los que adquirió una serie de propiedades en zonas de alto valor en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó la disolución de estas sociedades por su utilización en operaciones de lavado de dinero.

A lo largo de los procesos judiciales, las autoridades han confiscado y extinguido el dominio de numerosos inmuebles y activos, cuya gestión está a cargo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Entre las propiedades más emblemáticas se encuentra una mansión en el Cantón El Carmen, con un valor aproximado de 8 millones de dólares. Esta residencia cuenta con piscina, sauna, capilla, sala de videojuegos y canchas de fútbol. Además, la FGR ha intervenido entre 35 y 40 inmuebles ubicados en diversos departamentos del país, ranchos de playa, terrenos de alta plusvalía y al menos 11 locales comerciales.

El proceso de recuperación incluyó la incautación de 86 frecuencias radiales, licencias y permisos de estaciones de radio vinculadas al grupo empresarial del exmandatario, así como 46 vehículos, entre ellos automóviles de lujo y blindados. Hay sociedades empresariales que continúan bajo intervención estatal.

En febrero de 2024, la FGR presentó una solicitud para que Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, reintegren 4,4 millones de dólares adicionales al Estado tras auditorías de probidad que detectaron enriquecimiento ilícito. Este caso representa el primer antecedente de condena para un expresidente salvadoreño por corrupción, luego de que Saca admitiera el desvío de fondos públicos.

En septiembre de 2018, el exmandatario fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. Durante el juicio, reconoció el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos estatales hacia cuentas personales y empresas de su propiedad. En 2019, recibió una sentencia adicional de dos años por cohecho tras confesar que ofreció 10,000 dólares a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso en su contra. En 2021, la justicia unificó las penas, estableciendo que debía cumplir 10 años de cárcel.

El tribunal también ordenó la devolución de 260,7 millones de dólares al Estado. Además de los inmuebles y vehículos, la extinción de dominio incluyó cuentas bancarias y activos con un valor estimado total de 40 millones de dólares.

El modus operandi de la red de corrupción incluyó la creación de un reglamento que permitía transferencias desde la “Partida Secreta” de Casa Presidencial a cuentas de empleados y empresas de comunicación afines al exmandatario. Junto a Saca, fueron condenados seis exfuncionarios de confianza, entre ellos su exsecretario privado, Elmer Charlaix, además de exsecretarios de comunicaciones y juventud.

Actualmente, Antonio Saca cumple su condena en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Las recientes acciones de la FGR buscan garantizar que los fondos malversados y los bienes adquiridos ilícitamente no regresen a manos de los implicados y sean reintegrados al patrimonio estatal.