La crisis de incendios en El Salvador alcanzó el 98% de incremento en 2026 respecto al año anterior

El fuerte aumento de incendios en El Salvador durante los primeros meses de 2026, que ha llevado a las autoridades a una intensa movilización y mantiene la alerta amarilla en todo el país, esta situación representa una crisis ambiental así como social sin precedentes, con impactos directos en vidas humanas, bienes y recursos naturales, de acuerdo a los últimos datos del Cuerpo de Bomberos. En este periodo, el número total de emergencias vinculadas a incendios superó las 2.234, lo que implica un crecimiento del 90% en relación con el año anterior, según informes oficiales.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez, precisó en entrevista radial que “en incendios en maleza seca, en 2025, se atendieron 814 emergencias; en 2026, a la fecha, se alcanzan 1,611 un incremento del 98%”. En cuanto a incendios forestales, se evidenció una subida de 18 a 113 casos en el mismo periodo, multiplicando por seis la incidencia de estos siniestros. Vásquez subrayó que el fenómeno no se limita a un solo tipo de incendio: “De enero a marzo, los incendios estructurales pasaron de 156 en 2025 a 254 en 2026, mientras que los incendios en basureros pasaron de 98 a 152 y los de vehículos de 82 a 104, respectivamente”.

Los factores detrás del incremento y las zonas más afectadas

De acuerdo con Vásquez, el país enfrenta una “situación complicada” marcada por la abundancia de maleza seca y las altas temperaturas, lo que, combinado con la acción humana, crea un escenario especialmente riesgoso: “Nuestro personal está concentrado atendiendo diferentes alertas y cada vez que ocurre un incendio se generan daños al medio ambiente, a los habitantes y a los bienes”.

Uno de los casos emblemáticos ocurrió en el volcán Chaparrastique, en el cantón Piedra Azul, municipio de San Rafael Oriente, San Miguel, donde un incendio que ya había sido controlado “se reavivó por acción humana días después”, enfatizó el subdirector. La recurrencia de incidentes en esta zona ilustra cómo la responsabilidad individual y colectiva es clave para prevenir futuras tragedias.

Según los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, el número de emergencias totales por incendios pasó de 1,168 en 2025 a 2,234 durante el presente año. Vásquez remarcó: “Estamos hablando de un incremento superior al 90%”, una cifra que dimensiona la magnitud del desafío.

Causas y recomendaciones para la prevención de incendios

El análisis realizado por Erick Vásquez identifica dos tipos principales de origen en los incendios: causas naturales y humanas, aunque la intervención de las personas aparece como el factor predominante. Entre los elementos de riesgo natural, menciona la fricción de ramas y la sequedad, aunque muchas veces está mediada por el descuido humano, como el abandono de vidrios en zonas boscosas que, por efecto lupa, pueden iniciar el fuego.

El subdirector detalla acciones cotidianas que se convierten en riesgos: “He visto personas que van manejando, fumando, y tiran la colilla encendida”, relató. Además, advierte sobre el peligro de las llamadas “quemas controladas” en áreas agrícolas: “Muchos hacen una quema, la apagan superficialmente luego se retiran, sin asegurarse de que esté extinguida por completo, lo que desencadena incendios incontrolables”.

En los incendios estructurales, Vásquez identifica dos causas predominantes: escapes de gas propano y fallas en instalaciones eléctricas. Explica que “una mala manipulación, especialmente por niños o personas mayores, puede generar fugas de gas, difíciles de detectar y potencialmente letales si hay una fuente de ignición”. En cuanto al sistema eléctrico, señala la sobrecarga en conexiones y el uso de equipos no certificados: “Las famosas regletas sobrecargadas pueden originar cortocircuitos y provocar un incendio”.

La recomendación del Cuerpo de Bomberos para los dueños de viviendas es revisar periódicamente los sistemas eléctricos y de gas, cambiar mangueras, reguladores al menos una vez al año y asegurarse de cerrar la válvula de gas después de cocinar. El subdirector insiste: “La mejor manera de apagar un incendio es evitar que ocurra”.

Coordinación, fiscalización y marco legal

El Cuerpo de Bomberos trabaja en coordinación con el sistema nacional de Protección Civil, integrando a diversas instituciones estatales, bajo la instrucción del presidente para asegurar una respuesta articulada. Vásquez informó que cuando determinan que un incendio fue provocado, remiten el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil para que se investigue la responsabilidad penal.

La legislación salvadoreña contempla penas de prisión de tres a cinco años para quienes resulten responsables de provocar incendios, especialmente si hay víctimas o daños graves. No obstante, Vásquez recalca que, si bien las sanciones son necesarias, la clave está en “cambiar la mentalidad y aumentar la responsabilidad de la población”: “Las leyes pueden endurercerse, pero si no hay conciencia, los incendios seguirán ocurriendo”.

Inversiones en equipamiento y mejora institucional

De acuerdo a Vásquez, el Cuerpo de Bomberos ha transformado sus capacidades desde 2019, gracias a una modernización de recursos y formación. “Antes no teníamos equipo de protección personal; hoy todos los bomberos cuentan con él, cada uno ronda los $20,000”, aseguró. Han adquirido equipamiento específico para incendios forestales, unidades de rescate avanzadas y camiones todo terreno.

El uso de nuevas tecnologías también ha sido clave: desde hace dos años emplean el agente F500, un encapsulador que reduce en un 30 a 40% el consumo de agua por incendio y previene la reactivación del fuego. Según Vásquez, este nivel de equipamiento solo se observa en países desarrollados y permite intervenir con mayor eficacia frente a emergencias.

El número de inspectores de prevención de incendios incrementó de siete a más de 120, permitiendo un trabajo sistemático tanto con empresas como con instituciones públicas. Estas mejoras permitieron a la institución recibir la certificación en gestión antisoborno ISO 37001 y en regulaciones de calidad administrativa.