El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados

El Salvador ha consolidado su compromiso con la reintegración de las personas retornadas a través de la puesta en marcha y monitoreo del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025-2029, sobre el cual se conversó en la reciente Mesa de Reintegración del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana.

Este instrumento, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca garantizar el bienestar y la inclusión socioeconómica de quienes regresan al país, en un contexto global donde la migración y el retorno constituyen desafíos sociales y económicos de gran relevancia para la región centroamericana.

Patricia Godinez, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, informó en sus redes sociales que “El Salvador reafirma su compromiso con el bienestar de la población retornada en la Mesa de Reintegración del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, mediante el monitoreo del cumplimiento del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029″.

En la publicación, realizada a través de la red social de X, Godinez aseguró que el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas fue “construido con la participación de más de 50 actores y 52 indicadores estratégicos que fortalecen la reintegración y la inclusión socioproductiva, gracias al liderazgo de Cancillería (salvadoreña) y el trabajo coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) y todas las instituciones”.

Según el Observatorio Consular y Migratorio de El Salvador (CONMIGRANTES), solo en el año 2023 se registró el retorno de más de 40,000 salvadoreños, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno migratorio y los retos asociados a la reintegración social, familiar y productiva de esta población.

El Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025-2029 surge como resultado de un proceso participativo que involucró a más de 50 actores de distintos sectores, incluyendo organismos internacionales, instituciones públicas, sociedad civil y representantes de la comunidad migrante. La construcción de este plan incorporó indicadores estratégicos orientados a fortalecer el acceso a servicios básicos, la protección de derechos, la formación laboral y la generación de oportunidades económicas para las personas retornadas. El liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido fundamental en la articulación de esfuerzos y en la promoción de espacios de diálogo y concertación con actores clave, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y diversas agencias de cooperación.

Entre las principales acciones impulsadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca el monitoreo permanente de los compromisos asumidos en la Mesa de Reintegración, espacio donde se evalúa el avance de metas y se identifican desafíos emergentes. Este mecanismo permite un seguimiento detallado de las políticas públicas y asegura la transparencia en la implementación de programas destinados a la población retornada. Además, el Ministerio coordina la atención en los Centros de Atención Integral para Personas Migrantes Retornadas (CAIMR), ubicados estratégicamente en el país, donde se brinda orientación legal, apoyo psicológico y vinculación con servicios de salud, educación y empleo.

A través de alianzas con el sector privado y proyectos de emprendimiento, se promueve la capacitación técnica y la inserción laboral de los retornados, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y fomentar la autonomía económica.

El trabajo interinstitucional y la cooperación internacional han sido determinantes para la consolidación de una política integral de reintegración. La colaboración con organismos multilaterales y socios estratégicos ha permitido el desarrollo de buenas prácticas, la movilización de recursos y la transferencia de conocimientos, factores que contribuyen a la sostenibilidad de las acciones en beneficio de la población retornada.