Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentaron este miércoles en la Asamblea Legislativa de El Salvador una iniciativa de Ley para otorgar un marco legal al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ).
El SNFJ, que funciona desde 2013, cuenta con el respaldo de más de 700 facilitadores judiciales voluntarios y opera en más de 91 Juzgados de Paz en todo el país, exactamente, operan 723 en El Salvador. Su misión es fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la convivencia pacífica mediante la resolución alterna de conflictos y el acompañamiento a la comunidad, acorde a lo expuesto por los magistrados.
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La propuesta legislativa busca consolidar al SNFJ como un mecanismo estable de acceso a la justicia, definiendo las funciones y límites de los facilitadores judiciales, así como su estructura organizativa y derechos. El objetivo es “garantizar un acceso a la justicia más humano y cercano a la población”.
El anteproyecto fue elaborado con el apoyo técnico de la Misión Internacional de Justicia (IJM) y la participación de funcionarios, actores locales y líderes comunales. En el proceso se realizaron reuniones técnicas y jornadas de validación para incorporar aportes estratégicos que respalden el reconocimiento legal del servicio. La medida no ha sido admitida aún en el pleno, pero se espera que se haga en la sesión plenaria de la próxima semana.
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Sobre el programa
El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha consolidado como un modelo regional de acceso a la justicia, con presencia en nueve servicios y dos programas institucionales dentro de los poderes judiciales de once países, y ha pasado de una propuesta patrocinada por la OEA a una herramienta adoptada y fortalecida por las propias estructuras estatales. Con más de veinte años de funcionamiento, la iniciativa se erige como un referente para la resolución de conflictos comunitarios y la inclusión de grupos vulnerables en América Latina y el Caribe.
El programa también respalda el fortalecimiento de acciones como el Programa Nacional de Justicia en Equidad de Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú, ampliando así su impacto y su alcance, al integrar servicios que, aunque varían en nombre, comparten objetivos y metodologías equiparables a los Servicios de Facilitadores Judiciales.
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El PIFJ/OEA, según detalla el portal de Facilitadores Judiciales de la OEA, coordina la asistencia técnica necesaria para la creación y consolidación de los Servicios de Facilitadores Judiciales (SFJ) o programas análogos en distintos niveles territoriales: nacional, provincial, municipal o comunal.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales consiste en una red de personas acreditadas que colaboran con la administración de justicia, brindando apoyo en la difusión jurídica y la prevención de conflictos dentro de comunidades específicas. Estos facilitadores son seleccionados por sus comunidades y actúan como enlace directo con el poder judicial, garantizando el derecho de acceso a la justicia y promoviendo la resolución de disputas mediante métodos pacíficos.
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Los facilitadores lideran iniciativas para propiciar ambientes de paz, cohesión social y respeto a los derechos fundamentales, y su trabajo fortalece la unidad social, cultural, económica y familiar de las comunidades a las que sirven.
Además del SFJ, el PIFJ reconoce y apoya iniciativas equiparables a su estructura, como el Programa Nacional de Justicia en Equidad en Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú.
El papel del Conciliador en Equidad en Colombia corresponde a una persona postulada por organizaciones civiles o comunitarias, quien tras cumplir los requisitos legales es validada por el Ministerio de Justicia y designada por las autoridades judiciales locales. Su función es motivar a las partes a que, de manera autónoma y basada en principios de igualdad y justicia natural, encuentren soluciones comunes a sus conflictos, manteniendo una postura imparcial y ajena a la decisión final.
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Por su parte, la Orientadora Judicial en Perú tiene el rol de actuar como agente comunitario para superar las barreras de acceso a la justicia de personas vulnerables, colaborando en la protección y ejercicio efectivo de sus derechos ante el sistema judicial.
Ejes de acción y estructura institucional
La labor del PIFJ/OEA se organiza en torno a cuatro grandes ejes: la implementación e institucionalización de servicios de facilitadores y proyectos análogos; el fortalecimiento de las capacidades de facilitadores, conciliadores y orientadoras; la optimización de su funcionamiento; y la difusión de contenidos y actividades vinculadas a la resolución alternativa de conflictos judiciales.
El programa opera bajo la Secretaría General de la OEA, específicamente en la órbita de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales.
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