Guatemala: Semilla partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, se divide en dos y sus diputados llegan al año electoral con proyectos distintos

Los 23 diputados que el Movimiento Semilla llevó al Congreso de la República de Guatemala operan hoy en dos bloques con estrategias distintas tras la cancelación definitiva del partido, publicada en el Diario Oficial el 27 de marzo de 2026 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Unos apuestan por un nuevo partido llamado Raíces; otros insisten en recuperar el registro electoral por la vía constitucional. La división, que lleva más de un año gestándose en los pasillos del Legislativo, se hace visible en las votaciones del pleno y en la relación con el Ejecutivo.

La cancelación fue el desenlace de un proceso iniciado en julio de 2023, cuando el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, ordenó la suspensión provisional del partido por supuestas irregularidades en su constitución. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), impulsó el caso hasta lograr la cancelación el 28 de noviembre de 2024. La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de forma unánime, el 26 de marzo de 2026, los recursos que buscaban revertir esa decisión. El edicto publicado al día siguiente por el Registro de Ciudadanos del TSE estableció que el nombre, símbolo y emblema de Semilla no podrán ser utilizados por ninguna organización política durante los próximos diez años.

Raíces: la apuesta por un proyecto nuevo

Catorce de los 23 diputados electos por Semilla optaron por fundar un nuevo partido. El comité proformación Raíces celebró su primera asamblea en mayo de 2025 y, al momento de estas entrevistas, reportaba más de 20.700 firmas de adhesión ante el TSE, cifra que supera el umbral legal requerido para avanzar en el proceso de constitución formal. La diputada Elena Sofía Mota Coloma describió la cancelación como “brutal e ilegal” y explicó que el grupo llegó a la conclusión de que el litigio no resolvería el problema de fondo. “Nosotras entendimos que por la vía legal no se iba a resolver, porque en realidad es una persecución política, no legal”, dijo Mota en entrevista con Infobae Centroamérica.

La legisladora, en su primera legislatura, subrayó que la cancelación del partido no extinguió el proyecto político. “Al cancelarnos el partido no cancelaron el proyecto, porque el proyecto político sigue, está vivo y está en cada una de las personas que estamos construyendo ahora Raíces”, afirmó. La diputada Andrea Reyes, también integrante del comité proformación, confirmó que las firmas ya están en el TSE a la espera del proceso de depuración, y que varios equipos departamentales se preparan para iniciar las asambleas territoriales. “Es cuestión de días para poder empezar a buscar las asambleas a nivel territorial”, señaló Reyes.

Desde el punto de vista ideológico, Mota precisó que Raíces se define como un partido socialdemócrata, en continuidad directa con el ideario original de Semilla. La invitación a incorporarse está abierta tanto a los afiliados del partido cancelado como a nuevos ciudadanos. La diputada Reyes, por su parte, indicó que “casi todos” los militantes de base de Semilla migraron al nuevo proyecto, aunque reconoció que algunos permanecieron fuera por razones personales o por su vinculación con el gobierno.

El bloque que no renuncia a Semilla

El otro grupo, integrado por ocho diputados —entre ellos Raúl Barrera, Victoria Godoy Palala, Duvalier Castañón, Brenda Mejía, Alma Luz Guerrero, Luis Ventura y José Carlos Sanabria— mantiene activa la organización original y promueve una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la cancelación.

El diputado Barrera explicó los argumentos de la acción legal en entrevista con Infobae Centroamérica: el Movimiento Semilla no incurrió en ninguna de las causales de suspensión o cancelación previstas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que la orden del juez Orellana es, a su juicio, inconstitucional y arbitraria. “El Tribunal Supremo Electoral no debió acogerla, no debió refrendarla. Entendemos que los magistrados salientes lo hicieron por temor a ser perseguidos”, sostuvo el legislador. La CC rechazó otorgar amparo provisional y remitió el expediente a la CSJ, que es el órgano competente para resolver el fondo del asunto.

Barrera reconoció que los tiempos son ajustados: las elecciones generales de 2027 están a poco más de un año, y el partido necesitaría actualizar su dirigencia y convocar asambleas si recupera el registro. “Si no nos devuelven el registro electoral, lo que debemos hacer es acercarnos a otras opciones políticas como alternativa para la continuidad del proyecto”, admitió, aunque aclaró que cualquier decisión de ese tipo debe ser asamblearia, no unilateral. El diputado Ventura, otro integrante del bloque, sostuvo que los votos del grupo en el Congreso han sido “consistentes” con la línea del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pese a la fragmentación interna.

La fractura visible en el pleno

La división entre los dos bloques no se limita al ámbito organizativo. En el Congreso, las diferencias de criterio han aflorado en temas concretos. La diputada Reyes, al ser consultada sobre el ambiente entre los dos grupos, fue directa: “Sí es evidente, pero de nuestra parte nunca ha habido una palabra de ofensa en contra de ellos”. Atribuyó la tensión pública a declaraciones del bloque de Semilla en redes sociales y aseguró que las puertas de Raíces siguen abiertas para los ocho legisladores que no se sumaron al nuevo proyecto.

La relación con el Ejecutivo también refleja el quiebre. Reyes reconoció que el presidente Arévalo se comunica directamente con Sanabria y con el grupo de Semilla, aunque afirmó que el respaldo legislativo al gobierno no ha cambiado de forma sustancial. Ventura, en la misma línea, señaló que la comunicación entre Samuel Pérez —secretario general de Raíces y ex líder del bloque oficialista— y la Presidencia “se ha desgastado”, aunque no se ha cortado del todo.

Para el diputado Barrera, la clave de la diferencia entre los dos grupos no es ideológica sino procedimental: “Lo que nos identifica es la democracia interna. Toda decisión relacionada con el futuro de nosotros como funcionarios y de la organización debe ser asamblearia”. Esa postura contrasta con la de Raíces, que tomó la decisión de fundar el nuevo partido sin consultar formalmente a los órganos de dirección del Movimiento Semilla.

El Congreso guatemalteco llega al año preelectoral con un oficialismo que opera en dos carriles y sin mayoría propia. El bloque de Semilla espera una resolución de la CSJ antes de junio o julio, según estimó Barrera. Raíces, con más de 20.700 firmas depositadas ante el TSE, avanza hacia sus primeras asambleas territoriales con la vista puesta en los comicios de 2027.

Consecuencias institucionales y desafíos inmediatos para el progresismo en Guatemala

El futuro de la representación socialdemócrata en Guatemala depende de la resolución de este conflicto sin precedentes. Un eventual regreso del registro electoral exigiría a Semilla renovar rápidamente sus órganos de dirección y proclamar candidaturas en un plazo máximo de un año. En caso contrario, la supervivencia del ideario progresista se jugará en la competencia electoral bajo la sigla de Raíces o por medio de alianzas definidas en asambleas.

Mientras ambas facciones reconocen la legitimidad de buscar alternativas, la disputa legal y organizativa sigue abierta. Barrera aseguró que toda decisión sobre adhesiones y futuras alianzas deberá pasar por la Asamblea General de afiliados, cuyos estatutos destacan el principio de “democracia interna” como rector. Para Reyes, la lección principal ha sido la necesidad de continuar organizando políticamente a la sociedad para ampliar el acceso a los espacios de decisión, y sostuvo que “vamos por más iniciativas de ley para pasar”.

El desenlace de este proceso tendrá repercusión directa sobre la oferta de izquierda democrática en las elecciones, la estructura de representación parlamentaria y la capacidad de respuesta institucional ante escenarios legales no previstos en la ley electoral de Guatemala.