El gobierno salvadoreño entrega 156 escrituras de propiedad a víctimas de estafas

Miles de familias salvadoreñas han conquistado hoy la certeza jurídica sobre sus viviendas tras décadas de espera y zozobra. Gracias a las gestiones del Gobierno central salvadoreño, se han regularizado más de 118.500 lotes, lo que representa la recuperación de un patrimonio nacional de $1.185 millones.

Este proceso, encabezado por la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, responde al fraude perpetrado por la Corporación Argoz S.A. de C.V., que durante años estafó a ciudadanos con falsas promesas de venta de terrenos.

Algunos beneficiarios, como Roberto Alvarado, relataron los años de incertidumbre vividos: “Por más de 15 años viví en zozobra por la situación jurídica en cuanto a mi propiedad”, afirmó, y agradeció al actual gobierno por darle respuesta.

La Ministra Sol recordó que la regularización inicia con la declaración de interés social, decisión que permite, además, reducir los costos de inscripción para que cada familia acceda a su título sin obstáculos económicos.

Según datos oficiales, solo en el más reciente grupo los lotes entregados suman una inversión recuperada de $1,6 millones. Además, lotificaciones como El Nazareno I y Las Victorias, en el distrito de Santa Ana, acumularon 42 años de espera hasta recibir los documentos que los acreditan como legítimos propietarios.

Otro caso emblemático es el de El Chaparral, en el distrito de Colón, desde donde las familias aguardaron 43 años para conseguir finalmente seguridad jurídica sobre sus parcelas.

La titular de Vivienda resaltó la relevancia de la coordinación interinstitucional, como con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Asamblea Legislativa, para asegurar que quienes defraudaron al pueblo sean procesados y ninguna familia quede en el abandono legal.

“Las familias que reciben el documento vienen de 34 lotificaciones de 11 departamentos del país. El monto liberado a favor de ellas es de $1,4 millones. Otro dato importante es que el 56 % de las escrituras está inscrito a nombre de mujeres jefas de hogar”, detalló Sol.

Para muchos, la entrega de escrituras llevó el reconocimiento público a la administración del gobierno central. Blanca Montero, beneficiada, expresó: “Estamos muy agradecidos con el presidente”. De igual forma, Mercedes García y José Guerrero coincidieron en el valor de acceder, al fin, a la documentación de sus propiedades y agradecieron el esfuerzo institucional para atender una problemática que afectó a todo el país.

La ministra Sol concluyó que la recuperación del patrimonio seguirá siendo una prioridad de Estado: “Lo importante es que estamos recuperando el patrimonio a las familias”, subrayó ante medios oficiales.

A la fecha, el Sistema de Vivienda ha logrado regularizar más de 118.500 lotes de los 350.000 registrados, aunque la funcionaria advirtió que continuarán apareciendo nuevos casos de familias perjudicadas por esquemas fraudulentos como el de Argoz.

La labor conjunta de investigación y de generación de un marco legal robusto se presenta, según las autoridades, como un elemento clave para resarcir a los afectados y evitar que este tipo de abusos se repita.

El caso

Varias familias salvadoreñas aún esperan justicia tras el impacto del escándalo inmobiliario de la Corporación Argoz S.A. de C.V., uno de los fraudes más cuantiosos de la historia reciente en El Salvador.

La intervención estatal permitió que, hasta enero de 2026, más de 71,000 lotes fueran regularizados, aunque cientos de afectados siguen en lista de espera para recibir el título de propiedad por el que pagaron durante décadas.

El entramado de estafa se sustentaba en la venta de terrenos rurales sin permisos de urbanización ni estudios técnicos, según determinó la FGR. Las víctimas firmaban “contratos de arrendamiento con promesa de venta”, realizando pagos mensuales durante años y, pese a ello, nunca recibían la escritura que acreditaba la propiedad.

La complejidad del caso aumentó por el uso sistemático de empresas fachada y prestanombres. La corporación, según la FGR, distribuyó el dinero entre varias sociedades, algunas de las cuales declararon quiebra para eludir responsabilidades legales.

Se calcula que el total defraudado supera los USD 46 millones, cifra que fue canalizada hacia préstamos no autorizados y gastos personales de alto lujo.

Las acciones judiciales iniciaron en diciembre de 2023, cuando se detuvo a los principales directivos de la corporación. Una segunda ola de capturas, durante julio y agosto de 2025, llevó ante la justicia a otras 16 personas, entre empleados de confianza y supuestos testaferros.

A la fecha, los exdirectivos permanecen en detención provisional, enfrentando cargos por estafa agravada, defraudación a la economía pública y lavado de dinero. El proceso judicial sigue bajo la jurisdicción de los tribunales especializados en crimen organizado.