Empiezan las clases con paro docente: 5 claves para entender el conflicto educativo

El ciclo lectivo 2024 empezará el lunes con un paro de CTERA. El conflicto nacional, sin embargo, venía gestándose desde hace más de un mes, por las sucesivas postergaciones de la convocatoria para actualizar el salario mínimo y por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial. Esto, en medio de un escenario de inflación récord en diciembre (25,5%) y enero (20,6%), y con el presupuesto educativo nacional congelado en los valores de 2023.

La caída del FONID abrió un conflicto entre la Nación, las provincias y los gremios docentes, que tendrá el lunes un efecto directo en las aulas. La disputa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores involucrará ahora no solo a los docentes que pueden ver recortados sus sueldos (en las provincias que no puedan asumir los fondos nacionales con recursos propios), sino también a los millones de chicos que debían volver a las escuelas estatales.

La pelea por el FONID tiene de fondo una discusión acerca de las responsabilidades sobre el sistema educativo. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei insistió en que la educación “es responsabilidad de las provincias”. Con ese argumento, el Gobierno nacional decidió no prorrogar el FONID, un monto que integra el salario de todos los docentes del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. En diciembre de 2023, ese monto era de $28.700: un 11% del salario mínimo docente.

Las provincias y los gremios argumentan que el FONID estaba previsto en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año. De hecho, el giro de la partida de enero salió de la Secretaría de Educación, pero no fue liquidado por el Ministerio de Economía. Por eso, la decisión fue interpretada en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores tras el fracaso de la Ley Ómnibus.

El FONID fue creado en diciembre de 1998, tras el conflicto de la Carpa Blanca, como una manera de dar respuesta a las grandes asimetrías en los recursos educativos provinciales luego de la transferencia de las escuelas de la Nación a las provincias. Se venía prorrogando por decreto; su último vencimiento había sido el 31 de diciembre de 2023. Por eso, el Gobierno nacional argumenta que ya no tiene vigencia legal, luego de que se cumpliera el plazo de dos años establecido en el DNU 88/2022 del presidente Alberto Fernández.

En enero, las provincias cubrieron el recorte nacional con fondos propios. Algunas, como Chubut y Misiones, anunciaron que están en condiciones de hacerse cargo del FONID. Otras, como provincia de Buenos Aires y Santa Fe, advirtieron que no tienen los recursos necesarios: allí la caída del FONID podría implicar una baja nominal en los salarios docentes. Misiones y La Rioja llevaron el tema a la Corte Suprema, mientras que varios legisladores nacionales de distintos bloques elaboraron proyectos para garantizar el FONID por ley.

Argentina lleva 17 años con una inflación de al menos dos dígitos: las paritarias no son ninguna novedad. ¿Por qué, entonces, la reunión para discutir el nuevo piso salarial de los docentes será recién el martes 27 de febrero a la tarde, cuando los chicos ya hayan tenido –o perdido– dos días de clase?

Una vez más, el federalismo exige mirar la cuestión en dos niveles. A nivel provincial, el panorama es heterogéneo: hay jurisdicciones que mantuvieron las negociaciones abiertas en enero y febrero, y que llegaron con acuerdos al comienzo de clases, como CABA, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero. Otras, en cambio, empezaron a negociar recién la semana pasada.

A nivel nacional, el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075) establece que el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación, el Consejo Federal y los gremios docentes nacionales deben acordar el salario mínimo docente, así como pautas generales referidas a las condiciones laborales, el calendario escolar y la carrera profesional.

Sin embargo, en las últimas semanas tanto el presidente Milei como su vocero, Manuel Adorni, afirmaron que “la paritaria nacional docente no existe”. Un primer intento de intervenir sobre esta instancia se había vislumbrado en la Ley Ómnibus, cuya versión original mantenía el ahora famoso artículo 10 pero luego introducía otro que colocaba esa responsabilidad en las provincias, en línea con el argumento del Gobierno nacional.

Los gremios docentes nacionales venían pidiendo la convocatoria a la paritaria nacional docente desde principios de enero. En la Secretaría de Educación habían ratificado la intención de convocarlos en los primeros días de febrero. Pero acá se agrega otro nivel al conflicto: mientras distintos actores reconocen la disposición al diálogo y la sensatez del secretario Carlos Torrendell, en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada las decisiones responden a una lógica diferente. Por eso, la reunión se fue postergando, fue anunciada, fue negada y finalmente se concretará el martes, un día después del comienzo de clases.

El panorama del salario docente es muy heterogéneo entre las provincias. En CABA, por ejemplo, un maestro de grado de jornada simple cobrará un salario inicial de $435.666 en febrero; en Entre Ríos, la oferta del gobierno provincial es llevar el salario a $332.000, mientras que en Formosa y en Santiago del Estero la cifra es $280.000. De todas maneras, estas cifras deben analizarse en relación con el poder de compra que representan en cada jurisdicción.

Si bien la situación se agudizó con el salto inflacionario de diciembre y enero –entre esos dos meses los precios subieron 51,3%–, el salario docente ya venía en retroceso a nivel nacional.

Un informe del economista Alejandro Morduchowicz mostró el año pasado que desde 2015 cayó 10,9% el salario de los maestros a nivel nacional. Al analizar la evolución del “cargo testigo” (el de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad), Morduchowicz encontró que entre 2015 y 2023 las mayores caídas del sueldo docente se dieron en Santa Cruz (-43,6%), Tierra del Fuego (-41,2%) y Chubut (-40,0%). Las únicas provincias que mejoraron los salarios de sus maestros en ese período fueron Jujuy (13,5%), Corrientes (10,8%), Salta (9,5%) y, en menor medida, Santiago del Estero (4,5%) y San Luis (3,4%).

Morduchowicz también hizo otro cálculo que ayuda a contextualizar el escenario de conflictividad recurrente. Con datos del período 2007-2018, el especialista se preguntó de cuánto hubiera sido el salario docente en Argentina si se hubieran aceptado sin reclamos –es decir, sin paros ni medidas de fuerza– las ofertas de los gobiernos. La conclusión: “De haber aceptado sin chistar siempre las propuestas iniciales de aumentos en sus sueldos, los docentes habrían estado ganando un 60% menos de lo que percibían en ese momento”.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para el lunes 26 en 8 jurisdicciones. En cinco de ellas –CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe– los gremios docentes mayoritarios anunciaron que se sumarán al paro, lo que afectará el comienzo de clases en las escuelas estatales. Las instituciones privadas quedarán al margen de la medida, salvo en Santa Fe, donde los docentes privados sí irán al paro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño aseguró que “garantiza el inicio de clases” y señaló en un comunicado: “Todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario”. En cambio, el conflicto se presenta más crítico en Santa Fe, donde la medida de fuerza será por 48 horas, y en Entre Ríos, donde el sindicato AGMER ya anunció otros dos días de paro (el jueves 29 y el viernes 1°) si la provincia no mejora la oferta salarial.

En otras tres provincias –Mendoza, San Luis y Formosa– habrá marchas, pero no suspensión de clases, así que se espera un comienzo de clases relativamente normal.

El martes 27 a las 18 hs, el Gobierno nacional convocó a los cinco gremios docentes (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) a una reunión en la Secretaría de Trabajo para discutir la actualización del salario mínimo, un encuentro que podría contribuir a destrabar las negociaciones en las provincias donde aún siguen abiertas.

Allí se encontrarán secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA). También fueron convocados los ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del Consejo Federal de Educación, y agrupaciones representativas de las entidades educativas de gestión privada.

Según el calendario escolar 2024, el martes 27 de febrero también empezarán las clases los alumnos de La Rioja. El jueves 29 comienza Santa Cruz; y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

Otras tres provincias –Salta, Jujuy y Catamarca– iban a empezar el lunes 26 según el calendario escolar, pero decidieron en estos días postergar el comienzo de clases al 4 de marzo por el escenario de incertidumbre generado por las medidas del Gobierno nacional.