El plan educativo que impulsa el Gobierno y tiene como horizonte el 2030

“El 2030 como horizonte de transformaciones para la Educación Argentina”. Así es el título de un borrador de 18 páginas que impulsa el gobierno nacional. La iniciativa, que contempla cuatro proyectos de ley y menciona algunos objetivos de mediano y largo plazo, ya fue presentada a distintos actores del sistema educativo.

Infobae accedió al documento que el ministro de Educación Nicolás Trotta les enseñó primero a los integrantes del Consejo Económico y Social, después a los titulares de las carteras educativas de todo el país en el Centro Cultural Kirchner y, por último, a los representantes de los gremios docentes. Si bien los detalles están sujetos a modificaciones, la base del programa es la que concentra el borrador.

Los cuatro proyectos de ley son: Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior. Se trata de las primeras normas que envían desde el Palacio Sarmiento al Congreso y el Gobierno espera lograr los consensos para aprobarlas este mismo año.

Ante la consulta de este medio, la mayoría de las fuentes que participaron de la reunión se mostraron de acuerdo con el espíritu de las leyes, aunque plantearon sus reparos. “Las estamos evaluando porque son temas muy centrales para el futuro de la educación. En principio compartimos lo que dice, pero después está el cómo se logra”, opinó una voz sindical. En algunas provincias reprocharon un rol excesivamente central de Nación y poca mención al mecanismos de salida a la crisis educativa que profundizó la pandemia.

En el Palacio Sarmiento aclararon que todavía es “un borrador” y que está sujeto a “todos los cambios que se propongan”. “Por eso la invitación a debatir y consensuar los ejes y propuestas”, agregaron. Los cuatro proyectos dicen:

1) Justicia educativa

“En un país federal con profundas desigualdades, resultan trascendentales las definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo”, advierten. Tras ese objetivo, el ministro Trotta busca llevar el financiamiento al 8% del PBI. El 7 por ciento sería destinado para la educación obligatoria, los jardines maternales y la formación docente. El punto restante apuntaría exclusivamente a las universidades.

El objetivo de los 8 puntos del PBI es a largo plazo: el documento aclara que esperan alcanzarlo recién en 2030. Cabe destacar que la actual Ley de Educación Nacional, que data de 2006 y consigna una inversión del 6% del producto bruto interno, tan solo se cumplió un año, en 2015.

Con ese eventual aumento de la inversión, plantean distintos objetivos. Por un lado, universalizar el acceso al nivel inicial. Para 2027 incorporar a los niños de 3 años que hoy no están escolarizados (el 46%). Para 2023 sumar al 16% de los chicos de 4 años que no van al jardín y al 2% de los niños de 5 años fuera del sistema. El Gobierno pretende reconvertir al menos la mitad de los espacios de cuidado en instituciones educativas con asignación de recursos para infraestructura y equipamiento.

En segundo lugar, mencionan una revisión “integral” del modelo de la secundaria para mejorar las condiciones de acceso y egreso de, sobre todo, los alumnos más vulnerables. Aparece la intención de cambiar las horas cátedra por cargos fijos en los primeros años, la necesidad de innovar en las titulaciones y planes de estudio y de articular con el mundo del trabajo. Muchas de estas cuestiones ya habían sido discutidas cuatro años antes, cuando todos los ministros de Educación aprobaron el proyecto de la “Secundaria 2030”.

Además, la iniciativa traza otros objetivos: extender la jornada escolar, construir salas de jardín y escuelas, mejorar las condiciones laborales y de formación de los docentes, el desarrollo de un sistema de reconocimiento de trayectorias educativas y laborales de jóvenes de todo el país, entre otros.

2) Formación y carrera docente

El texto revisa una ley de que ya lleva más de una década: la de formación y carrera docente. Sin mayores detalles, remarca la necesidad de jerarquizar la profesión, de modernizar con tecnología los institutos de formación docente (IFD).

Pretende que se dé una articulación más fluida entre los distintos profesorados para que se reconozcan trayectos formativos comunes a través de nuevos sistemas de validación cómo son los créditos. Insiste en que haya un vínculo entre el perfil de docente que necesita una provincia y su oferta de profesorados. Es decir, si en un distrito faltan profesorados de física y química, que se incentiva la formación en esas materias. También surge la necesidad de consolidar un “sistema de seguimiento” de los institutos, que evalúe las políticas que se implementen.

El principal foco de conflicto es que el Gobierno quiere tomar el control de los 1.300 profesorados que hay en la Argentina y que pasen a la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Cuando les comunicaron la idea, los ministros provinciales lo rechazaron de plano ya que estarían perdiendo la potestad de conducir la formación de sus maestros. Ese punto hoy se encuentra en revisión y los distritos seguirían a cargo de los IFD.

3) Tecnología educativa

El proyecto busca “dar respuesta a las desigualdades en el acceso a la conectividad, las computadoras y los recursos digitales que profundizan y cristalizan la injusticia educativa”, según las fuentes oficiales.

En ese sentido, proponen adquirir cada año el mismo número de notebooks que de chicos que ingresan al primer año de la secundaria más un 20% extra para atender recambios. La prioridad la tendrán los alumnos definidos como más vulnerables. En paralelo, se prevé la distribución de tablets para salas de 4 y 5, aulas móviles para el primer ciclo de primaria y modalidad “uno a uno” para el segundo tramo. A eso se suman las notebooks para los maestros y estudiantes de formación docente.

La propuesta del Gobierno también promete conectar a internet del tipo que sea -terrestre, satelital, celular- a todas las escuelas. A través del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, procuran dar una cobertura eficiente en los puntos más remotos del país, donde la conectividad se hace cuesta arriba. La iniciativa incluye sostener la gratuidad para la navegación de plataformas educativas desde celulares.

4) Educación superior

El proyecto define a la educación superior como “un bien público y un derecho humano, personal y social, garantizado por el Estado”. Y regula la creación de universidades nacionales: con la ley aprobada, deberán garantizar que las carreras que pretendan dictar estén vinculadas con las necesidades productivas y de desarrollo de su territorio. Ese rol de coordinación y planificación estaría a cargo de un nuevo órgano, el Consejo Consultivo Nacional.

El proyecto impulsa que sea el Congreso la institución que cada año defina una partida dedicada a becas de los estudiantes, que incluso alcanzaría al 5% de la matrícula de las universidades privadas. Además -dice el texto en un punto que puede traer polémica- “se propiciará el debate sobre la posibilidad de que los profesionales graduados realicen un aporte de sus ingresos (solo entre a quienes alcancen los niveles de ingresos superiores a los mínimos no imponibles) como retribución al pueblo argentino”.

También hay un apartado destinado a la vinculación con el resto del sistema educativo, en especial con la secundaria donde se da un salto que suele ser traumático, con herramientas que contribuyan a que los jóvenes sorteen el primer año universitario. En la misma línea, plantean sistemas de equivalencias para mejorar el paso de los terciarios a universidades y viceversa, y repiten la importancia de una mayor estrechez con el mundo empresario “sin por eso convertir a las universidades en un mero eslabón del mercado”.

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