En una entrevista en Infobae al Mediodía, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, reveló que la falta de diálogo y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario han llevado a la educación superior argentina a una crisis sin precedentes, con docentes y estudiantes golpeados por recortes y salarios depreciados.
Durante la charla, Bartolacci detalló que “cerca del 70% de los trabajadores de la educación superior del país perciben un salario que está por debajo de los seiscientos cincuenta mil pesos por mes”.
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El recorte presupuestario y la crisis salarial en las universidades
Bartolacci explicó que “las transferencias al sistema universitario del 2023 hasta la fecha cayeron un 45,6%”, situando a la Argentina en “el punto histórico más bajo”, con una inversión del 0,4% del PBI, por debajo de todos los países de la región.
Añadió que, incluso si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, “seguiríamos en el punto histórico más bajo, pero sí tendríamos herramienta para resolver los problemas más urgentes”.
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El presidente del CIN puntualizó que “alrededor del 70% de los trabajadores de la educación superior de todo el país están percibiendo un salario que está por debajo de los 650 mil pesos por mes”, una cifra que abarca tanto a docentes como a no docentes, especialmente quienes tienen dedicaciones simples. “Hace falta una recomposición del 50% para volver a como estábamos en el 2023”, precisó.
La falta de actualización de las becas para estudiantes profundiza el problema. Bartolacci remarcó que “hace dos años que no se actualizan las becas para estudiantes”, que actualmente se ubican en 35 mil pesos mensuales.
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Un conflicto institucional entre el Gobierno y la universidad pública
En referencia al conflicto con el gobierno nacional, Bartolacci fue categórico: “Yo creo que es un desencuentro del gobierno con la educación pública, la universidad pública y la ciencia nacional. No es un problema de los universitarios, es un problema para el país”.
Señaló que, tras aprobarse una ley de financiamiento en el Congreso y obtener fallos favorables en la Justicia, el Poder Ejecutivo “no tuvo respuestas”, agravando la crisis y forzando la convocatoria a movilizaciones masivas.
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“La Ley de Financiamiento no es para aumentar a las universidades, es para recomponer, para que volvamos a estar como estábamos en el 2023”, explicó.
Según su análisis, el argumento oficial sobre la falta de recursos para cumplir con la ley resulta insostenible: “El Gobierno sabe fehacientemente cuáles son las dificultades. Sabe que en la Ley de Financiamiento hay una herramienta que resuelve esas dificultades y sabe fehacientemente, aunque no lo diga, que aplicando esa ley no se compromete fiscalmente al Estado”.
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El dirigente advirtió que la falta de respuestas oficiales y el incumplimiento de la ley constituyen “un antecedente peligroso en términos institucionales para la democracia del país”.
Desafíos internos y defensa de la universidad pública
Consultado sobre la calidad y los desafíos internos de las universidades, Bartolacci reconoció que existen problemas, como la baja tasa de egreso y el fenómeno de los estudiantes crónicos.
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Detalló que en la Universidad Nacional de Rosario se implementó el programa Regresar, que permitió que casi 400 estudiantes completaran su carrera en los últimos dos años. “El promedio de egreso del sistema universitario público argentino no está bien. Tenemos que seguir trabajando porque no se soluciona con una sola medida”, admitió.
En relación al debate sobre arancelamiento para estudiantes extranjeros, el rector relativizó el impacto de ese universo: “Nosotros estamos en el 3% del total de los estudiantes de la universidad. Estuvimos en el cuatro hace unos años atrás. Además, por los convenios de Mercosur, estudiantes extranjeros en esa categoría literal terminan siendo el 0,8%”. Consideró que, aunque se trata de un tema a discutir, no puede desviar la atención del problema central: el financiamiento y la calidad del sistema.
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Bartolacci defendió la universidad pública como herramienta de movilidad social y equidad: “Nunca puede ser un problema para un país que vos le garantices a cualquier joven según su deseo o su vocación, no importa dónde haya nacido o dónde viva, acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción”.
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