Caso Goleada en Ecuador: la Fiscalía amplió la investigación al entorno familiar de Aquiles Álvarez

La diligencia se instaló la mañana del 13 de mayo ante el juez anticorrupción Jairo García, quien escuchó la exposición del fiscal Dennis Villavicencio sobre los nuevos elementos recabados durante la instrucción fiscal. La audiencia se desarrolló de manera telemática y contó con la participación de Aquiles Álvarez desde la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, donde permanece recluido desde febrero pasado.

El caso Goleada se originó a partir de una investigación sobre un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados. Según la hipótesis fiscal, varias empresas vinculadas a la familia Álvarez habrían adquirido grandes volúmenes de diésel destinado al abastecimiento de embarcaciones nacionales, pero parte del producto habría sido desviado a embarcaciones internacionales, generando ganancias que luego se habrían canalizado mediante estructuras societarias y operaciones financieras complejas.

Hasta antes de la audiencia, la causa se investigaba por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Sin embargo, Villavicencio anunció que modificaría la calificación jurídica de los hechos, una facultad prevista en la legislación ecuatoriana cuando la Fiscalía considera que los elementos recopilados durante la instrucción justifican un cambio en el delito imputado.

Hasta la publicación de este reporte, el Ministerio Público no había detallado públicamente cuál sería la nueva tipificación penal, pero la reformulación de cargos supone un giro relevante en la estrategia de la acusación y podría redefinir el alcance del proceso judicial.

Además del cambio en la calificación jurídica, el fiscal solicitó la vinculación de cinco personas naturales y nueve empresas. Entre las personas señaladas figuran Fiorella Icaza, esposa de Álvarez, y Gioconda Henriques, madre del alcalde guayaquileño. También fueron incluidos otros familiares y allegados que, según la Fiscalía, tendrían relación con las operaciones societarias y financieras bajo investigación.

La incorporación de familiares directos elevó la tensión política alrededor del caso. Días antes de la audiencia, Fiorella Icaza difundió un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que la Fiscalía pretendía involucrarla sin pruebas y calificó la actuación del Ministerio Público como una persecución contra su familia.

Álvarez, por su parte, ha rechazado desde el inicio las acusaciones y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El alcalde de Guayaquil sostiene que las operaciones comerciales de sus empresas se realizaron dentro del marco legal y que no existe evidencia que demuestre la comisión de delitos.

El caso tiene repercusiones que van más allá del ámbito judicial. Álvarez es uno de los dirigentes con mayor proyección nacional dentro de la Revolución Ciudadana y ha ganado visibilidad en medio del creciente enfrentamiento entre el gobierno de Noboa y sectores de la oposición correísta.

Su situación procesal también podría afectar el escenario electoral de cara a los comicios seccionales de 2027. Aunque todavía no existe una sentencia en su contra, la continuidad de su detención preventiva y la ampliación del caso a su entorno familiar aumentan la presión política y judicial sobre su administración municipal.

La investigación comenzó a adquirir notoriedad nacional el 10 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Samborondón. En esos operativos fueron detenidos Álvarez, sus hermanos y otras personas vinculadas al sector hidrocarburífero y al Municipio de Guayaquil.

Desde entonces, el expediente ha evolucionado con nuevas diligencias, informes financieros y solicitudes de información societaria que, según la Fiscalía, apuntan a determinar si existió una estructura destinada a obtener beneficios económicos ilícitos a partir del uso de combustibles subsidiados por el Estado.

La decisión final sobre la vinculación de los nuevos procesados quedará en manos del juez Jairo García, quien deberá resolver si existen elementos suficientes para incorporarlos formalmente a la causa penal.