
Desde 2006, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, se estableció que la inversión mínima destinada a educación sea del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, esa meta -que se construye entre el presupuesto de la Nación y las provincias- se cumplió tan solo en 2015.
Antes y después quedó por debajo del 6% establecido. Incluso en 2018 hubo una fuerte caída respecto al año anterior: pasó de 5,6 a 5,1 por ciento del PBI. Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación.
Su autor, Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de FLACSO, señaló: “Tanto la Nación como las provincias disminuyeron el gasto en los últimos años. Lo de las provincias es curioso porque a partir del fallo de la Corte a fines de 2015 reciben más por coparticipación. Nunca tuvieron tantos recursos y aun así disminuyó la inversión educativa. La mayoría eligió destinar más recursos en seguridad y defensa”.


Las escuelas están en la órbita de las provincias. Por eso, allí se sustenta el grueso de la inversión educativa. 3 de cada 4 pesos invertidos en educación en el país proviene de ellas. No obstante, las jurisdicciones dependen en parte de las partidas que emite Nación. Para 2018, del gasto educativo provincial, en promedio, los distritos se financiaron un 69% con recursos propios, un 24% con fondos de coparticipación y un 7% con transferencias del Estado Nacional para políticas educativas.
En ese punto, hay una disparidad enorme. Algunas provincias son muy dependientes de Nación: el caso más extremo es Santiago del Estero, cuyo gasto educativo se financia en un 53% con fondos nacionales. En el polo opuesto, en tres de las provincias patagónicas, la participación nacional está por debajo del 15%. De allí, las posibles dependencias y tensiones entre los gobiernos.
Ahora, ¿en qué gastan los presupuestos las provincias? La respuesta es contundente: casi todo a pagar salarios docentes. En concreto, un 96,6% de sus presupuestos va a sueldos y otros gastos corrientes, mientras que apenas un 3,4% se destina a mejoras de infraestructura y equipamiento.


El desglose provincial, en este caso, es más parejo, pero hay algunas jurisdicciones que apuestan con mayor énfasis a mejorar sus edificios escolares, con San Luis (16,5%), San Juan (13,9%) y Formosa (10%) a la cabeza. “La fuerte concentración de gasto en personal docente excluye la posibilidad de financiar otros rubros de la educación (becas, útiles escolares). La magnitud que representan los salarios docentes en los presupuestos provinciales conlleva la necesidad de que la Nación financie políticas educativas tendientes a mejorar la equidad”, plantea el informe.
Es que las provincias no solo se encargan de los salarios de las escuelas públicas, sino que también subvencionan buena parte de los establecimientos privados. En promedio, el 13% del gasto en personal va a los privados. Córdoba (21,6%) es la que encabeza ese apartado, mientras que La Rioja (3,9%) es la de menor subvención a privados.
“El bajísimo nivel de inversión en infraestructura y equipamiento no permite esperar ningún salto importante en el sistema. Una mirada de alcance nacional es necesaria para guiar un ambicioso plan de inversión de capital si queremos cambiar la tendencia decadente en los resultados educativos del país. Actualmente la concentración del gasto corriente en salarios docentes inmoviliza las posibilidades de iniciativas jurisdiccionales", advirtió Julio Durand, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Austral.
Donde sí tiene injerencia directa Nación es en el nivel universitario. El 70% del presupuesto va a las universidades nacionales; 99% de esa torta a salarios de profesores. El otro 30% se apuesta a distintos programas socioeducativos en la educación básica como lo puede ser el programa de alfabetización digital Aprender Conectados o Asistiré, que busca disminuir la deserción escolar. El informe marca que las partidas de todas esas iniciativas se vieron “notoriamente reducidas” entre 2016 y 2018.
Alejandro Morduchowicz, economista especializado en educación, lo resumió así: “Contar con recursos suficientes marca la diferencia entre la voluntad y la realidad, entre la focalización y la universalidad, entre la atracción de docentes motivados y el mero pago de salarios. El financiamiento educativo importa porque es el requisito fundamental que garantizará las condiciones materiales y pedagógicas para el aprendizaje”.
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