
Tras 45 días de vigencia, este viernes llega a su fin el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país el 1° de abril. El vencimiento de este mecanismo —que logró contener el impacto de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local— anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.
Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, este lunes habrá una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.
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Cabe recordar que el acuerdo -aún vigente- entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina. Bajo este esquema, los refinadores compraban el petróleo a las productoras tomando como referencia el valor vigente hasta marzo de 2026 —alrededor de USD 70 por barril— independientemente de la cotización real, que llegó a superar los USD 120 por barril para el Brent. La diferencia se registraba en cuentas compensadoras que debían saldarse a futuro si los valores internacionales descendían.
En las jornadas recientes, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo: tanto el Brent como el WTI retrocedieron entre 10% y 12% ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El WTI cotizó en USD 95 por barril (una caída del 12%) y el Brent quedó en USD 101 por barril (10% menos). Esta reacción del mercado fue consecuencia del “memorándum de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán para abrir una ventana de 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen latentes.
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El impacto impositivo y su traslado al consumidor
A esa presión se suma además la suba de impuestos fijos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. El pasado 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. Esta decisión -que el ejecutivo había pospuesto el mes anterior- empezó a regir el 1° de mayo, aunque se desconoce si el alza impositiva se trasladó o no a los surtidores, ya que la decisión de aplicarlos o absorberlos corre por cuenta de las petroleras.
En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor; el 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial.
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Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios a Infobae, aquel ajuste impositivo implicaría una suba total de $11,035 por litro solo por carga fiscal. La totalidad del tributo pasaría de $345,541 a $355,939 por cada litro, mientras el impuesto al CO2 sumaría $0,637 y alcanzaría los $16,074 desde mayo.
El traslado de ese aumento al precio final quedó a criterio de las petroleras y sería parte de la decisión que anuncien este lunes 11 de mayo. De esta forma, las empresas decidirán en las próximas horas si trasladan, total o parcialmente, tanto la suba internacional acumulada como el reciente incremento impositivo. De concretarse, llevaría el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro.
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Caída de ventas y giro en la demanda
En este escenario, la demanda interna de combustibles registró una caída en marzo de este año. Según un informe de Surtidores, las ventas totales tuvieron una contracción del 1,8% en el tercer mes de 2026. Durante ese periodo, la nafta súper cayó un 4,1% interanual, señal de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el menor uso de automóviles.

La decisión de ‘amortiguar’ los precios en aquel entonces respondía, entre otras cuestiones, a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que buscaba ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global.
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El fin del acuerdo y el futuro inmediato
El esquema de “buffer” de precios -tal como lo definió YPF- fue una iniciativa privada entre los tres grandes eslabones de la industria: productores puros como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; e integradas como YPF, Puma y Axion.
El mecanismo aún vigente consiste en tomar el valor del crudo correspondiente a marzo como referencia para las transacciones internas. De esta manera, los productores facturan según la cotización internacional de cada momento —por ejemplo, el barril llegó a USD 120 en picos recientes, aunque actualmente ronda los USD 104—, pero los refinadores abonan el valor vigente hasta el mes de marzo (alrededor de USD 70).
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Al momento de publicación de esta nota, el Brent cotiza en torno a los USD 104,49 por barril. Sin embargo, aun si el conflicto se resuelve en el corto plazo, el sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones —en torno a USD 60—. Por el contrario, proyectan un precio sostenido cerca de los USD 90 por barril.
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