De subsidios a congelamientos: qué receta aplicó cada país para contener la suba de combustibles y qué hizo la Argentina

Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo aumentó un 55% y alcanzó picos cercanos a los USD 120 por barril. Esta situación impulsó a los gobiernos de todo el mundo a intervenir con rapidez en sus mercados internos para limitar el impacto de la escalada en los combustibles.

Más allá del propio conflicto, que de por sí altera los mercados internacionales, una de las consecuencias -económicas- más graves de la guerra es la tensión en el estrecho de Ormuz, responsable del tránsito de cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo.

El freno casi total del angosto canal que, en su punto más estrecho, separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros, volvió indispensable la adopción de estrategias nacionales para contener el traslado de las subidas internacionales hacia los consumidores, según consignó un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG).

Por ejemplo, en México, el gobierno pactó con las estaciones de servicio para establecer límites al precio de la nafta, una forma directa de control sobre el traslado de la variación internacional. Austria, en tanto, redujo los márgenes de los minoristas y recortó los impuestos aplicados tanto a la nafta como al diésel. En la misma línea, Brasil optó por otorgar subsidios a productores e importadores de combustibles y disminuyó el gravamen sobre la energía en el diésel.

En el caso de Chile, se implementó el congelamiento de precios del kerosene, la suspensión de créditos diferenciados para la compra de combustibles y la fijación de tarifas en el transporte público urbano, sumado a nuevas líneas de crédito dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos para taxis.

En España, la reacción incluyó la reducción del IVA de los combustibles, la suspensión del impuesto especial sobre hidrocarburos y la revisión de la normativa para favorecer fuentes alternativas de energía. Suecia, por su parte, aplicó una rebaja temporal de los impuestos a los combustibles automotores, mientras que Tailandia congeló el costo de los combustibles para cocinar hasta mayo y distribuyó subvenciones por medio del Fondo de Combustibles de Petróleo.

Turquía estableció un impuesto reducido para el petróleo, y el Reino Unido brindó asistencia especial a consumidores vulnerables mediante ayudas a la calefacción y la aceleración del Plan de Hogares Cálidos, junto a acciones específicas para desalentar la especulación en el sector energético.

La reacción de Argentina

Mientras tanto, en la Argentina, el litro de nafta superó los $2.000 pesos en marzo, en el marco de políticas de “micropricing” que buscan acompasar el mercado local con el salto del barril. Según el estudio de IAG, desde la asunción del actual gobierno, el precio de la nafta registró un incremento acumulado del 514%, lo que, en términos reales, representa un avance del 56,9 por ciento.

En tanto, durante los primeros meses de 2026, la suba fue del 18,7%, es decir, el doble de la inflación acumulada para el período (5,9%), “lo que anticipa una presión intensificada sobre el índice general de precios”, analiza el IAG.

Respecto a los aumentos derivados del conflicto armado, el camino que adoptó la Argentina incluyó, inicialmente, la postergación hasta mayo del aumento de los impuestos a los combustibles dispuesto por el Poder Ejecutivo bajo el decreto 217/2026, que dejó sin efecto incrementos sobre la nafta sin plomo, nafta virgen, gasoil y sobre el gravamen al dióxido de carbono.

Al comunicar la medida, fuentes del Gobierno afirmaron a Infobae: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

Según la normativa vigente, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono deberían actualizarse trimestralmente, siguiendo la variación de la inflación. No obstante, el gobierno optó nuevamente por suspender este régimen automático, tal como se repitió en años previos, aplicando incrementos parciales y diferidos para contener el traslado total a los precios internos.

En paralelo, YPF informó que no modificará el precio de los combustibles por 45 días, una medida que empezó a regir el pasado 1° de abril. La petrolera con participación mayoritaria estatal abastece más de la mitad del mercado nacional y cuyas decisiones de precios marcan el ritmo del resto de los jugadores del mercado. De hecho, en las últimas horas se conoció que tanto Shell como Axion adhirieron a la estrategia de la compañía.

La empresa informó que la decisión se adoptó como un “amortiguador” para proteger a los consumidores ante la baja del consumo, principalmente en el interior del país. Al término del plazo, la compañía prevé revisar la situación internacional y el impacto local antes de autorizar nuevos ajustes.

A su vez, la administración nacional complementó este paquete flexibilizando la normativa que permite a las petroleras incorporar en forma voluntaria hasta un 15% de bioetanol en las naftas, lo que reduce los costos de producción al tiempo que aumentó la proporción de combustibles de origen vegetal. Además, mediante la resolución 81 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para abril bajó de $1.842 a $1.808 por tonelada.