Un informe privado alertó sobre “problemas de diseño” del Fondo de Asistencia Laboral: cuál es la propuesta alternativa

En medio del debate de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos que más dudas está generando puertas adentro del Congreso y críticas de legisladores opositores. En este marco, el Ieral, de la Fundación Mediterránea, planteó dudas respecto a su impacto, diseño y efectividad.

El FAL tiene como objetivo inicial asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones por despido sin causa, mutuo acuerdo de desvinculación y muerte del trabajador, entre otros. De esta manera, los empleadores tienen una mayor flexibilidad para efectuar despidos.

En primer lugar, el informe del Ieral aseguró que reducir los costos del empleo formal es clave para mejorar el mercado laboral, pero el debate en el Congreso va más allá de modificar reglas puntuales. Consideran que la reforma será relevante si logra estimular la formalización y, al mismo tiempo, demuestra consistencia fiscal y sostenibilidad en el tiempo.

El contexto es complejo: entre 2023 y 2025 se sumaron unos 200 mil nuevos desocupados, lo que refleja la dificultad crónica para generar empleo al ritmo de una oferta laboral en aumento.

El empleo asalariado privado permanece estancado, mientras que la informalidad sigue creciendo y ya supera el millón de nuevos trabajadores informales desde 2012. Este fenómeno revela que, ante las restricciones, el ajuste laboral no solo se traduce en más desempleo, sino también en una mayor precarización y expansión de empleos de baja calidad.

En este contexto surge uno de los puntos más sensibles del proyecto del Gobierno: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Al respecto, el IERAL opinó: “Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles. Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”.

“A esto se suma un problema de diseño, una prima homogénea (porcentaje fijo que todas las empresas deben pagar) del 3% que puede resultar insuficiente para empresas con alta rotación donde cubriría solo una fracción de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar acumulaciones excesivas en firmas con baja rotación y planteles más estables”, detalló.

Vale recordar que, según el texto oficial, el financiamiento del Fondo se realizaría a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero las contribuciones se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.

El estudio subraya que ese diseño puede generar distorsiones e incentivos poco claros, además de mayor complejidad administrativas. Como alternativa, el Ieral afirma que el mínimo no imponible aplicado sobre la masa salarial aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad es más elevada.

Más en detalle, este mínimo no imponible, elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, propone reformular el esquema de contribuciones patronales aplicando el mínimo sobre la masa salarial total de la empresa y no por trabajador, incorporando progresividad y focalización en las pequeñas empresas.

Se trata de una herramienta fiscal que establece un umbral de remuneración a partir del cual los empleadores comienzan a pagar contribuciones patronales.

Las estimaciones del documento oficial permiten cuantificar el impacto fiscal. Los distintos escenarios planteados de mínimo no imponible implicarían un costo anual que oscila entre 0,05% y 0,23% del PIB, según el monto establecido, acompañado por la creación de nuevos empleos registrados.

“Incluso bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del empleo formal, los costos netos resultan significativamente menores que los asociados a una reducción generalizada de contribuciones. Además, al concentrar el beneficio en micro y pequeñas empresas se minimiza el riesgo de subsidiar puestos que ya eran formales, mejorando la eficiencia del esfuerzo fiscal”, señaló Laura Caullo, responsable de la sección social-laboral del Ieral.

“La discusión de fondo no es si hay que modernizar el mercado laboral. Eso es indiscutible. La cuestión es elegir el instrumento que permita ampliar el empleo formal con el mayor impacto posible y el menor costo fiscal. En esa comparación, el mínimo no imponible ofrece una relación más equilibrada entre formalización e impacto sobre las cuentas públicas. La reforma laboral abre una oportunidad, que se traduzca en empleo registrado dependerá, en buena medida, del diseño que finalmente se adopte”, concluyó.