El Ministerio de Economía dispuso la transferencia de $175.700 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el primer trimestre del año, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en el expediente CSJN 1864/2022. Esta decisión fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 2/26, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ambos funcionarios establecieron la reasignación de partidas dentro del Presupuesto 2026 para “atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo dispuesto por la Medida Cautelar”, según consta en el expediente mencionado.
Para cumplir con este compromiso, se apartaron $175.700 millones en la cuenta “Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional”, a partir de una reducción de $190.889 millones en la partida originalmente prevista para la Coordinación Fiscal con las Provincias, subjurisdicción Economía y Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Este ajuste presupuestario fue necesario para garantizar que los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires pudieran ejecutarse durante el primer trimestre del año, tal como lo exige el fallo judicial.
Este ajuste presupuestario fue necesario para garantizar que los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires pudieran ejecutarse durante el primer trimestre del año, tal como lo exige el fallo judicial
Fuentes de Hacienda explicaron a Infobae que la partida de $175.700 millones refleja la suma de los pagos mensuales programados para los primeros tres meses del año, en el marco del acuerdo cautelar alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre de 2024. En esa fecha, representantes del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un entendimiento para destrabar el conflicto por la coparticipación, luego de varios años de litigios y negociaciones.
Detalles del acuerdo y distribución de la coparticipación
Según lo precisado en el entendimiento, el pago del 2,95% de la coparticipación debe realizarse de manera mixta: un 1,40% será transferido a la Ciudad por goteo diario, mientras que el 1,55% restante se abonará en forma semanal.
Aunque en el pacto no se definió el monto total de la deuda acumulada, estimaciones de fuentes oficiales y privadas la ubican en el equivalente a USD 5.400 millones. Sin embargo, el desembolso autorizado para el primer trimestre atiende únicamente a la proporción correspondiente a ese período, sin zanjar aún el monto global de la deuda pendiente entre Nación y Ciudad.
Este esquema de pagos se implementó tras años de disputas judiciales y extensas negociaciones políticas, motivadas por el recorte de fondos que la Ciudad de Buenos Aires sufrió durante la administración de Alberto Fernández.
La gestión porteña inició una serie de reclamos judiciales para revertir esa decisión, lo cual derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, en el acuerdo de septiembre de 2024.
El Gobierno Nacional optó por incluir estos pagos en el Presupuesto 2026, con el objetivo de cumplir las obligaciones judiciales sin afectar el compromiso asumido ante los organismos internacionales de mantener la meta de superávit fiscal financiero.
Mecanismo de reasignación y destino de los fondos
La inclusión de los pagos en el Presupuesto 2026 se instrumenta a través de decisiones administrativas que reasignan partidas de manera trimestral. Este mecanismo permite ajustar las cuentas públicas en función de las transferencias exigidas por la Justicia, evitando así un impacto negativo sobre el equilibrio fiscal general. La reasignación de fondos no solo cubre las obligaciones con la Ciudad, sino que también contempla otros destinos específicos.
La reasignación de fondos no solo cubre las obligaciones con la Ciudad, sino que también contempla otros destinos específicos
La diferencia de $14.343 millones resultante de la modificación presupuestaria fue destinada, según consta en los considerandos de la norma, a incrementar la partida vigente del “Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Este organismo, que actúa en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, recibirá recursos adicionales provenientes del convenio de subvención (opcat-144-glo/09/hc/07-b453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De este modo, la reasignación presupuestaria no solo atiende la demanda judicial, sino que también fortalece áreas estratégicas vinculadas a los derechos humanos.
Ejecución del Presupuesto y resultado fiscal al inicio del año
En paralelo a la implementación de estas transferencias, la Ley 27.798, correspondiente al Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio fiscal 2026, fue sancionada el 26 de diciembre de 2025 por el Honorable Congreso de la Nación y promulgada por el Decreto 932/25. Los créditos y recursos actualmente se encuentran en ejecución bajo la distribución establecida por la Decisión Administrativa 1/2026.
El Presupuesto actualizado contempla gastos a cargo de la Administración Nacional por $148,1 billones y recursos tributarios por $148,3 billones, con un resultado final superavitario de $0,23 billones.
Según la ejecución presupuestaria registrada al 2 de febrero, la Administración Central llevaba devengados gastos por $10,37 billones, equivalentes al 7% del total anual previsto. De ese monto, ya se habían pagado $9,25 billones.
En cuanto a la recaudación, el Estado nacional había ingresado $14,56 billones, cifra que representa casi el 10% del total estimado para el año.
Estos números arrojan un resultado financiero devengado superavitario de $4,19 billones y, en base caja, un superávit de $5,31 billones.
Al 2 de febrero la Administración Central registraba un suoperávit devengado de $4,19 billones y se elevaba en base caja a $5,31 billones
Transcurrido el equivalente al 8,5% del año, el análisis de la ejecución revela que solo una partida superó la proporción de avance respecto al total previsto para el ejercicio: el “Servicio de la deuda pública”, que alcanzó un 11,2%. Esta situación se explica por la concentración de vencimientos de intereses ocurrida en enero, lo que obligó a realizar desembolsos significativos en ese rubro en el primer mes del año.
El resto de las partidas se mantiene dentro de los parámetros de ejecución programados, lo que contribuye a sostener el equilibrio fiscal durante los primeros meses del año.
Perspectivas y próximos pasos
La decisión de avanzar con los pagos a la Ciudad de Buenos Aires marca un nuevo capítulo en la relación fiscal entre Nación y Ciudad, en un contexto donde la coordinación y el cumplimiento de los fallos judiciales adquieren especial relevancia para el funcionamiento institucional.
El Gobierno Nacional deberá continuar reasignando partidas a lo largo del año, en función de la evolución de las obligaciones derivadas de la medida cautelar y del comportamiento de los recursos tributarios. El seguimiento estricto de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán factores clave para sostener la confianza de los actores económicos y de los organismos internacionales.
El pago de $175.700 millones a la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre representa un paso relevante en la resolución del conflicto por la coparticipación, aunque el debate por el monto total de la deuda y su forma de pago continuará vigente en la agenda política y judicial.
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