El Gobierno nacional modificó esta madrugada el régimen de contrataciones del Estado. Con estos cambios, el Ejecutivo amplía las restricciones vigentes, por lo que ahora no solo no podrán acceder empresas que estén vinculadas con casos de corrupción, sino que también aquellas que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras.
La medida se hizo efectiva esta madrugada en el Boletín Oficial, mediante la publicación del decreto 5/2026. De esta manera, quedaron establecidos los nuevos criterios de inelegibilidad para proveedores y contratistas en procedimientos de obras, bienes y servicios del Estado nacional.
De acuerdo con lo dispuesto, las nuevas disposiciones surgen tras detectar dificultades en la aplicación práctica de las normas vigentes sobre exclusión de oferentes incluidos en listas de inhabilitados del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de ahora, se reformula la causal de exclusión para adaptarla a los mecanismos de sanción vigentes en dichos bancos multilaterales, cuyas listas contemplan no solo prácticas de corrupción, sino también conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas o de apropiación indebida.
Con estos cambios, dispusieron que las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar, al momento de evaluar las ofertas, que los oferentes no se encuentren en esas listas.
El texto anterior restringía la inelegibilidad únicamente a prácticas de corrupción según la Convención de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros. El nuevo decreto elimina esta referencia y se basa exclusivamente en los criterios determinados por los propios organismos internacionales para conformar sus listados de inhabilitados.
Entre sus principales argumentos, el Gobierno recalcó que “contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”.
A su vez, enfatizaron que “la corrupción deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo”.
Frente a esto, señalaron que el rol que tiene el Estado nacional es “implementar medidas a los fines de disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional pueden ser de tipo penal, civil o administrativo, incluyendo entre estas últimas la exclusión, inhabilidad o inelegibilidad en procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos”.
En mayo del año pasado, el Gobierno realizó una modificación en este sentido. Este cambi fue formalizado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), mediante la Disposición 24/2025.
La actualización en el sistema fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente, asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club”, afirmó este lunes, en su cuenta personal de X.
En concreto, se modificó el antiguo registro de empresas que se anotan para participar de las licitaciones de obras públicas. Desde el año pasado, deben inscribirse en el nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma que unifica y moderniza los mecanismos de inscripción y calificación de contratistas. Además, deroga los registros tradicionales que exigían una alta carga documental y condiciones, entre otros procesos burocráticos que funcionaban como trabas.
Uno de los pilares de esta reforma es la supresión del anterior método que evaluaba la “capacidad de contratación”, un sistema que el Gobierno califica como un obstáculo para nuevos ofertantes. En su reemplazo, la nueva regulación prioriza la apertura del mercado.
Para facilitar el ingreso de nuevas empresas a este mercado, la normativa abolió la exigencia de presentar testimonios extensos de hasta 10 años y permite ahora la inclusión de experiencias tanto de obras públicas como privadas. Además, para aquellas firmas sin experiencia previa, se considerará el capital social.
Últimas Noticias
Caputo busca que los empresarios se plieguen a un punto clave de la reforma laboral para impulsar el empleo formal
El ministro de Economía aseguró que el sector privado desconoce los alcances y los beneficios de la iniciativa oficialista. Qué dicen los especialistas sobre la baja de cargas patronales para incentivar la formalización
El “plan motosierra” en números: en dos años de gestión, el Estado nacional redujo su planta en casi 63.000 trabajadores
Con 26 meses consecutivos de contracción, el recorte ya afecta al 18% de la Administración Pública, aunque enero mostró una leve excepción con contrataciones en ministerios clave
Eliminación del impuesto a los autos de lujo: cuánto bajarán los precios de los 0 km y a qué modelos aplica
La mayoría de las marcas que importaban vehículos con precios superiores a los $103.000.000 bajarán sus valores entre un 12% y un 15 por ciento. Un especialista explicó cómo se llega a esa cifra
Argentina será el país que más crecerá de la región en 2026, según el BID
El organismo proyectó una expansión cercana al 3,8% para este año, por encima del promedio regional y en línea con las estimaciones del FMI
El mercado argentino sufre la volatilidad global, pero cae menos que los vecinos: qué hay detrás del menor impacto
El conflicto en Medio Oriente sacude a las bolsas mundiales y regionales. El índice local no estuvo exento de la merma, aunque con un efecto más acotado
