El ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió posponer la apertura de sobres de la licitación para reprivatizar las cuatro represas del Comahue —El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados— por los próximos treinta años. El acto, originalmente previsto para este jueves a las 17, fue aplazado luego de que varias empresas del sector transmitieran a funcionarios del Palacio de Hacienda su preocupación por llevar adelante el proceso tres días antes de las elecciones legislativas clave para el Gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por la volatilidad financiera y cambiaria.
La Resolución 1649/2025 del Ministerio de Economía, publicada hoy en un suplemento del Boletín Oficial, estableció como nueva fecha límite para recibir ofertas el 7 de noviembre. Además, se prorrogó hasta el 27 de octubre el plazo para que los interesados efectúen consultas al pliego de bases y condiciones.
Según la norma, el objetivo es “promover una mayor participación de oferentes en el procedimiento licitatorio y garantizar la obtención de propuestas más convenientes para maximizar los ingresos del Estado Nacional”. También justificó la extensión del período de consultas para permitir un análisis más profundo por parte de los interesados.
La apertura de sobres estaba fijada de manera virtual a través de la plataforma Contrat.Ar, apenas tres días antes de una elección de medio término central para la gestión libertaria. La combinación de energía dolarizada y la incertidumbre sobre el respaldo electoral del Gobierno encendió alertas entre inversores.
Caputo había anticipado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos hidroeléctricos, que generan el 14% de la energía eléctrica de Argentina. No obstante, fuentes del sector comunicaron a Infobae que la suma podría elevarse a entre USD 700 y USD 800 millones. En despachos oficiales confían en que esos fondos ingresarán al Tesoro antes de fin de año y potenciarán la oferta de divisas, en un escenario de restricciones.
La supervisión directa del proceso está en manos de Caputo y de Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargado de valorizar los activos estatales para volverlos atractivos a los inversores. Las represas forman parte de los activos de Enarsa y el proceso de reprivatización se desplegará por etapas.
Desde la privatización en los años noventa, Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila fueron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. En agosto, el Gobierno extendió sus concesiones, vencidas desde agosto de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la transferencia a nuevos adjudicatarios.
De acuerdo con un relevamiento del portal especializado Econojournal, las empresas que confirmaron su interés en las represas hasta el martes por la noche son Central Puerto, Enel y AES —actuales operadores—, junto a Pampa Energía y Edison Energía. Este último grupo incluye a empresarios como Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, y los hermanos Patricio y Juan Neuss. También se analiza la eventual participación de Genneia, liderada por Jorge Brito, y Aluar, a cargo de la represa Futaleufú. Ambas firmas aún no confirmaron su intervención.
Las centrales reúnen una potencia nominal instalada de unos 4.170 megawatts (MW), lo que equivale a entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional. A lo largo del año, comenzarán a vencer las concesiones de otras quince represas, de menor envergadura, que posiblemente sigan un destino similar al de Comahue.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén prevé una convocatoria nacional e internacional para operar las hidroeléctricas del Comahue por treinta años. El convenio reconoce explícitamente a las provincias como propietarias de los recursos hídricos y responde a demandas históricas para fortalecer su control y acceder a beneficios económicos ampliados por la generación de energía.
El nuevo esquema incrementa las regalías para las provincias e incorpora un canon por el uso del agua y un fondo para obras de protección y seguridad hídrica, administrado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El precio de la energía que se comercialice a CAMMESA se fijará en dólares y las regalías se calcularán sobre la totalidad de los ingresos, habilitando la percepción en especie para consumo o reventa regional. Por primera vez se establece un canon específico a favor de las provincias por el uso de los recursos hídricos, y los futuros concesionarios deberán costear y facilitar el acceso a información hidrometeorológica de las cuencas.
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