Privatizaciones: el Gobierno lanzará la licitación de las hidroeléctricas del Comahue tras un acuerdo con Río Negro y Neuquén

El gobierno de Javier Milei lanzará la convocatoria a licitación nacional e internacional para concesionar durante treinta años los cuatro complejos hidroeléctricos del Comahue, luego de un acuerdo con los gobiernos de Río Negro y Neuquén que contempla reclamos históricos de ambas jurisdicciones sobre la administración de los recursos hídricos y los beneficios económicos derivados de la generación de energía eléctrica. El Ministerio de Economía de la Nación espera un ingreso estimado de hasta USD 500 millones por la venta del paquete accionario de las centrales y sienta nuevas reglas sobre el reparto de regalías y el control provincial.

La convocatoria será oficializada en los próximos días en el Boletín Oficial, el portal del Ministerio de Economía y la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial, según supo Infobae. El proceso, que se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, tendrá fecha tope el 31 de diciembre de 2025.

Entre los puntos centrales del acuerdo alcanzado tras meses de negociaciones con las provincias, se incluye el reconocimiento expreso a los estados provinciales como dueños de sus recursos hídricos y la introducción de condiciones reclamadas por las provincias desde la privatización de los años noventa.

El comunicado conjunto de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) destacó que “tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”.

Con la nueva normativa, las provincias se aseguraron un aumento en los ingresos por regalías, la creación de un canon específico por el uso del agua y la constitución de un fondo para obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Este fondo se destinará a trabajos de protección y seguridad hídrica, cuyo diseño técnico tendrá un plazo máximo de 24 meses y tendrá que cumplir con un fallo de la Corte Suprema de 2009 sobre obras para mitigar crecidas y resguardar bienes y producción aguas abajo.

Entre los puntos destacados figuran:

• El precio de la energía que se venda a CAMMESA se pactará en dólares, lo que introduce mayor previsibilidad a los ingresos de las provincias y mejora el escenario para inversiones y financiamiento.
• Las concesionarias tendrán una participación creciente de energía de libre disponibilidad, permitiendo una mayor comercialización en el mercado y un aumento anual de los ingresos para las provincias.
• Las regalías se calcularán sobre el total de los ingresos generados por las concesionarias y no solo sobre algunos conceptos como bajo el esquema anterior. Queda habilitada la percepción de regalías en especie, es decir, en energía eléctrica física, con la opción de utilizarla para consumo local o reventa y promoción productiva.
• Por primera vez, se incorpora un canon por el uso del recurso hídrico a favor de las dos provincias.
• El acuerdo prevé la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir con el financiamiento de estos estudios.

“Este es un triunfo de la unidad norpatagónica, un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos: nuestros ríos, la energía que producimos y el esfuerzo de nuestra gente. El nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país”, señalaron los gobernadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se prevé obtener entre “USD 400 y USD 500 millones” para el Tesoro nacional por la venta de los activos de las represas, lo que representa una de las nuevas fuentes de divisas esperadas para fortalecer reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según fuentes del Ejecutivo, la gestión y tasación de acciones quedará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que preside Diego Chaher, a través de un banco público.

Desde la privatización de la década del noventa, las represas de Alicurá, El Chocón y Arroyito, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Piedra del Águila estuvieron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. La semana pasada, el Gobierno extendió sus concesiones vencidas desde agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta el traspaso efectivo a nuevos adjudicatarios.

En total, la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10% y 15% de la matriz energética nacional. Desde este año comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque son de menor caudal de generación, se espera que corran la misma suerte que las del Comahue.