Las ventas de indumentaria cayeron 12% durante la liquidación de invierno

Las ventas de indumentaria cayeron 12% interanual durante la temporada de liquidación de invierno, marcando el nivel de la crisis sectorial. Como resultado, las empresas ajustan plantillas de personal y aumentan las tensiones en la cadena de pagos.

De acuerdo a datos de Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el período julio-agosto, consolidando una tendencia que ya se había observando y que afecta tanto a la actividad comercial como a las perspectivas de recuperación.

Se trata de un bimestre donde los descuentos por liquidación, las vacaciones de invierno, el aguinaldo y el Día del Niño suelen dar impulso a las ventas, pero no fue el caso este año.

El retroceso en las ventas se refleja en los balances y genera dificultades operativas para las empresas. La contracción de la demanda se posicionó como el principal obstáculo, señalada por el 80% de las compañías, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al bimestre previo.

Este debilitamiento del consumo generó un desequilibrio entre la producción y el volumen de ventas, provocando un aumento del exceso de stocks: la preocupación en este sentido creció 11 puntos porcentuales, lo que evidencia la acumulación de mercadería sin salida.

Demanda y precios

La caída del consumo imposibilita el traslado de los aumentos de costos a los precios finales. El 56% de las empresas absorbió completamente los incrementos salariales, mientras que un 25% solo logró transferirlos de manera parcial, lo que resalta la fragilidad del poder de compra de los consumidores. Ello explica que en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el rubro Prendas de vestir y Calzado haya registrado una baja del 0,3%.

Vale mencionar que el aumento de costos se ubicó como el segundo problema más relevante, aunque su peso relativo disminuyó en comparación con el bimestre anterior.

El sector también enfrenta desafíos adicionales, como la competencia desleal de productos importados, la presión impositiva y los retrasos en la cadena de pagos. Los atrasos frecuentes en los pagos alcanzaron el 21% de las respuestas, cinco puntos porcentuales más que en la medición anterior, marcando el nivel más alto registrado hasta el momento.

Al mismo tiempo, la proporción de empresas que no experimentan atrasos significativos descendió del 53% al 49%.

En este contexto adverso, las compañías recurrieron a ajustes en su dotación de personal. Los despidos aumentaron tres puntos porcentuales, representando el 19% de las medidas adoptadas, mientras que la no reposición de vacantes por jubilaciones o renuncias se mantuvo como la estrategia más utilizada, con un 24%.

Lo que queda del año

De cara al resto de 2025, el pesimismo predomina entre los empresarios del sector. Las expectativas negativas se incrementaron de manera significativa y solo un 14,7% de las firmas prevé una mejora en sus ventas en los próximos meses.

Las proyecciones desfavorables, tanto “malas” como “muy malas”, continúan en ascenso, mientras que las expectativas positivas se redujeron de forma notable.

Es en este contexto, con importaciones provenientes de China al alza, que CIAI prepara una ley “anti Shein” a fin de competir en igualdad de condiciones con este tipo de plataformas asiáticas de ultra fast fashion.

La propuesta busca que la ropa asiática pase por un proceso de control destinado a verificar que los insumos empleados en su fabricación no causen contaminación ambiental ni sean tóxicos. La inquietud abarca también la práctica de dumping, los precios extremadamente bajos y la calidad deficiente de los productos.

Luego de cumplir con estos controles, que quedarían a cargo de la ANMAT, las prendas estarían sujetas a los aranceles e impuestos aplicables en Argentina, como el IVA e Ingresos Brutos.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, señaló que mantienen contacto con representantes de Francia para coordinar acciones con los sectores textiles de México y Brasil, con el objetivo de impulsar una ley similar en esos países. En Francia, el parlamento ya había adoptado medidas para proteger su industria textil y reducir el impacto ambiental de la producción.