El Gobierno nacional anuló un régimen de información, que obligaban a comunicar todo tipo de operaciones económicas —incluso aquellas gratuitas— que fueran celebradas entre residentes argentinos y extranjeros. Se tratan de dos normativas que habían sido impuestas durante el 2012.
En el marco de un proceso de simplificación normativa impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió derogar las Resoluciones Generales N° 3.285 y 3.364. La medida fue oficializada por medio de la publicación de la Resolución General N° 5752/2025 en el Boletín Oficial.
De igual forma, aclararon que las normativas se abrogan “sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante sus respectivas vigencias”. Asimismo, fijaron que la medida entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2025.
En el caso de la Resolución General N° 3.285, esta obligaba a informar “toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aún a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior”.
La misma iba a dirigida a todos los representantes en el país de todos los sujetos o entes del exterior, así como también los prestadores de servicios. En esta categoría estaban incluidos los escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de cambio, entre otras entidades.
Respecto a la Resolución General N° 3.364, contenía una serie de actualizaciones que aplicaban al régimen de información. En la misma se habían establecido nuevos plazos para brindar los datos y una serie de programas destinados a facilitar la carga virtual de la misma.
Según explicaron las autoridades, la eliminación de los regímenes responde a lo estipulado por el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que encomendó a este organismo la revisión y simplificación de los regímenes de información, fiscalización y otros procedimientos bajo su competencia.
El objetivo central de esta iniciativa es avanzar hacia una administración pública orientada al ciudadano, fundamentada en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios, según lo dispuesto por el Estado Nacional. En este contexto, ARCA revisó los distintos registros y regímenes de información a su cargo, con el propósito de reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.
Tras analizarse el impacto y la operatividad de este régimen impulsado a través de la Resolución General N° 3.285 y su modificatoria, la Agencia consideró conveniente su derogación, en línea con la meta de simplificar las obligaciones informativas.
“Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, resolvió el Poder Ejecutivo Nacional en esa oportunidad.
Sobre el rol de ARCA en este proceso, el Gobierno autorizó a su director a implementar una modalidad simplificada. La misma debía darse en etapas y de manera gradual a partir de principios de este año.
“Esto deberá elaborarse tanto sobre la base de la información con la que cuente el organismo recaudador como por la que suministren oportunamente los contribuyentes, responsables y/o terceros, y únicamente estará disponible para los contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina en forma exclusiva”, aclararon al iniciar el proceso.
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