
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que las declaraciones del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se dividan en dos segmentos con el fin de disminuir la carga administrativa que enfrentan las empresas.
A partir de esta nueva medida, aquellas firmas que registren activos y pasivos externos por debajo de los USD 10 millones deberán presentar la información de manera anual, mientras que las que superen ese umbral continuarán con la obligación de hacerlo trimestralmente.
La medida se enmarca dentro del plan de simplificación administrativa que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación, cuyo propósito central es “eliminar normativas obsoletas y trámites que obstaculizan la actividad económica y la libre competencia”.
El ministro de la cartera, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “El RAyPE las obligaba a reportar su situación de activos y pasivos para operar en cambios (estudios contables cobraban hasta 2.000 dólares por completar los formularios). La eliminación del cepo hace a trámite en gran medida innecesario”.
De acuerdo con el BCRA, la norma tendrá un alcance amplio: beneficiará a más de 24.000 empresas que dejarán de estar sujetas a reportes frecuentes y, en paralelo, alrededor de 1.500 compañías de mayor envergadura deberán seguir con la declaración trimestral, aunque bajo un esquema de requerimientos simplificados que también busca aligerar los procesos internos.
La implementación de esta simplificación está prevista para enero de 2026. Según explicaron, ese plazo responde a la necesidad de adaptar los sistemas de captación y procesamiento de información a la nueva lógica de reportes. El objetivo central es consolidar una base de datos más transparente y precisa, lo que permitirá a su vez disminuir el nivel de deuda comercial declarada por las empresas.
A su vez, los datos son compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que los utiliza como insumo esencial en la estimación de la Balanza de Pagos y en la Posición de Inversión Internacional. También, funcionan como insumos fundamentales para la estimación de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional, “reforzando la transparencia y precisión de las estadísticas nacionales”, afirman en la autoridad monetaria.

En paralelo a estas modificaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la introducción de cambios significativos en el régimen aduanero vigente. El objetivo, en línea con la simplificación administrativa, es modernizar y agilizar los procedimientos asociados a las exportaciones aéreas, en consignación y de cueros.
Uno de los puntos centrales de la reforma fue la eliminación del requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para operaciones realizadas por vía aérea. Según las autoridades, esta medida permitirá reducir tiempos de gestión y simplificar el circuito operativo, con un impacto directo en la actividad de los exportadores que utilizan este canal de salida.
Otra de las novedades introducidas por ARCA está vinculada con la importación y autorización de compras en el exterior de productos alimenticios y de insumos industriales. En este caso, se resolvió simplificar el procedimiento a partir de la incorporación, dentro del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), del aviso de importación y de la autorización de importación de productos alimenticios provenientes de distintos orígenes.
Con esta modificación, será posible presentar, gestionar y validar electrónicamente los certificados de Recepción de Licencias, Permisos, Certificados y Otros Documentos (LPCO). Esto habilitará la interoperabilidad entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la propia ARCA, mejorando la coordinación institucional y reduciendo los pasos administrativos.
La VUCEA, creada en 2016, funciona como un sistema integrado que concentra en una sola plataforma la totalidad de las gestiones asociadas al comercio exterior. A través de ella, empresas, despachantes, transportistas y demás actores de la cadena pueden realizar los trámites vinculados a importación, exportación y tránsito aduanero.
Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de la carga administrativa, la simplificación del cumplimiento normativo y una mayor trazabilidad de las operaciones, factores que contribuyen a generar una logística más clara y previsible.
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