El Gobierno de Javier Milei extenderá a todas las provincias de la Argentina la quita de subsidios en tarifas de energía que anunció la semana pasada para countries, barrios cerrados como Nordelta y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según anticiparon fuentes oficiales a Infobae. Es decir, ese universo pagará más caro por la electricidad y el gas natural que consuman.
La iniciativa representa una profundización del recorte del gasto público, aunque focalizada en sectores de ingresos altos. Se trata de uno de los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una medida que, destacan funcionarios del área energética, no fue implementada durante el kirchnerismo.
La Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, incorporará en los próximos días un nuevo criterio de exclusión dentro del esquema actual de segmentación por ingresos a través de una serie de disposiciones que serán publicadas en el Boletín Oficial. Los usuarios que residan en zonas de elevado poder adquisitivo o donde se paguen expensas significativamente altas perderán automáticamente la bonificación, en caso de estar recibiéndola, explicaron las fuentes.
El subsidio del Estado Nacional permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida respecto al costo pleno de la electricidad y el gas, uno de los componentes de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos), que abonan el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen según los ingresos declarados por cada hogar en relación con la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.
La Subsecretaría publicará en los próximos días una serie de disposiciones para determinar las zonas georreferenciadas donde los hogares quedarán excluidos del subsidio, independientemente de lo declarado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Para identificar estas áreas de alto poder adquisitivo, se solicitará la colaboración de las provincias y se priorizarán grandes aglomerados urbanos como AMBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
También se habilitará una consulta a través de la aplicación Mi Argentina o el sitio web de la Secretaría de Energía, donde los usuarios podrán verificar su categoría, realizar reclamos, actualizar datos y solicitar una reconsideración de su situación.
La semana pasada, el Gobierno anunció que más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en countries y barrios cerrados del AMBA serían excluidos del régimen de subsidios. De ese total, el 44% se había declarado como de ingresos bajos (N2) y el 56% como de ingresos medios (N3). Se estima un ahorro fiscal de $3.000 millones anuales.
Hasta ahora, no se había especificado el marco normativo para implementar esta medida. “A pesar de haberse registrado como tales, gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos similares a los de una PyME promedio”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El nuevo criterio de exclusión se aplicará a nivel nacional.
Según el IIEP (UBA-Conicet), el segmento N1 está compuesto por 6.918.821 hogares (42% del total), N2 por 6.244.657 (38,1%) y N3 por 3.211.792 (19,6%). Es decir, el 60% de los usuarios residenciales aún recibe subsidios, a pesar de una reducción de casi 2 millones de beneficiarios desde que asumió Milei. La electricidad es el servicio más generalizado en todo el país y representa cerca de dos tercios del gasto en subsidios del Tesoro.
El Gobierno también evalúa definir un nuevo esquema de subsidios antes de fin de año, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables. Este cambio permitiría avanzar hacia una desregulación total del sistema eléctrico.
De acuerdo con datos del IIEP para abril, las tarifas eléctricas del AMBA para hogares N1 aumentaron 262% y las de gas, 1.181% desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei. En ese período, la inflación acumulada fue del 149% según la misma estimación. El impacto estacional del consumo también influye en estos números.
El mayor ajuste tarifario se aplicó durante el primer semestre de 2024, con incrementos para transportistas y distribuidoras, además de la quita de subsidios. Posteriormente, el Gobierno optó por una actualización gradual para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria. Actualmente, busca aplicar ajustes más finos sin abandonar la política de recorte del gasto público, que resultó clave para sostener el superávit fiscal en el primer cuatrimestre del año.
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