El fondo que ganó el juicio por la expropiación de YPF sugirió que estaría dispuesto a aceptar bonos como forma de pago

Los inversores que ganaron el juicio por USD 16.000 millones contra la Argentina por la nacionalización de YPF hace más de una década están abiertos a recibir el pago en bonos en lugar de efectivo, según fuentes cercanas a los fondos, indicó la agencia Bloomberg este viernes.

Burford Capital, un fondo de litigios que es el mayor accionista en el caso, aceptaría bonos soberanos u otros títulos negociables, considerando las agotadas reservas internacionales del Banco Central argentino, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las discusiones. Burford adquirió los derechos de la demanda en 2015 por USD16,6 millones de antiguos accionistas de YPF y podría recibir al menos USD 6,2 mil millones si se paga el fallo completo.

La postura más flexible del fondo en cuanto al pago podría marcar una señal de distensión en una disputa que ha complicado los intentos de Argentina por salir de décadas de crisis financieras. Las conversaciones entre representantes de Burford y funcionarios del gobierno no han llegado a ningún acuerdo a pesar de las reuniones en las últimas semanas, indicaron las fuentes. La falta de avances significativos bajo la administración del presidente Javier Milei, quien asumió en diciembre pasado, se da más de un año después de que un juez federal de EE.UU. fallara a favor de Burford.

El Ministerio de Economía y el principal portavoz de Milei no respondieron a las solicitudes de comentarios, indicó la agencia. Hace algunos meses, Milei mencionó la posibilidad de emitir un “bono perpetuo” para resolver el caso de YPF, pero no ha surgido una estrategia concreta. El Banco Central tiene más pasivos que activos, lo que se traduce en reservas netas negativas que dificultan los pagos en efectivo.

Wall Street ha mostrado mayor interés en los bonos argentinos en dólares a medida que Milei implementa estrictas medidas de austeridad y aprueba reformas favorables al sector empresarial en el Congreso. Los bonos soberanos, que hace un año estaban en territorio de alto riesgo, ahora son los que mejor rendimiento tienen entre los mercados emergentes en lo que va de 2024.

Sin embargo, dada la historia de incumplimiento de la deuda soberana por parte de Argentina, sería irónico que Burford aceptara estos bonos como pago. En un caso similar, Paul Singer’s Elliott Management demandó al gobierno argentino por su default de 2001 y mantuvo una batalla legal de 15 años para cobrar la deuda soberana que poseía. Argentina llegó a un acuerdo con Singer y otros inversionistas por USD 4.700 millones en 2016.

La disputa se produce en un contexto recesivo en el país, marcada por una inflación del 200% interanual y el esfuerzo de Milei por mejorar la reputación del país en el exterior. Además del caso de YPF, el mandatario libertario también debe gestionar un programa de USD 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, así como un caso de USD 1.500 millones en el Reino Unido y pagos a los actuales tenedores de bonos que vencen en enero.

La demanda en los tribunales de EE.UU. surge de la expropiación de YPF en 2012. La jueza federal de distrito Loretta Preska falló en 2023 que la nacionalización de YPF violó los estatutos de la empresa, que requerían que la firma hiciera una oferta pública a todos los accionistas.

Argentina está apelando el fallo de Preska, pero no presentó la garantía requerida durante la apelación. Esto llevó a la jueza a dictaminar en enero que el fallo —el mayor jamás ordenado por un tribunal federal en Manhattan— era susceptible de ejecución inmediata, antes de que se resolviera la apelación.

El giro más reciente en el caso se dio el miércoles cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. envió una carta a Preska solicitándole que no permitiera a Burford y otros embargar las acciones de YPF que cotizan en EE.UU. El Departamento de Justicia argumentó que permitir que un litigante privado embargue activos extranjeros en suelo estadounidense podría poner en riesgo los intereses de la política exterior de EE.UU. y la reciprocidad en el extranjero.

Las apuestas son altas para Argentina, no solo en este caso, sino también como una prueba decisiva en los esfuerzos de Milei por atraer inversión extranjera. Las nuevas reformas del Presidente, diseñadas para atraer grandes inversiones extranjeras, permiten específicamente que las empresas resuelvan posibles disputas legales fuera de Argentina si un proyecto no sale según lo previsto.