Tras la disolución de la AFIP y su reconversión en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días para impedir que los gremios del sector impidan el funcionamiento de la recaudación de impuestos.
“El Gobierno nacional –a través de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano–, a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA- ex AFIP), dictó la Conciliación Obligatoria en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo”, señaló la ARCA en un comunicado de prensa, el primero que llegó a los medios de comunicación con la nueva denominación del ente.
La medida estará vigente por 15 días, los cuales podrán ser prorrogados. El comunicado agregó que “con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el gobierno exhorta los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador”.
Para seguir las conversaciones sobre el conflicto, la secretaría de Trabajo convocó a las autoridades de la ARCA y a los representantes gremiales a una audiencia que se realizará el lunes 4 de noviembre a las 11.
El origen del conflicto
El conflicto gremial nació a raíz de la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y crear la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según fuentes oficiales la nueva ARCA tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. “Habrá un 34% menos de ravioles”, dijeron fuentes oficiales. La referencia, en tono informal, pone el foco en los funcionarios que ocupan cargos de tercer y cuarto orden, o más, en la estructura del organismo.
La medida incluye la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados (agentes) que ingresaron, según el Gobierno, de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista. Así, calculan, la medida generará un ahorro presupuestario de $6.400 millones al año.
Previo a esto, el gobierno ya había empezado a achicar la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio último, estableció una reestructuración significativa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo. Aquella medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.
Uno de los efectos clave de aquél decreto fue la eliminación de diversas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal. Los aproximadamente 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se incorporaron a la DGI, reforzando su equipo de fiscalización, que hasta el momento contaba con unos 1.000 agentes. Esta integración tuvo como finalidad optimizar los controles y prepararse para la implementación de las medidas fiscales dispuestas por el Gobierno.
Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.
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