El Gobierno avanza en el proceso de privatización de las represas de Comahue, mientras aún sigue vigente la prórroga de la concesión. Ahora, dispuso que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas sea la encargada de gestionar la venta del paquete accionario.
La medida se hizo oficial mediante el decreto 895/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. A través de esta normativa, el Ejecutivo establece: “Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”.
Se trata de las represas Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. A mediados de agosto, el Ejecutivo dispuso la prórroga por un plazo máximo de año las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas, por lo que no pasaron a manos de la empresa Energía Argentina, como se preveía hace unos meses, para continuar en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.
El decreto de la prórroga es anterior a la creación de la agencia dedicada a la privatización de las empresas públicas, por lo que el Gobierno lo que hizo fue adecuar la normativa vigente para que esa área sea la encargada de avanzar en ese sentido.
De hecho, en el considerando de la norma, alegan que “la Agencia debe intervenir en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de privatización, venta total o parcial de paquetes accionarios, entre otros; como así también participar en la elaboración y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y demás documentación contractual necesarios para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional las adjudicaciones que se realicen en los señalados procesos de privatizaciones”.
En este contexto, dispusieron también que la Secretaría de Energía, en coordinación con la agencia, tendrá la facultad de fijar las pautas del concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades. Tal como indica la normativa, esto “deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: Contrato de Concesión, perímetro y descripción, inventario, seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; normas de manejo de aguas; guardias permanentes; protección del ambiente; seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios”.
A su vez, el Gobierno derogó el decreto 19/2024, que establecía que la cartera de energía debía ser la encargada de nombrar a los directores o interventores de las empresas y sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado haga uso de sus derechos de participación o representación.
Las centrales fueron concesionadas por 30 años en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, hasta agosto de 2023, con la posibilidad de prorrogar los contratos por un año más. Desde entonces hubo una prórroga transitoria para las operadoras que ahora se extendió por hasta un año más.
Este es un tema sensible por dos frentes. El primero es que Neuquén y Río Negro reclamaron en su momento que se las tenga en cuenta para el reparto de los activos. Se amparan en que la Constitución marca la propiedad provincial de los recursos, en este caso las aguas que alimentan la generación hidroeléctrica.
En total la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos USD 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10% y 15% de la matriz energética nacional. Desde este año comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque son de menor caudal de generación, se espera que corran la misma suerte que las del Comahue.
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