La falta de repuestos para autos, por diferentes circunstancias, se sigue agudizando y golpea a comerciantes del sector y a propietarios de vehículos.
La falta de insumos por limitaciones de importaciones y los altos costos perturban el funcionamiento del sector automotor y lo deja al límite de falta de stocks. Y a esa situación, plantea la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva), fundada en 2017 y cuyo objetivo, según reza en su sitio en Internet, es “velar por los intereses de todos los desarmaderos y comerciantes inscriptos”, hay que agregarle un tema poco conocido por el público en general, pero que según la Cámara podría ayudar a recomponer el mercado, es modificar la ley 25.761, de “Desarmado de Automotores y venta de sus Autopartes”, sancionada en agosto de 2003, en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner, para permitir un mayor grado de recuperación de partes.
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Desarmar más, importar menos
“El problema es que en la Argentina la legislación vigente (ley 25.761 y Resolución de la Secretaria de Industria) establecen que de cada vehículo solo se pueden recuperar 30 piezas y el resto debe ser destruido. Esto limita el crecimiento de las empresas dedicadas a esta actividad, así como la generación de empleo, generando además mayor impacto ambiental dado que no se reutilizan la mayoría de las partes”, manifestó José Luis Álvarez, presidente de Carva.
Las compañías de seguro, a través de licitaciones privadas, proveen de vehículos que llegaron al final de su vida útil, los cuales mediante un proceso de desarme son reinsertados al mercado, como repuestos recuperados.
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En Europa sí se consigue
Según la información de Carva, actualmente se descartan más de 35 mil automotores por año bajo esta modalidad. En los países desarrollados los tratadores de autos descartados recuperan entre el 85% y el 95% de las 4.000 piezas que los componen, que a su vez pueden ser de hasta 40 materiales diferentes. Y en países como Alemania y Francia, dice la Cámara, llegan aún más lejos: los autopartistas arman sus vehículos con piezas recuperadas como parte de sus programas de cuidado del medio ambiente.
En la Argentina hay actualmente 164 empresas legales dedicadas a la recuperación y comercialización de repuestos recuperados. Estas empresas, precisa Carva, “generan empleo para más de 1.500 personas, basándose en la premisa fundamental de la adquisición lícita de autopartes usadas, la ética comercial y el cuidado del medio ambiente”
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“Queremos ser parte de la solución, que la gente sepa que podríamos aportar al mercado los repuestos que hoy son escasos, pero necesitamos un cambio en la normativa que establece que solo se pueden reutilizar 30 piezas de los autos que finalizan su vida útil, representando solo el 0,075% del total de piezas que componen un auto”, dijo Álvarez. “Es por ello que solicitamos la modificación del Marco Normativo vigente (Resolución 199/2005 Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa) autorizando a la reutilización del 85% de las piezas (no incluyendo ninguna pieza que afecte la seguridad activa del vehículo salvo que se den los controles previos pertinentes según normalización del INTI) al igual que lo países desarrollados”.
Beneficios
Este cambio, asegura la Cámara, generará importantes beneficios, como la reducción de impactos y emisiones perjudiciales para el medio ambiente; aumento del nivel de actividad del sector; generación de nuevos empleos tanto directos como indirectos; sustitución de importaciones con la consiguiente mejora en la balanza de pagos; desarrollar oportunidades de exportación y colaborar en la reducción del delito de robo de automotores, cuyo principal origen es la imposibilidad de adquirir la mayoría de los repuestos recuperados en el mercado lícito.
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Ya en agosto del año pasado, en un contexto de falta de repuestos y aumento de precios debido al cepo importador, automotrices como General Motors y Ford reforzaron el acceso al mercado de reposición como parte de su estrategia de posventa y ampliaron la venta directa de repuestos y accesorios para solucionar, al menos parcialmente el problema. Aunque en forma diferenciada, el actual gobierno mantiene un cepo diferenciado, con el pago de las importaciones en plazos de 30, 60, 90 y 120 días.
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