Un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenido este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser vinculado con la presunta tenencia de material de explotación sexual infantil.
El sospechoso, identificado con los apellidos Jiménez Cambronero, fue capturado durante un operativo realizado en barrio Chapultepec, en Curridabat, como parte de una investigación que se desarrollaba desde agosto de 2025 bajo el nombre de “Caso Sombra”.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre mantenía en su poder al menos 158 archivos relacionados con pornografía infantil, entre ellos seis videos que contenrían escenas de abuso sexual contra menores de edad.
La detención ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando oficiales del OIJ interceptaron al sospechoso mientras se dirigía a su lugar de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería.
Posteriormente, los agentes trasladaron al detenido hasta su vivienda para ejecutar un allanamiento y recopilar evidencia digital que podría estar vinculada con la investigación.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a análisis forense para determinar si existe más material ilícito almacenado o si hubo distribución de contenido a través de plataformas digitales.
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Según informó el OIJ, el caso comenzó luego de que la empresa tecnológica Meta emitiera una alerta internacional relacionada con actividad sospechosa detectada en una de sus plataformas.
La información fue remitida inicialmente a autoridades de Estados Unidos y, mediante rastreo geográfico del dispositivo utilizado, se logró determinar que la conexión provenía de Costa Rica.
A partir de ello, se inició una coordinación entre agencias estadounidenses y el OIJ, lo que permitió abrir una investigación formal contra el funcionario desde agosto del año pasado.
El caso fue denominado “Sombra” debido a que el sospechoso participaba frecuentemente como cosplayer (disfraz de personaje) en distintas actividades públicas y eventos dirigidos a niños y familias.
De acuerdo con la investigación, el hombre utilizaba un personaje conocido como “Sombra”, con el cual asistía a actividades recreativas vestido con disfraces inspirados en personajes ficticios.
El dato generó especial preocupación entre las autoridades debido a la cercanía que este tipo de dinámicas puede generar con menores de edad en espacios públicos y actividades familiares.
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Sin embargo, hasta el momento, el OIJ no ha confirmado denuncias relacionadas con contacto físico, agresiones o delitos sexuales cometidos directamente contra menores en Costa Rica.
La investigación se mantiene enfocada, por ahora, en la aparente tenencia de material de explotación sexual infantil y el análisis de los dispositivos decomisados.
El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y las medidas cautelares que podrían imponerse mientras avanza el proceso penal.
En Costa Rica, la legislación contempla severas penas para delitos relacionados con pornografía infantil, particularmente cuando existe almacenamiento, distribución o producción de contenido sexual que involucre personas menores de edad.
Las autoridades judiciales han señalado en reiteradas ocasiones que el intercambio de este tipo de archivos suele estar vinculado a redes internacionales y plataformas digitales que operan en distintos países, por lo que la cooperación internacional resulta clave para detectar a sospechosos.
Precisamente, plataformas tecnológicas como Meta están obligadas a reportar actividades relacionadas con explotación sexual infantil cuando sus sistemas identifican contenido sospechoso o patrones asociados con este tipo de delitos.
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En los últimos años, el OIJ ha incrementado las investigaciones relacionadas con delitos informáticos y explotación sexual de menores, especialmente aquellos vinculados con almacenamiento y circulación de archivos en línea.
La Policía Judicial recordó además que la posesión de material de explotación sexual infantil constituye un delito, aunque la persona no haya participado directamente en la producción del contenido.
Mientras continúa el análisis de los equipos electrónicos decomisados en el allanamiento, las autoridades no descartan ampliar la investigación o identificar posibles conexiones con otras personas.
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