Las autoridades judiciales de Panamá dictaron dos sentencias condenatorias en la provincia de Panamá Oeste por delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores.
En el primer caso, la Fiscalía Regional obtuvo una pena de 13 años de prisión para un ciudadano venezolano imputado por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil.
La investigación penal determinó que el individuo difundió un video explícito de forma masiva en un grupo de WhatsApp en La Chorrera durante mayo de 2025, y posteriormente se le decomisó un dispositivo electrónico que contenía grabaciones adicionales de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.
El Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena pactado entre las partes que derivó en la sentencia condenatoria número 340, imponiendo además una inhabilitación absoluta para trabajar cerca de parques y escuelas por un periodo de cinco años adicionales tras cumplir la sanción de prisión.
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En el segundo proceso, el Tribunal de Juicio Oral de Panamá Oeste condenó a 17 años de prisión a un hombre de 50 años por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados. Los magistrados basaron la resolución en el caudal probatorio de la sección de asistencia a juicio que demostró que el imputado se aprovechó de su vínculo familiar como tío de la víctima, una menor de 13 años, para cometer los actos ilícitos en el distrito de Arraiján durante el año 2023.
La sentencia número 065 desglosó la pena en 13 años por violación y 4 años por actos libidinosos, aplicando restricciones severas para ejercer oficios en centros deportivos y parvularios. Paralelamente, en el distrito de San Miguelito, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de un joven de 17 años por su presunta vinculación en la violación agravada de una niña de 11 años ocurrida en Belisario Frías, fundamentando la medida en los riesgos de afectación de pruebas.
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Delitos al alza
El informe del Ministerio Público sobre delitos sexuales refleja un incremento del 5% en las denuncias globales de este tipo penal en el primer cuatrimestre, acumulando 1,980 casos frente a los 1,892 registrados en el mismo periodo del año anterior.
La evolución mensual de la criminalidad sexual muestra una tendencia creciente en la recepción de causas, iniciando en enero con 487 denuncias, descendiendo levemente en febrero a 416, y registrando un marcado repunte en marzo con 538 casos que se estabilizó en abril con 539 expedientes ingresados al Sistema Penal Acusatorio.
Del total general reportado, el capítulo general de violación y otros delitos sexuales acaparó la gran mayoría de la actividad judicial con 1,795 denuncias, mientras que las conductas asociadas a corrupción y explotación sumaron 185 trámites a nivel nacional.
Al analizar los datos, las denuncias por violaciones comunes registraron 646 casos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el año anterior. En contraste, las violaciones familiares o con agravantes graves subieron un 2%, sumando 85 casos, mientras que los abusos sexuales contra adolescentes de entre 14 y 18 años aumentaron un preocupante 18%, alcanzando los 742 expedientes judiciales.
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El comportamiento por meses de este último delito específico de acceso sexual a adolescentes evidenció una aceleración constante en las oficinas judiciales, contabilizando 189 denuncias en el mes de enero, 156 en febrero, 187 durante marzo y alcanzando su punto más elevado en abril con un total de 210 investigaciones iniciadas por los fiscales.
El incremento porcentual más significativo se concentró en la tipificación de pornografía infantil, cuyas denuncias pasaron de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual, lo que representa un alza del 117%. El registro de este flagelo cibernético se concentró con fuerza durante el mes de febrero al registrarse 16 denuncias de impacto inmediato.
Por el contrario, la posesión de este material ilícito reportó una disminución del 10%, contabilizando 9 denuncias en total. En cuanto a otras conductas delictivas, el delito de corrupción de personas menores de edad escaló un 40% con un total de 126 registros, presentando un flujo mensual ascendente que cerró abril con 37 denuncias activas, mientras que la explotación comercial bajó un 50%, reportando únicamente 4 casos ante el Ministerio Público.
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El resto de la incidencia delictiva del cuatrimestre incluyó 306 denuncias por actos libidinosos, 16 por acoso sexual, 3 por relaciones remuneradas con menores de edad y 3 por exhibición de material pornográfico a personas con discapacidad o incapaces. En contraste, los delitos de turismo sexual, omisión de conocimiento y uso de inmuebles para estos fines cerraron el periodo sin registros.
En el desglose territorial por distritos judiciales, el Primer Distrito concentró el mayor impacto operativo con 919 denuncias acumuladas, mientras que el Tercer Distrito Judicial reportó 698 expedientes. En la distribución geográfica nacional, la provincia de Panamá concentra el mayor volumen con 406 casos, seguida de Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194 denuncias.
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