Fideicomiso del Trigo: cómo impactó en los precios de la harina y el pan, qué dice el Gobierno y qué efecto tendrá su final anunciado

El Gobierno nacional anunció que la semana próxima eliminará el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), uno de los 29 Fondos Fiduciarios que dependen del dinero del Estado Nacional y que fueron marcados por el Gobierno para ser “borrados”, en su búsqueda de achicar el gasto público. La pregunta ahora es cómo impactará esta decisión en el mercado y qué cambiará a partir del cierre del fideicomiso.

De parte del Gobierno la postura es clara. “Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que dependen del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.

El impacto en el mercado

El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) fue creado en marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de “garantizar un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.

Todos los fondos del fideicomiso estuvieron dirigidos a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos, que es la que compran las panaderías para hacer pan y para la segunda industrialización. Es la utilizada por las empresas de consumo masivo para producir galletitas, pan de molde, tapas de empanadas, entre otros productos. Dichas empresas, en su mayoría, participaron del programa “Precios Justos”, según indica el sitio oficial Argentina.gob.ar.

Ahora bien, ¿Pudo el FETA cumplir con su objetivo de generar estabilidad en los precios? Los datos relevados por el Indec demuestran que, desde su creación (marzo de 2022) hasta hoy, la bolsa de harina sufrió un incremento del 899% y el kilo de pan avanzó 631%, frente a una inflación general del 614%. De todas formas, se debe considerar que la bolsa de harina que mide el Indec es la versión de un kilo que se vende en los supermercados, no la de 25 kg sobre la que interviene el fideicomiso.

“El fondo era poco transparente y se alimentaba de las retenciones a la soja. Lo recaudado se destinaba supuestamente a subsidiar a la harina de consumo interno, pero había un sólo molino que era el más beneficiado. No lo recibía ni el productor de trigo ni el consumidor”, aseguraron fuentes del sector.

“Lo mejor era eliminarlo. La de más transparencia al mercado. Es fundamental que funcione libre el mercado entre productores, molinos y consumidores”, señalaron.

Otros referentes coincidieron en que los fondos, que según Adorni rondaron los $69.000 millones, “fueron a parar a pocas manos” y pidieron que “se investigue cómo fue el manejo a de los recursos a lo largo de los años”.

Se intentó contactar a fuentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero hubo absoluto hermetismo de parte del Gobierno nacional.

Al igual que los millonarios y sospechosos subsidios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que durante varios años de gobiernos kirchneristas distribuyó “compensaciones” para regular el precio de los alimentos, hasta que fue finalmente disuelta, el FETA también tuvo su cuota de sospechas y denuncias de corrupción.

En junio de 2022 diputados de la Coalición Cívica denunciaron al entonces secretario de Comercio, Roberto Feletti, y aseguraron que el fondo fiduciario benefició solo a un grupo de molinos, lo que a su criterio configuraba el delito de “defraudación contra la administración pública y lavado de activos”.

En su denuncia judicial los legisladores precisaron que “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso para subsidiar la harina que va al mercado interno. De esos tres, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por USD 1.300 millones en deudas, de los cuales, unos $3.000 millones es deuda fiscal y previsional”. La denuncia incluía a Molinos Florencia Sau (perteneciente a Cañuelas) y la Compañía Argentina de Granos (Cagsa), controlante de las dos anteriores. “Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la Oncca logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, denunciaron los dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió.

Las proyecciones

Sin el FETA en funcionamiento, el precio de la harina quedará completamente librado a las fluctuaciones propias del mercado. Según explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario, la presencia de más lluvias por un año Niña llegó tarde para una porción importante de la superficie triguera. “De por sí la falta de agua, consecuencia de tres años Niño consecutivos, recortó la superficie sembrada con trigo en nuestro país. De esta manera, 5,4 millones de hectáreas sembradas en esta campaña representan un mínimo de siete años para el trigo argentino”, explicaron.

No obstante, las lluvias que llegaron apuntalarían los rindes respecto de la olvidable campaña 2022/23. Así, y a pesar de que hay menos hectáreas sembradas con el cereal, los últimos datos de la GEA -Guía Estratégica para el Agro- auguran un alza productiva del 17% para el trigo argentino 2023/24.

“Más producción redunda en un abastecimiento interno más holgado, una mejora en las exportaciones y un repunte de la actividad para muchas actividades complementarias al trigo. A modo de ejemplo, el adicional de 2 millones de toneladas de trigo en esta campaña representa cerca de 70.000 viajes más en camiones hacia los centros de consumo o los puertos argentinos”, subrayaron.

En lo que respecta a los precios, un mayor rendimiento ayudaría a contener los valores de mercado. La duda, aseguraron fuentes consultadas, es si los valores de mercado serán rentables para los productores.