
El ministro del Infraestructura, Guillermo Ferraro, asistió este jueves al Congreso para exponer en el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en la que se debate la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei.
El funcionario defendió y pidió la aprobación del anexo en la norma que prevé un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contiene beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria. Según afirmó, la intención del Gobierno es “que el Estado se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado”.
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El ministro comenzó su exposición con un diagnóstico sobre el desorden macroeconómico, la alta presión tributaria y los cambios de juego constante para luego afirmar que el RIGI podría generar las condiciones para inversión que a la economía en su conjunto le llevaría “un tiempo” alcanzar. “Un tiempo debido a que escasean las divisas, un tiempo debido a que la confianza hay que volver a ganársela, para que justamente el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de iniciador, de emprendedor, de organizador, de creador, y que el Estado al mismo tiempo, y esta es nuestra vocación, se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador, y por supuesto retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar correctamente esa creatividad del sector”, sostuvo.
En ese sentido, Ferraro aclaró que la norma prevé a siete sectores clave de la economía con gran potencial de exportación pero que podrían incluirse más en el futuro. Tal como está redactado el anexo, se destacan la agroindustria, la forestación, infraestructura, energía, minería, gas y petróleo y tecnología.
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“Hay un artículo que determina la características de propiedad privada del proyecto. Esto significa, por fallos de la Corte, que son derechos adquiridos. O sea, estamos tratando de bloquear, desde el punto de vista de quien tiene que tomar la decisión de inversión, esa duda que hay sobre la seguridad jurídica que existe y que hemos demostrado que la hemos vulnerado muchas veces dentro del país”, explicó.

Entre los beneficios que destacó el funcionario se encuentran un mayor crédito fiscal para cancelar obligaciones de IVA, la baja del Impuesto a las Ganancias al 25% con un régimen especial de amortización y en caso de quebrantos el pago al período siguiente y si las pérdidas no fueran absorbidas por las utilidades durante más de 5 años, podrán ser “transferidas a terceros”.
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Donde mayores dudas había era sobre el libre acceso a divisas para importar insumos y la posibilidad de conseguir en tres años la libre disponibilidad de los dólares por las exportaciones que ingresen del proyecto de inversión enmarcados en la normativa. Esos porcentajes son del 20% a partir del primer año, contado desde la fecha de adhesión al régimen cifra que se duplica, es decir por 40% a partir del segundo año contado desde la fecha de adhesión al RIGI y regirá la libre disponibilidad total a partir del tercer año.
“Necesitamos al menos cinco puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible si no participa el sector privado. No solo porque se requieren cinco puntos, no un año, cinco puntos de manera constante, pues son proyectos importantes que hay que llevar adelante y que llevan desarrollarlo muchos años”, advirtió el ministro de Infraestructura.
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“Nuevamente, este marco genérico prácticamente desarma todos los obstáculos llamados el ‘costo argentino’. Entendemos que nosotros vamos a ir llevando la macroeconomía del país a ese marco general. Nuevamente el proyecto lo que intenta es adelantar a hoy la toma de esas decisiones y generar una corriente inversora que va a ser muy importante para el país. Sabemos, conocemos la expectativa que genera esta nueva administración, sabemos y conocemos que no se han tomado decisiones en el pasado que estaban decididas porque existen todas estas trabas y que de aprobarse este capítulo de la ley, durante este año va a generar una corriente de inversión muy grande”, afirmó Ferraro.
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