La reciente adjudicación de tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A. marca un giro relevante en la política extractiva de Nicaragua. Con estas autorizaciones, la compañía suma cinco títulos mineros en apenas dos días, totalizando 57,287 hectáreas de superficie autorizada para la explotación de minerales.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó las concesiones a cielo abierto en los lotes denominados Topacio, Achuapa y Hemco Sid, ubicados en distintas regiones del país.
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Topacio, con 27,002 hectáreas, abarca municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Achuapa, con 18,143 hectáreas, se extiende por áreas de Estelí y León, mientras que Hemco Sid suma 3,752 hectáreas en Matagalpa.
El otorgamiento de estos permisos tuvo lugar después de las sanciones impuestas por Estados Unidos en abril. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, las personas y empresas sancionadas están vinculadas tanto a la generación de fondos para el régimen de Nicaragua como a la apropiación forzosa de propiedades relacionadas con el sector aurífero.
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Hasta este otorgamiento, luego de las sanciones, únicamente empresas chinas habían recibido permisos mineros en Nicaragua. La decisión de autorizar nuevas concesiones a una firma canadiense constituye una modificación en esa tendencia reciente.
Nicaragua otorga el 8.5% de su territorio a empresas chinas para explotación minera entre 2021 y 2026
En los últimos cinco años, el régimen de Nicaragua ha otorgado concesiones mineras a una escala sin precedentes, destacándose la entrega de más de 1 millón de hectáreas a compañías chinas.
Este proceso ha suscitado críticas y derivado en consecuencias económicas, sociales y ambientales. Esta política convirtió al sector minero en un motor económico clave, impulsando exportaciones de oro que en 2025 superaron los USD 1,800 millones, según datos citados por El País.
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Al mismo tiempo, ha provocado denuncias por la afectación a comunidades indígenas y áreas protegidas en el país centroamericano.
De acuerdo con un informe de la Fundación del Río recogido por La Prensa de Nicaragua, entre 2021 y 2026 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo adjudicó 71 lotes mineros a 15 empresas chinas, sumando 1,013,225.44 hectáreas, lo que representa el 8.5% del territorio nacional.
El mayor bloque de concesiones fue otorgado a la empresa Brother Metal S.A., con 14 lotes totalizando 208,959.35 hectáreas, seguida de Thomas Metal S.A., que recibió seis lotes con una extensión superior a 62,000 hectáreas, según La Prensa de Nicaragua.
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También se beneficiaron Nicaragua Zi Jin Minería S.A. y La India Gold S.A. con cuatro concesiones ubicadas en los departamentos de León, Chinandega, Estelí y Matagalpa, superando las 13,000 hectáreas, según Infobae.
La política de concesiones impulsada por la administración Ortega-Murillo no solamente ha modificado la gestión de recursos naturales, sino que ha generado un conflicto con las comunidades indígenas.
Diversas concesiones se adjudicaron sin consulta previa, libre e informada, en contradicción con la Ley 445 y acuerdos internacionales firmados por Nicaragua, según lo informado por El País.
Organizaciones defensoras de los derechos indígenas y ambientales sostienen que esta vulneración facilitó la destrucción de ecosistemas y la expropiación de territorios ancestrales.
El régimen de Nicaragua concedió grandes extensiones de su territorio a empresas chinas para la explotación minera entre 2021 y 2026, entregando el 8.5% del país a 15 firmas chinas.
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El proceso, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, impulsó exportaciones de oro superiores a los USD 1,800 millones en 2025, pero a la vez desencadenó la destrucción de ecosistemas, el impacto sobre comunidades indígenas y sanciones internacionales contra miembros de la familia presidencial, según informaron La Prensa de Nicaragua, Infobae y El País.
En el plano local, la Fundación del Río, citada por La Prensa de Nicaragua, documentó que las concesiones afectan territorios de alta biodiversidad y zonas habitadas por pueblos indígenas que denuncian la falta de consulta sobre la explotación de sus tierras.
Organizaciones internacionales y de derechos humanos han emitido pronunciamientos denunciando un modelo extractivo que prescinde del consentimiento de las comunidades originarias y compromete la integridad ambiental de Nicaragua.
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Según datos recopilados por El País, la creciente presencia de capital chino transforma la relación geopolítica de Nicaragua e influye en su integración a las cadenas globales de minerales estratégicos.
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