El atraso en los principales precios relativos de la economía durante el Gobierno de Alberto Fernández es uno de los objetivos que tiene en mente el equipo económico de Javier Milei. Allí se encuentra la nafta, las tarifas de luz y gas, prepagas, transporte y el dólar oficial. Cálculos privados advierten que corregir esos desequilibrios implica en primera instancia duplicar la inflación en el corto plazo, en el marco de los niveles más altos de las últimas tres décadas. A eso habrá que sumarle los efectos de “segunda ronda” que pueden generar los aumentos.
La clave del nuevo Gobierno estará en el éxito de su plan para mostrar en el mediano plazo un alivio en la inercia inflacionaria. Los ejes serán la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal, eliminar la asistencia monetaria al Tesoro y acumular reservas. En los próximos meses se espera un estancamiento de la actividad económica y un mayor deterioro del cuadro social, algo que puede limitar la acción de la nueva gestión que comienza el 10 de diciembre.
La consultora Equilibra destacó en su último informe que la presidencia de Alberto Fernández cerrará con una inflación acumulada en torno al 916%, con un promedio mensual de casi 5%, muy por encima de las últimas dos administraciones, y del 80% anualizado. En paralelo, señalaron, las categorías del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Indec mostraron incrementos de 1.292% en estacionales, 979% en la núcleo y 564% en regulados por el Gobierno: 455% en servicios públicos y 695% en regulados sin esos servicios.
El trabajo detalló que para equiparar los precios regulados con el nivel general la nafta debería aumentar 45,5%, las tarifas de energía 146,8%, el transporte público 83,3% y las prepagas 39,2 por ciento. Con ese cóctel, la inflación treparía casi 7 puntos, según la estimación de Equilibra.
“Es interesante notar desde el punto de vista fiscal, que sólo la suba de tarifas energéticas y de transporte público ayudarían a bajar el gasto público vía menor necesidad de subsidios. La suba de precios de las prepagas descomprimiría la situación crítica de rentabilidad del sector, a costa de mayores costes para las familias que contraten dichos servicios. Por último, en este ejercicio sólo captamos el impacto directo de la suba de nafta sobre el IPC, y no el indirecto que genera el impacto de combustibles más caros sobre los costos logísticos que afectan significativamente a la producción de bienes y servicios de la economía y el transporte público”, aclararon.
Por su parte, el dólar oficial mayorista se mantiene en $361 y el mercado comienza a pensar qué pasará con ese tipo de cambio después del cambio de mando presidencial. El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que un precio “razonable” sería de entre $600 y $650, en línea con lo que manifestaron algunos referentes empresarios durante la última semana y con lo que se le reconoce por estas horas a los exportadores.
El consenso generalizado del mercado es que ese retraso deberá corregirse si es que se quiere generar los incentivos necesarios para que el BCRA pueda sumar reservas. Llevar el tipo de cambio mayorista al rango del exportador implicará una suba de 40% que “sumaría un poco más de 3 puntos de inflación si la suba del dólar de importación no modifica el precio del dólar MEP/CCL ni el exportador. El aporte sería acotado por dos razones: la mayoría de los rubros importados del IPC toman en cuenta –en mayor o menor medida– las cotizaciones financieras en su formación de precios; y, noviembre captaría el impacto inflacionario de la generalización del dólar exportador al resto de los bienes y servicios”.
“Corregir de una el atraso de precios relativos (regulados y tipo de cambio de importación) acumulada durante la administración de Alberto Fernández generaría una suba de más de 10 puntos de la inflación en el corto plazo. Producto de la elevada inercia inflacionaria, el shock subiría la tasa mensual de inflación varios escalones, y como esta se mantendría elevada, el IPC anual terminaría trepando mucho más que el impacto inicial estimado para corregir el atraso. Tras el ajuste de precios relativos, se necesitará un plan de estabilización”, concluyó Equilibra.
El peligro de avanzar en ese camino es que, según las primeras mediciones privadas, la inflación volvió a ubicarse por encima del 10% en noviembre después de la baja de octubre (8,3%) tras las disparadas de agosto (12,4%) y septiembre (12,7%) que generó la devaluación posterior a las PASO. En definitiva, las variaciones del IPC mensual podrían duplicarse y, dado la pérdida del poder adquisitivo y una pobreza cerca del 43%, profundizar el descontento social.
Un informe de Romano Group, en base a datos del Indec, estimó que la “inflación reprimida” acumulada desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023, último dato disponible, es del 33 por ciento.
La consultora detalló que de los grandes rubros del IPC los de mayor retraso en términos reales, es decir descontando la inflación general durante los últimos casi cuatro años, son: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (38%), comunicación (37%), bienes y servicios varios (19%), educación (18%), transporte (10%), salud (8%) y bebidas alcohólicas y tabaco (6 por ciento).
Los capítulos de mayor incremento real en el período fueron: prendas de vestir y calzado 36%, restaurantes y hoteles 25%, alimentos y bebidas 10%, recreación y cultura 5% y equipamiento y mantenimiento del hogar 4 por ciento.
Al respecto, el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli, destacó que si todos los rubros ajustaran al ritmo del que más subió la inflación podría saltar al 50% mensual, casi quintuplicando los niveles que se observan desde agosto, que igualmente son los más altos en tres décadas.
“Sin duda eso no se puede hacer de golpe porque se vería un descalabro social bastante importante. Es difícil que tocas eso no lleve a una nominalidad de 20% o 25% a partir de diciembre. El límite que impone la calle es bastante fino, por eso no es casualidad que Milei avisara que la única caja flexible va a ser la de capital humano. Imagino que el camino va a ser paulatino con asistencia estatal”, sostuvo Vitelli en una nota reciente para Infobae.
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