Déficit: cuáles fueron los sectores con mayores recortes este año y por qué hace cuatro meses que crece el gasto

El Gobierno llegará a las elecciones del próximo domingo luego de transitar cuatro meses de expansión en el gasto público tras un año consecutivo de recortes, y con algunos sectores críticos en el presupuesto que tuvieron podas considerables. El principal es el de los subsidios a las tarifas de energía, que disminuyeron en esa cuenta un 25% en el lapso enero-octubre en comparación con el mismo período del año anterior.

La tendencia de los últimos cuatro meses, entre julio y octubre, es el de un crecimiento en el gasto, de acuerdo al monitor que elabora todos los meses la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese período de expansión en las erogaciones interrumpió un año consecutivo de caída en términos reales que coincidió con el recambio de autoridades del Ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán.

Ese fenómeno se da en paralelo a otros dos, como reflejó Infobae: por un lado, el crecimiento marcado en los últimos dos meses de la cantidad de pagos pisados por el sector público, lo que provoca un aumento de la deuda flotante y una diferencia más clara entre el gasto devengado (es decir, comprometido) y el base caja (lo efectivamente abonado). Y, por otra parte, un alejamiento de Hacienda de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno todavía sostiene, y que implica un techo de 1,9% del PBI de déficit primario cuando finalice el año.

Con los datos oficiales de base caja hasta septiembre, el déficit primario orilló el 1,5% del Producto, lo que deja al último trimestre con un margen de 0,4 puntos del PBI de crecimiento del rojo primario. La situación es crítica porque los últimos tres meses suelen registrar, de manera estacional, un crecimiento en el ritmo de ejecución presupuestaria, lo que hace acelerar el ritmo de gasto.

Un informe de este martes de la OPC marcó que la ejecución presupuestaria hasta octubre es de 72,9%, varios puntos por debajo del 78,7% que marcaba a esta altura del 2022. Con todo, el informe del organismo que depende del Congreso y que es presidido por el economista Gabriel Esterelles mostró que hay un punto de quiebre en las cuentas públicas a partir de la segunda mitad del año: mientras en el primer trimestre hubo un recorte real de 9,8%, durante los cuatro meses siguientes hubo expansión –bajo criterio devengado, es decir, gasto comprometido– en un rango de entre 0,7% y 3,6% mensual.

Pero el trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso además hizo un análisis pormenorizado por sectores sobre qué áreas del gasto tuvieron los recortes más pronunciados en los primeros diez meses del año. Entre los más representativos, los subsidios energéticos cayeron 25,8 por ciento como consecuencia de las actualizaciones en las boletas en lo que va del 2023. La OPC calculó que las tarifas cubren el 46% del costo de generación de la energía, mientras un año atrás era de 35,7 por ciento.

En el gasto social también hubo un ítem con una marcada poda. Las asignaciones familiares cayeron en términos reales 28,5% “principalmente por la menor incidencia del refuerzo mensual (complemento) y el diferencial entre la movilidad de la actualización de las prestaciones y la inflación. Este último factor también influyó en la caída de la Asignación Universal por Hijo (-16,2% anual real)”, indicó el organismo. Respecto al gasto previsional -no jubilaciones- la caída fue de 10,2%, “como consecuencia de la evolución del gasto previsional de Anses neto de bonos”, que fue de 9,5% real.

Las jubilaciones propiamente dichas también tuvieron un recorte de 3,5% en términos reales. “Principalmente por el diferencial entre la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos compensatorios otorgados a los jubilados y Jubilaciones pensionados de menores ingresos”, dijo la OPC. “El gasto ejecutado por Anses (-4,5% anual) está compuesto por $7.762.286 millones (-9,5% anual) en conceptos habituales y $713.821 millones (141% anual) en complementos extraordinarios (bonos)”, detallaron.

También cayeron Otros programas sociales (-6,1%), que incluye caídas en el programa Potenciar Trabajo (-1,5%), políticas alimentarias (-4,1%), programa Acompañar (-10,1%) y que fue compensada por un incremento en las becas Progresar (20 por ciento).

La inversión real directa cayó 0,4% en los primeros diez meses del año. “Obras de la Dirección Nacional de Vialidad, $209.790 millones (-14,0% anual). Compra de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad, $52.491 millones (-29,7% anual)”, mencionó el organismo que depende del parlamento.

Por el contrario, hubo crecimiento en Otros gastos corrientes (23,1%), transferencias a universidades (13%), Otros subsidios (10,3%), Subsidios al transporte (11,7%), Gasto en personal (8,8%), Transferencias de capital (7,6%), Pensiones no contributivas (4,4%) y Transferencias a las provincias (1,2 por ciento).

Un informe reciente de Analytica había considerado que “en octubre, el gasto real devengado sin estacionalidad aumentó un 2,1% respecto de septiembre, y en términos interanuales mostró un crecimiento del 3,4 por ciento. Si se excluyen los subsidios energéticos, el incremento es del 7,5 por ciento”, midió Analytica.

“Entre las partidas con mayores ajustes respecto a octubre 2022 figuran las asignaciones familiares (-42%) y por hijo (-28,8%), los subsidios económicos (-33%) y las transferencias destinadas a jubilaciones y pensiones (-6,3 por ciento). Por otro lado, se registraron incrementos interanuales en las transferencias corrientes a provincias (+53,2%), al gasto en personal (+13,3%) y a la obra pública (+11 por ciento)”, recopiló esa consultora.

Según esta metodología de gasto devengado, de los últimos cuatro meses, en tres las erogaciones crecieron interanualmente. Fue de 2% en julio, 4% en agosto, una caída de 0,3% en septiembre y nuevamente una expansión del 3% de octubre.

Respecto al ritmo de pagos atrasados, la consultora Sarandí consideró que es una “martingala” a la que puede acudir el Poder Ejecutivo para evitar un desborde fiscal en los últimos meses del año. La deuda flotante se trata de un número, medido por la Tesorería, que depende del Ministerio de Economía, que refleja el nivel de atraso en el pago de las erogaciones ejecutadas de manera efectiva que acumula la Administración Central.

El último dato actualizado de deuda flotante da cuenta de un nuevo aumento, en agosto, el mes de las elecciones primarias y la devaluación. La información de Tesorería a la que tuvo acceso Infobae mostró que a fines de septiembre sumaba casi $1,9 billones, lo que implicó un incremento de unos $600.000 millones en los últimos dos meses.