Aunque el gasto subió en octubre, Economía afirma que cumplirá con la meta fiscal anual pactada con el FMI

El Gobierno ingresará desde este mes en el tramo del año en elque, estacionalmente, el gasto público tiende a acelerarse para cumplir con los últimos pagos del año. En ese contexto, y con una meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario bajo presión, los primeros números muestran que en octubre habría crecido el ritmo de gasto público y que, así, se modera el ajuste que realizó el Poder Ejecutivo en lo que va del año.

Hubo en octubre una conjunción de elementos que explicaron esa tendencia, que fue advertida en las últimas horas por un informe de la consultora Analytica. Por un lado, la recaudación impositiva en el décimo mes del año cayó en términos reales un 7,6% según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Por otro, el paquete de medidas post devaluación de agosto comenzaría a reflejar un impacto mayor en las cuentas públicas a partir de octubre.

Para la consultora Equilibra el costo de esos anuncios ronda los $2,7 billones, lo que implicaría una presión sobre el gasto total equivalente a 1,5% del PBI. De hecho, para ese centro de estudios, el déficit primario de este año terminaría en torno de 2,8% del PBI.

“Es cierto que hubo que hacer erogaciones o falta de ingresos mayores a lo que se esperaba, pero tampoco estamos hablando de desbordes fiscales enormes”, aseguran de todas formas en el Ministerio de Economía. Así, todavía sostienen el 1,9% del PBI original previsto en el acuerdo con el Fondo como techo al déficit primario, lo que implicaría, si eso se cumpliera, una reducción desde el 2,3% del Producto con que había terminado el 2022. “Pocos gobiernos harían eso de tener menos déficit que en un año normal”, se defienden.

Las primeras cifras de octubre que recogió Analytica, la consultora que dirige Ricardo Delgado y que midió el desempeño del gasto con un criterio devengado -es decir comprometido pero no necesariamente ya pagado- reflejan un crecimiento en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. Las oficiales de la Secretaría de Hacienda -que siguen el método de base caja, es decir lo que efectivamente se pagó- se conocerán dentro de dos semanas.

“En octubre, el gasto real devengado sin estacionalidad aumentó un 2,1% respecto de septiembre, y en términos interanuales mostró un crecimiento del 3,4 por ciento. Si se excluyen los subsidios energéticos, el incremento es del 7,5 por ciento”, midió Analytica.

“Entre las partidas con mayores ajustes respecto a octubre 2022 figuran las asignaciones familiares (-42%) y por hijo (-28,8%), los subsidios económicos (-33%) y las transferencias destinadas a jubilaciones y pensiones (-6,3 por ciento). Por otro lado, se registraron incrementos interanuales en las transferencias corrientes a provincias (+53,2%), al gasto en personal (+13,3%) y a la obra pública (+11 por ciento)”, recopiló esa consultora.

“Considerando el acumulado en los primeros diez meses del año, el gasto devengado real se redujo un 5,7% interanual. En esta línea, las partidas con mayor caída fueron asignaciones familiares y AUH (-28,2%), subsidios económicos (-20,1%), en particular los destinados a energía (-25,9%) y los gastos en bienes y servicios (-9 por ciento)”, concluyeron.

Según esta metodología de gasto devengado, de los últimos cuatro meses, en tres las erogaciones crecieron interanualmente. Fue de 2% en julio, 4% en agosto, una caída de 0,3% en septiembre y nuevamente una expansión del 3% de octubre.

En base a datos oficiales hasta septiembre, la consultora Sarandí, por su parte, aseguró que “el gasto público consolidado registró una caída en siete de los nueve meses del 2023 con datos disponibles. Incluso en agosto y septiembre, meses electorales por excelencia, el gasto se contrajo 5,9% promedio real”, consideraron.

“El bloque de ‘prestaciones sociales’ es el más relevante del presupuesto. Representa un 54,6% del gasto y se compone por mayoría de cuentas ajustables por inflación. En este segmento se presenta un recorte real del 5,5% con datos al tercer trimestre del año. Este ajuste hace buena parte del ‘trabajo sucio’ para evitar que el déficit se dispare, dada su alta incidencia y su gestión centralizada en la órbita de la administración central”, continuó esa consultora.

“Hay margen para poner en caja la meta de déficit apelando a martingalas contables, como llevar al límite la deuda flotante permitida y pisar la ejecución en las áreas poco relevantes”, concluyó Sarandí. Esa es precisamente una de las herramientas a las que viene acudiendo Economía para mantener a raya una parte del gasto.

La deuda flotante se trata de un número, medido por la Tesorería, que depende del Ministerio de Economía, que refleja el nivel de atraso en el pago de las erogaciones ejecutadas de manera efectiva que acumula la Administración Central.

Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.

El último dato actualizado de deuda flotante da cuenta de un nuevo aumento, en agosto, el mes de las elecciones primarias y la devaluación. La información de Tesorería a la que tuvo acceso Infobae mostró que a fines de septiembre sumaba casi $1,9 billones, lo que implicó un incremento de unos $600.000 millones en los últimos dos meses.

La deuda flotante forma parte de las metas consideradas de segundo orden de importancia en el programa -como la del piso de gasto social o el tope de intervención en el mercado de futuros- pero el Fondo Monetario le asigna un lugar especial a esa cifra. La cifra techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo fue redefinido en el último informe y pasó a ser, así, de $1,36 billones.