Estiman que las medidas del gobierno compensan la inflación sólo en forma parcial

El “Programa de fortalecimiento de la actividad económica y el ingreso” anunciado en una cadena de mensajes por redes sociales por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo pasado, que el presidente Alberto Fernández bautizó “Plan Justicia” y del que se van conociendo detalles a través del Boletín Oficial, no podrá compensar el aumento de la inflación del bimestre agosto-septiembre impulsada por el “salto cambiario” del día después de las PASO, precisa un informe.

Cabe recordar que las principales medidas del paquete respecto de los ingresos de empleados y jubilados son el pago de dos cuotas de $30.000 para asalariados del sector privado y del sector público nacional (más la “invitación” para que las provincias hagan lo mismo, aunque 14 ya anunciaron que no lo harán), el pago de 3 bonos de $37.000 para jubilados que perciben la mínima, (más la devolución de hasta $18.000 mensuales de IVA en compras con tarjeta), dos cuotas de $25.000 para trabajadores de casas particulares y dos cuotas de entre $10.000 y 23.000 para perceptores de la tarjeta Alimentar y del plan Potenciar Trabajo, amén de la exención por 6 meses del “componente impositivo” de las cuotas de monotributistas (categorías A a D) a la AFIP.

Medidas versus inflación

Al comparar esos beneficios con la masa de ingresos fijos del período septiembre-octubre-noviembre, la consultora Equilibra precisó que las medidas agregan 1,6% a la masa de ingresos de los asalariados y de 5,9% a la de los jubilados durante el trimestre, lo que resulta en un extra conjunto de 2,3% para el trimestre y aumenta levemente, a 2,5%, si solo se toma el bimestre septiembre-octubre (ver gráfico).

“Pese a que la mejora del ingreso promedio de las familias por las sumas fijas a trabajadores y beneficiarios de planes sociales, la exención de impuestos y la devolución del IVA a jubilados es significativa, ésta no pareciera compensar la aceleración inflacionaria post-devaluación. Antes de las PASO estimábamos una tasa de inflación acumulada del bimestre agosto-septiembre de 15,5% y tras el salto cambiario esperamos que roce el 25%”, dice un pasaje del informe.

“Queda claro –continúa- que el ingreso de las familias de mayores ingresos que no percibieron mejoras por las medidas anunciadas no podrá compensar en el corto plazo una aceleración de más de 9 puntos en la inflación del bimestre agosto-septiembre. Ahora bien, dado que las medidas benefician a las familias de menores ingresos, es probable que estas reciban mejoras suficientes para que sus ingresos reales no caigan”.

Esa afirmación probabilística depende, claro está, de algunos supuestos. Como ejemplo, el estudio señala que un matrimonio con un solo ingreso laboral de $300.000 mensual percibirá una mejora de ingresos más allá de paritarias del 10% durante dos meses (las cuotas de $30.000), lo que le permitiría compensar la aceleración inflacionaria mencionada.

Impacto fiscal y FMI

En cuanto al costo de las medidas y su impacto sobre las cuentas públicas y el cumplimiento del acuerdo con el FMI, el estudio calculó el costo total del paquete en $1,5 billones, equivalente a 0,8% del PBI, pero solo 0,3% será absorbido por el Tesoro y el resto por agencias públicas como la Anses, el BNA y el BICE, amén de las empresas privadas.

En cuanto a cómo afecta el acuerdo con el Fondo, Equilibra recuerda que las metas fiscales no fueron cambiadas en la reciente revisión y se mantiene la reducción de un déficit de 2,4% del PBI en 2022 a 1,9% este año.

“Según los datos oficiales, a julio el déficit acumulado es de $2,2 billones (1,3% del PBI) y el margen para cumplir la meta es muy acotado. El segundo semestre es estacionalmente más deficitario y en diciembre el déficit puede llegar a 1% del PBI. Según el FMI, para cumplir la meta el gasto primario debería reducirse 11% interanual en términos reales (descontada la inflación). Pero según Equilibra, en el mejor de los casos el gasto fiscal caerá 10 por ciento. A menos, claro está, que la aceleración inflacionaria licúe el gasto fiscal y el gobierno incurra en una nueva ronda de medidas “compensatorias”.

El informe hace algunas precisiones adicionales sobre la relación con el FMI y la situación macroeconómica.

Sobre el último desembolso del organismo, de USD 7.500 millones, calculó que sólo unos US$ 3.600 millones permanecían en las reservas internacionales al cierre del martes, tras la devolución de USD 1.000 millones a la CAF, 800 millones a Qatar y 1.700 millones a China. De este modo, de los USD 29.000 millones de reservas internacionales brutas, se estima que unos USD 7.600 millones son dólares líquidos, 3.600 millones son DEGs (la “moneda” del FMI), USD 3.800 millones son tenencias de oro y 14.000 millones están en yuanes, la moneda china. Contemplando sólo pagos y desembolsos del FMI y sin considerar otras variaciones, Equilibra calculó que las Reservas Internacionales netas serían negativas en USD 5.400 millones, contra una meta de USD 3.300 millones positiva. Por eso, afirma, “la meta de acumulación de RIN para 2023 luce prácticamente imposible de alcanzar”.

En cuanto a la política cambiaria, Equilibra cree que el gobierno sostendrá el congelamiento del dólar oficial al menos hasta las elecciones generales acumulando un atraso cambiario similar al pre-PASO, pero deberá luego corregirlo para reducir la brecha y destrabar nuevos desembolsos del FMI. Y dice que fijar el dólar oficial en $ 350 hasta las elecciones podría sostenerse, pero a costa de crecientes restricciones a las importaciones, graves problemas de abastecimiento, más inflación y recesión y mayor presión cambiaria que llevaría a otra “ampliación significativa” de la brecha antes de las elecciones.

“La combinación de ambos factores en un contexto de mayor nominalidad –concluye el informe- es peligrosa para la estabilidad económica y financiera.

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