El drama de alquilar: una encuesta registró que el 63% de los inquilinos porteños se endeudaron para acceder a la vivienda

Un informe privado determinó que el pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la Ley de Alquileres sancionada en 2020 y se endeudan para poder pagar. Esta precariedad económica y habitacional quedó en evidencia por los resultados de un relevamiento que realizó un grupo de organizaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De la investigación surgió que el 63% de los hogares declara estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler de la vivienda que habitan. Además, los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados con familiares y amigos.

Esta información está en línea con la situación que atraviesa el sector inmobiliario. La oferta de viviendas en alquiler se desplomó. Según algunas consultoras en sólo un año se retiró del mercado el 30% de inmuebles. Propietarios disconformes con la actual normativa no quieren volver a alquilar sus inmuebles; prefieren venderlos y ofrecerlos en locación temporaria. Otra distorsión sin antecedentes son los aumentos de precios que superan el 126% interanual en la mayoría de las zonas de la Argentina, muy por encima del 95,93% que marcó el Índice de Contratos de Locación (ICL) que reguló el Banco Central para mayo.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del Conicet, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad de San Martín (Unsam) y la Red Contested Territories hicieron el relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.

Alta incidencia

La encuesta refleja uno de los principales problemas socioeconómicos del universo de inquilinos: la alta incidencia del alquiler sobre sys ingresos. Hay un 6% más de inquilinos empleados que en 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, una porción cada vez más alta de sus ingresos es para pagar el alquiler. En 2021 el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32 por ciento.

Desde el equipo de la ACIJ informaron a Infobae que la crisis en el mercado del alquiler se profundizó en los últimos años. Un estudio del economista Sergio Rosanovich muestra que la caída del stock de viviendas ofertadas para alquilar se inició en 2019 y se afianzó con la irrupción de la pandemia y la entrada en vigencia del decreto 320/20 (que determinó el congelamiento de los alquileres, la renovación compulsiva de los contratos y la suspensión de los desalojos por un año). “La suba de los precios de alquiler se asocia con esa retracción de mercado, la alta volatilidad cambiaria y la inflación creciente desde 2018; todos estos factores se profundizaron en los últimos años y, con ellos, los problemas del mercado de alquiler”, dijeron desde ACIJ.

Para hacer rentable la inversión en viviendas, miles de propietarios -tentados por la posibilidad de cobrar en dólares, optan por locaciones temporarias o turísticas- retirando sus unidades del mercado de alquiler tradicional. “El alquiler regular en pesos, aunque recuperó rentabilidad respecto de años anteriores, es significativamente menos rentable que el orientado al turismo. Este último también es ilegalmente empleado para el alquiler residencial, precarizando las opciones de locación residencial que prevé la Ley de Alquileres. Como señala el informe, un altísimo porcentaje de quienes alquilan lo hacen en condiciones muy lejanas a las regulaciones vigentes”, ampliaron desde la ACIJ.

El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió en la encuesta que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito.

Especialistas sostienen que la Ley de Alquileres, es la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación.

Pero la ley fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección. Entre otras medidas, la nueva legislación aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre locador y locatario. El informe precisa que la mitad de los hogares inquilinos encuestados alquila sin contrato escrito y más del 60% asume aumentos por fuera de la ley. Esto es así incluso entre aquellos que alquilan por inmobiliaria: el 11% manifestó hacerlo sin contrato, y el 33,2% que les impusieron aumentos por fuera de la ley.

Cómo se sale de la encrucijada

Hay propietarios que no quieren volver a poner su vivienda en locación tradicional hasta que no se aclare el panorama económico. Otros los retiran en tanto no haya normas de desalojo exprés por no pago de los inquilinos que adeuden más de tres meses. Los inquilinos deben hacer malabares para, primero, encontrar una vivienda y, luego, pagar regularmente los altos precios.

“Mientras la inflación sea superior al 100%, es esperable que el alquiler suba en esa proporción. Asimismo, que los precios de compra-venta estén dolarizados y los alquileres en pesos, en contextos de devaluación, desincentivan la oferta”, dijeron en ACIJ, planteando la necesidad de que se implementen políticas complementarias que, por un lado, incentiven la oferta de alquiler privado y, por otro, generen respuestas habitacionales a partir de la producción pública.

Sobre si debe eliminarse el método de ajuste a través del ICL, desde la ACIJ concluyeron lo siguiente: “Desde una perspectiva de derechos, privilegiaríamos el derecho de acceso a la vivienda de inquilinas e inquilinos, por sobre el de renta. Sería más adecuado que el incremento se vincule a los ingresos familiares que a la inflación”.

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