La nueva moratoria previsional: cuánto gasta el Estado en jubilaciones y qué impacto tendrá la nueva ley

En plena tarea del equipo económico de ordenar las finanzas públicas, no sólo para cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario -ahora bajo revisión- sino también por las dificultades para financiar un desequilibrio mayor, el Congreso sumó durante la semana un nuevo desafío. Técnicamente, agregó un nuevo gasto, que no es menor en el contexto de “manta corta”, tal como lo definen consultores y economistas, incluso funcionarios del Gobierno.

La flamante Ley de Moratoria Previsional, que permitiría según las propias estimaciones del proyecto, incorporar unos 740.000 nuevos jubilados al sistema previsional, tendrá un impacto decisivo en los aportes que deberá hacer el Tesoro a la recaudación de aportes de la Anses ya que la cifra equivale a 10% de las prestaciones hoy vigentes.

Una breve radiografía expuesta por el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina, detalla que, en 2022, el gasto en jubilaciones del régimen nacional fue de 7,8% del PBI, de los cuales las moratorias son el 2,3% del PBI. El Tesoro nacional, destacó el economista, tuvo que transferir fondos al sistema previsional por 2,7% del PBI.

“Es decir que las moratorias son decisivas para explicar el déficit fiscal”, sostuvo Colina.

Su colega Jorge Vasconcelos, coordinador del Ieral de Fundación Mediterránea, aclaró un punto clave: “la alternativa a la moratoria previsional no es la desprotección”, afirmó y recordó la existencia de la Prestación Básica Universal para Adultos Mayores (PUAM), que iguala la edad jubilatoria de la mujer y el varón en 65 años, a la que consideró “financieramente sostenible porque equivale a 80% de la jubilación mínima y previene contra la doble cobertura”.

Se entiende por doble cobertura aquellos beneficiarios que reciben la jubilación por moratoria además de la pensión contributiva por el cónyuge fallecido. Según Colina, actualmente hay 3,6 millones de jubilaciones con moratorias, de las cuales 800.000 ya duplicaron con una pensión por viudez por lo que 1 de cada 4 mujeres con moratoria ya tiene dos beneficios

La nueva ley desacomoda a tal punto todas las proyecciones oficiales, al menos las vertidas en el Presupuesto de este año, que aun sin contemplar el impacto de la sequía que ya retacea recursos de manera directa e indirecta por el menor nivel de actividad económica, el déficit fiscal aumentaría 0,3% PBI este año según los cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar la ley cuando se presentó el año pasado. Huelga señalar que será vía aportes del Tesoro, que ascenderían a 3% del PBI, que se deberá financiar la nueva moratoria.

Aunque la cifra pueda, eventualmente, considerarse “un desvío menor”, lo cierto es que suma un nuevo gasto difícil de afrontar a contracorriente de los ingresos, que están en baja.

Un informe de la consultora Equilibra, dirigida por el economista Martín Rapetti, de habitual diálogo con el equipo económico, anticipó la dinámica fiscal de este año, en gran parte determinada por las jubilaciones. Esto porque, destacó, se mantuvo este año un pago adicional a las jubilaciones mínimas de $10.000, bono que a partir de este mes se eleva a $15.000. Para la consultora, es uno de los elementos que “hacen pensar que el aumento de gastos tendrá un carácter más permanente” ya que consideró “altamente probable” que se mantenga la política de bonos para complementar el monto de las jubilaciones mínimas.

Sumado a eso, advirtió, la propia fórmula de movilidad implica que en el segundo semestre del año el gasto en prestaciones aumentará 3%, siempre en términos reales, respecto a la primera parte del año. A esa cifra se debe ahora sumar el gasto que implica la nueva moratoria y que viene confirmar la presunción de que, en vez de reducirse, el gasto aumentará como ocurre habitualmente, en pleno año electoral. Así, el resultado será que el desequilibrio fiscal crecerá ya no sólo por el impacto de la sequía, cada vez más profundo, un argumento que el Fondo Monetario consideró atendible.

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