Las tratativas están avanzadas y la predisposición de los bancos a alcanzar una solución a la montaña de vencimientos de deuda en pesos que opera durante el segundo trimestre no podría ser mejor. Sin embargo, el diablo está en los detalles y la negociación se trabó en las últimas horas por diferencias en torno a un aspecto clave: la opción de venta o put, en la jerga financiera, que funciona como un seguro de rescate que el Gobierno puso sobre la mesa para que las entidades acepten canjear sus tenencias por títulos con plazos mayores al año.
Ante la indefinición, desde las oficinas del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y también desde el despacho del vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, cancelaron sobre la hora un encuentro previsto para la tarde de ayer con administradores de carteras y fondos comunes de inversión (FCI), quienes ahora esperan ser convocados la próxima semana tras el cierre de la discusión con los bancos.
El rol de los FCI resulta clave: si bien concentran una tenencia mucho menor a la de los bancos, aún detentan el 9% de los bonos, que equivale a unos $540.000 millones a vencer antes de julio.
En concreto, fuentes involucradas en la negociación confiaron a Infobae que la propuesta que se negocia involucra canjear todos los títulos cuyo vencimiento opera entre este mes y junio inclusive por un menú de 3 bonos, ajustados por CER y también “duales” -aquellos que pagan el mejor rendimiento entre la evolución de la inflación o el tipo de cambio oficial- a vencer en agosto de 2024, octubre de 2024 y marzo de 2025. La idea es repartir 60% de los vencimientos actuales entre las fechas de agosto de 2024 y marzo 2025, mientras que el 40% vencería en octubre de 2024.
Todos los títulos contarían con un put, una especie de “garantía” de rescate en principio del Banco Central, que es precisamente el punto que impidió, por ahora, cerrar la cuestión.
En rigor, ese mecanismo ya funciona pero, tal como está diseñado, el put se activa a un nivel de tasa 200 puntos básicos más alta que la del día anterior (es decir, cuando es marcada la caída del precio del bono). Los bancos rechazan ese umbral y la posibilidad, que también sobrevoló, de que el put quede a cargo del Tesoro. Por eso, piden llevarlo a apenas 50 puntos básicos. Con esa condición aceptada, según trascendió, las entidades financieras canjearían 50% de sus tenencias.
Para Economía, eso significaría despejar vencimientos por casi $ 500.00 millones, cifra a la que se sumaría al menos una parte del volumen de bonos en poder de los FCI y también de las compañías de seguro, que concentran unos $400.000 millones, siempre en títulos que vencen durante la primera mitad de año.
Se da por descontada, además, la participación masiva de los organismos del Estado, principalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el Banco Central y los bancos públicos, además de otras empresas del Estado y hasta municipios a los que se les ha colocado en los últimos meses deuda del Tesoro nacional. De acuerdo a diferentes cálculos privados, la tenencia conjunta garantiza un piso de 52% de participación en el canje aunque algunos analistas privados llevan ese cálculo hasta 62% del total de la deuda.
En cualquier caso, contar con la aceptación de los acreedores privados resulta clave, ya que el volumen de vencimientos es muy alto y las presiones sobre el mercado cambiario serían extremadamente fuertes si no se logra también entre ellos un nivel de adhesión aceptable.
De ahí los esfuerzos del ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo para despejar el horizonte en pleno año electoral, que no se terminarían con esta operación. De hecho, el segundo semestre se inicia con compromisos de pago en julio que superan $1,5 billones. Sin embargo, una vez cerrado el primer canje, en el mercado vislumbran que el camino quedará allanado. “La verdad es que, más allá de la cuestión política, el mercado hoy tiene precios que indican que no temen un evento disruptivo”, aseguró un experimentado trader.
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