La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó este miércoles un informe en el que sostiene que la presión tributaria en el país es la más alta del mundo sobre el sector formal de la economía. El reclamo renovado sobre la carga impositiva que encarnará la central fabril buscará apoyo entre los frentes políticos que se presenten a elecciones presidenciales este año y en la entidad prevén tener reuniones con los economistas de todos los candidatos.
Coincidente con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y por ende de la actividad parlamentaria anual, la UIA decidió dar a conocer los resultados de un estudio realizado por sus técnicos, a los que encargó diseñar una medición que pueda reflejar cuál es la presión tributaria que tienen las empresas argentinas.
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Su conclusión fue que al medir el peso de los impuestos en relación al PBI, la Argentina se encuentra en el décimo puesto en un muestreo que incluye a los países de la OCDE, a los de la región y a otras tres economías que no forman parte de ese foro pero con relación comercial con el país, como España, Países Bajos y Suiza. En ese primer ranking, el país con mayor presión tributaria sería Francia (45,4%), seguido de Italia, Países Bajos y Alemania.

En los equipos técnicos de la central fabril consideraron que esa métrica resulta inexacta ya que presupone un nivel de formalidad de la economía total. Por eso, incluyeron en la ecuación el factor de informalidad -en este caso, laboral, como número aproximado- para todos los países de ese relevamiento. Para la Argentina, de acuerdo a la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es cercano al 35 por ciento.
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Con ese elemento agregado a la cuenta los resultados que midió el Departamento de Política Tributaria que encabeza Carlos Abeledo y el Centro de Estudios de la Unión Industrial (CEU), la Argentina sube hasta el primer lugar, con un 50,7 por ciento. El podio de ese muestro lo completarían Brasil (49,4%) y Colombia (47,7%), mencionaron.
También incluyeron un análisis por impuesto. Para el trabajo tomaron en consideración siete tributos: cuatro nacionales (IVA, Ganancias para personas jurídicas, impuesto al cheque y Bienes Personales), provinciales (Ingresos Brutos y sellos) y municipales (tasa por inspección de seguridad e higiene). Para Ganancias para sociedades el trabajo de la UIA pone a la Argentina al tope del escalafón con 35%, seguido por Brasil y Venezuela (34%) y Colombia (31%).
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En IVA, por su parte, la Argentina (21% junto a Países Bajos y España) quedó por debajo de Brasil (29,75%), Uruguay e Italia (22%). Quedó en segundo lugar para débitos y créditos (0,6% contra 2% de alícuota de Venezuela). En Bienes Personales no fue el primer país del ranking al considerar la tasa (2,25% contra 3,5% de España o 2,4% de Bolivia) aunque la base imponible argentina arranca en los 60 mil dólares y sobre el patrimonio bruto, a diferencia de los otros dos países en que se toma el neto y con un mínimo de 800 mil o 4,5 millones de dólares, respectivamente.

Tras ese diagnóstico, la plana mayor de la UIA buscará reinstalar en medio del contexto de campaña presidencial de los próximos meses la discusión sobre la carga tributaria y cómo reducirla. Para eso, prevé tener reuniones con equipos técnicos de todos los frentes políticos en lo sucesivo para plantear la queja y una serie de propuestas.
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“Estamos en contacto con los equipos técnicos, no para ver quién gana sino en qué medida hay una idea de proyecto industrial y productivo en ese marco. Hay una percepción de que nadie sufre el concreto peso de la carga impositiva, nadie lo ve desde el punto de vista del consumidor. Es algo que inhibe al consumo y también a la competitividad”, dijo el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja en conferencia de prensa.
“La informalidad es un cáncer para la sociedad. Hay que revertirlo, no con inspectores sino generando condiciones. Creando un entorno favorable para la creación de empleo, con estabilidad de las reglas del juego y separación de poderes”, continuó.
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Abeledo, por su parte, reconoció que no hay condiciones para “pedir una reducción de impuestos que baje la recaudación”. “Es para discutir si el gasto es mucho o poco, pero existe y hay que pagarlo”, mencionó el técnico de la UIA.
Como propuestas, la Unión Industrial pedirá “reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas y adecuar ciertos aspectos de la normativa que tendrían un impacto positivo en el sector productivo. Se identificaron reformas necesarias en varias normativas y mecanismos más ágiles que requieren de compromiso Nación-provincias”.
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En paralelo, reclamarán medidas de incentivo fiscal para el sector privado, en un listado que incluye amortización acelerada de las inversiones, doble amortización de inversiones 4.0, deducción de intereses sobre el capital propio utilizado en las inversiones, deducción de exportaciones por el 10% del incremental en valor FOB, aplicación efectiva de la deducción de inversiones en emprendimientos, libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA, incluir gastos de comercialización en reintegro de IVA a productores de bienes de capital. Y como incentivos económicos, el acceso a divisas para el repago de la inversión y como incentivo a exportaciones.
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