Cada día hábil que transcurre en el mercado de cambios, el Gobierno se aleja un paso más de la posibilidad de cumplir la meta de acumulación de reservas que le exige, al menos por ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario. Tras desprenderse de USD 190 millones el mes pasado, el Banco Central perdió en lo que va del mes otros USD 900 millones y el objetivo que debería alcanzarse a fines de marzo luce lejano.
Para ese momento, el acuerdo indica que las reservas netas del BCRA deberían ascender a unos USD 7.700 millones. Esa cifra implica que la autoridad debería reunir unos USD 4.000 millones en poco más de un mes, para alcanzar el objetivo de acumulación que impuso el FMI tras la última revisión de USD 5.500 millones respecto del stock existente a diciembre de 2021.
Se sabe, las posibilidades siquiera de acercarse a esa cifra son exiguas, en el contexto de un ingreso de dólares pasmado por la fuerte sequía y con un margen acotado para anticipar la implementación del dólar soja 3, una medida que disgusta en la sede del FMI, según el propio organismo hizo saber en su último informe a fines de diciembre.
De ahí que el viaje que emprendieron anoche un grupo encabezado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, a Washington para entablar una nueva negociación con el Fondo resulta vital. El objetivo de máxima de los funcionarios es lograr una flexibilización de esa meta. El argumento central que llevan bajo el brazo es, precisamente, el impacto mayor al previsto inicialmente en las cuentas públicas de las condiciones climáticas adversas, sobre las que los propios técnicos del Fondo ya advirtieron en su último informe.
Las chances de éxito en esa negociación son inciertas ya que, en ese mismo informe, desde el FMI sugirieron un “endurecimiento de las políticas” fiscales y monetarias en curso.
El equipo económico apunta a evitar pedir un perdón, o un waiver en la jerga del Fondo, por no cumplir la meta. Pero, en caso de tener que pedirlo, necesita asegurar que el desvío sea el menor posible. En ese sentido, serán clave los USD 5.400 millones que el FMI va a desembolsar al momento de aprobar las metas del último trimestre de 2022. De ese monto, tras cancelar los compromisos con el propio FMI, quedaría un remanente de al menos USD 1.500 millones, lo que reduciría el monto a acumular por otras vías a unos USD 2.500 millones.
Para obtener al menos parte de esos fondos, Massa dejó trascender las negociaciones con distintos bancos internacionales por un préstamo por al menos USD 1.000 millones a dos años de plazo para fortalecer las reservas, que podría anunciarse en las próximas semanas aunque esas tratativas tampoco parecen sencillas.
Desde que empezó el año, de acuerdo a las proyecciones de Aurum Valores compartidas por otros analistas del mercado, la entidad perdió la mitad de las reservas acumuladas hacia fin del año pasado gracias a la implementación del dólar soja. En ese momento, según el vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, las reservas internacionales netas (RIN) totalizaron USD 7.750 millones.
La entidad monetaria tuvo que desprenderse de la mitad de esa cifra entre pagos de deuda a los organismos internacionales –esencialmente al propio FMI– y a acreedores privados, más las intervenciones en el mercado de cambios con saldo negativo.
La situación ocupará un espacio central en las discusiones que se llevarán a cabo en Washington. Si bien formalmente la agenda indica que la discusión se basa en la aprobación de las metas del año pasado para garantizar el desembolso, el equipo económico descarta dificultades en ese plano.
Por el contrario, el nudo más difícil de desatar en las tratativas será la fijación de nuevos objetivos para este año, no sólo para la acumulación de reservas sino también en el plano fiscal. Ocurre que para este año, la meta de déficit primario baja del 2,4% al 1,9%, un objetivo complejo de alcanzar con recursos tributarios también golpeados por la sequía, que reduce el ingreso por retenciones. Eso, en el contexto de un enfriamiento económico que empieza a afectar la recaudación, con el marco siempre tenso en materia de gasto público de un año electoral.
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