Deuda pública: cuáles fueron los principales impulsores en 2022 del récord de USD 436.000 millones

Así cómo el nivel de la inflación refleja la temperatura de la economía, el aumento de la deuda pública da cuenta del constante deterioro de las finanzas del Estado, en particular cuando ocurre pese a la creciente presión tributaria y el exagerado uso de la emisión como una de las fuentes indeseables de financiamiento del gobierno.

A lo largo de 2022 se registraron emisiones brutas de deuda (colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos) por el equivalente a USD 164.399 millones, y cancelaciones de capital (amortizaciones y otras bajas) por el equivalente a USD 117.375 millones, según informó la Secretaría de Finanzas de la Nación.

De ahí resultó un aumento de la deuda pública de la Administración Central equivalente a USD 47.023 millones, similar al crédito que del FMI recibió el gobierno de Mauricio Macri en 2018, y algo mayor al que renovó el presidente Alberto Fernández, en marzo de 2022, con plazos de pago más extendido.

Pero adicionalmente, se agregaron el último año USD 10.949 millones por la vía de los instrumentos de regulación monetaria del Banco Central (Leliq y Pases Netos) que están llamados a que en el futuro se transformen en Letras y Títulos de la Tesorería a mediano y largo plazo, y licuaciones por diferencias de cambio que posibilitaron un “ahorro” equivalente a USD 13.717 millones.

Esos movimientos determinaron que la variación neta de la deuda de la Administración Central con el BCRA a través de Adelantos Transitorios -tiene como contrapartida el aumento del activo de la entidad monetaria-, más la acumulada por la entidad que preside Miguel Pesce con el sistema bancario, resultara expansiva en el último año en el equivalente a USD 49.635 millones, pasó de USD 386.447 millones a USD 436.082 millones.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio cuenta que en el último año del endeudamiento bruto total de 2022, cerca de 68% se realizó con autorizaciones incluidas en la Ley 27.591 de Presupuesto prorrogada y sus modificatorias: 20% fueron colocaciones de títulos con vencimiento en 2022 y 48% fueron emisiones de instrumentos con vencimiento posterior.

Adicionalmente, resalta la OPC los principales componentes de la deuda de la Administración Central:

USD 23.503 millones (14% del total) corresponde al préstamo EFF del FMI, bajo la autorización de la Ley 27.668 del Programa de Facilidades Extendidas del FMI;

USD 17.159 millones (11%) fueron colocaciones brutas de Adelantos Transitorios del BCRA, las cuales no requieren autorización anual por Ley de Presupuesto, sino que los límites están definidos en la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA;

USD 4.952 millones (3%) fueron desembolsos de organismos financieros internacionales de los que Argentina es miembro. Este endeudamiento se realizó bajo la excepción prevista en el Artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera;

USD 3.943 millones (2%) fueron emisiones de Letras del Tesoro en dólares suscriptas por el BCRA, bajo las autorizaciones de los DNU 576/2022 y DNU 787/2022 en el marco de los programas de incentivo a la liquidación de exportaciones de soja;

USD 1.033 millones (0,6%) fueron emisiones de pagaré CUT (Cuenta Única de la Tesorería) a 90 días de plazo colocados a organismos dentro de la Administración Nacional, con autorización del DNU 829/2022;

USD 1.453 millones (0,9%) fue financiamiento proveniente del uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), con autorización de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto;

USD 892 millones (1%) fueron desembolsos correspondientes a préstamos en ejecución y con garantía de la Administración Central que se habían autorizado en leyes de presupuesto anteriores, bonos por canjes de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo legislación argentina que quedaron remanentes de la reestructuración completada en septiembre de 2020, bajo autorización de la Ley 27.556, y otros títulos públicos emitidos bajo autorización del DNU 622/2021 y DNU 809/2021.

Operatoria a lo largo del año

En 2022 se llevaron a cabo 29 licitaciones de títulos públicos, mediante las cuales se colocaron distintos instrumentos por un total de VE $11,7 billones y un plazo promedio de 396 días. Las suscripciones en pesos sumaron en valor efectivo (VE) $7,7 billones, mientras que en siete de las licitaciones también se suscribieron títulos en especie (canjes) por un total de VE $4 billones.

Por otra parte, estimó la OPC que “la asistencia neta al Tesoro por parte del BCRA totalizó 1,5% del PBI en 2022, incluyendo el otorgamiento de Adelantos Transitorios y los fondos destinados a cubrir el diferencial del dólar soja que el Tesoro cubrió mediante la entrega de Letras Intransferibles.

El plazo promedio fue de 1.448 días para los títulos a tasa variable, 452 días para los títulos ajustables por CER, 406 días para los títulos USD linked, 338 días para los títulos en pesos a tasa fija y 336 días para los bonos duales.

Por otra parte, destaca la OPC que 2022 el Gobierno nacional concretó operaciones de crédito por aproximadamente USD 4.565 millones, a través de 9 convenios con el BID, 8 la CAF (Corporación Andina de Fomento), 4 del Banco Mundial, 2 del BEI, 2 de Fonplata y 1 del BCIE; 6 contratos de garantía por el equivalente a USD 783 millones (3 del BID, 2 de la CAF y 1 del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe) y 2 de línea de crédito por USD 1.215 millones (de la Agencia Francesa de Desarrollo y el BID).

Aclaró la ONG que “la aprobación de los préstamos en general no implica la realización de desembolsos de forma inmediata, sino que éstos se suelen concretar escalonadamente durante varios años, de acuerdo con los avances de cada proyecto”.

Pago de intereses

Durante 2022 las cancelaciones de intereses alcanzaron un monto equivalente a USD 7.629 millones, de los cuales 53% se realizó en moneda extranjera. Los intereses de bonos representaron 60% del total, siendo 69% en moneda local. Los pagos a organismos multilaterales totalizaron USD 2.545 millones, de los cuales 68% (USD 1.721 millones) correspondieron a los préstamos del FMI.

Para 2023 se estiman pagos por USD 118.734 millones. Los vencimientos de títulos públicos en moneda nacional suman el equivalente a USD70.373 millones.

Se prevén vencimientos pagaderos en pesos por el equivalente de USD 80.892 millones (68% del total), incluyendo deuda ajustable por CER (21%), USD linked (4%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (22%), y en pesos sin ajuste (21%). Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera constituyen el 32% restante.

Claramente, al aumento del endeudamiento con organismos internacionales ante las limitaciones que ofrece el mercado voluntario en la Argentina, se agrega la persistencia de un elevado déficit fiscal, primario y financiero, el creciente rojo cuasifiscal que genera el Banco Central para absorber el exceso de pesos que provoca el financiamiento al Tesoro y también el control de cambios con paridades múltiples y desbalanceadas entre compra alto y venta a precios bajos, y la necesidad de apuntalar las reservas en divisas.

La consecuencia de ese cuadro, prácticamente se ha convertido en estructural en la Argentina, es la realimentación no sólo de las expectativas de aumento de la presión tributaria y de la inflación, sino también de consolidación de un estadio recesivo, al desalentar el resurgimiento de la inversión productiva, el empleo sin límite de tiempo y el comercio con el resto del mundo.

De ahí que se prevé que los factores que impulsaron el acelerado crecimiento de la deuda pública en 2022 se prevé se mantendrán en el corriente año: postergación de vencimientos de deuda emitida para cancelar sentencias judiciales en firmes a favor de jubilados, financiamiento del déficit fiscal, emisión de bonos para pagar parte de los intereses devengados, y acumulación del déficit cuasifiscal, por la elevada renta nominal que ofrecen los instrumentos de regulación monetaria por parte del Banco Central.

Semejante combo explica la persistencia de un índice de riesgo país en torno de los 2.000 puntos básicos, varias veces superior a los que registran los países socios del Mercosur, y la media mundial, en general, y las dificultades del Banco Central para acumular reservas propias de libre disponibilidad.

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